La modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado dominicano y sus proveedores, al transformar las contrataciones en una herramienta para el desarrollo económico, la competitividad y el fortalecimiento institucional, coincidieron representantes del sector industrial y del Gobierno.
El presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, advirtió que la normativa plantea desafíos para las empresas, al exigir mayores capacidades técnicas, administrativas y de cumplimiento para participar en los procesos de compras del Estado.
En ese sentido, señaló que la ampliación de los criterios de evaluación, las exigencias en sostenibilidad, el fortalecimiento de los controles más rigurosas obligan al sector productivo a elevar sus estándares de gestión.
El director general de Compras y Contrataciones (DGCP), Carlos Pimentel, reconoció que el aumento de la participación de proveedores, que ha crecido en un 42 % en los últimos años, también supone mayores exigencias operativas.
“No es lo mismo gestionar una licitación con diez ofertas que con cincuenta o con cientos. Esto exige mayores capacidades técnicas y gerenciales”, sostuvo.
Ambos coincidieron en que la Ley 47-25 responde a una necesidad de modernización del sistema de contrataciones.
Brache calificó la normativa como un “hito que redefine” la relación entre el sector público y sus proveedores bajo principios de transparencia, eficiencia y creación de valor para la sociedad, mientras que Pimentel aseguró que no se trata de una reforma cosmética, sino de “una nueva manera de cómo el Estado contrata”.
Uno de los puntos destacados por ambos es la incorporación del criterio de “valor por dinero”, que desplaza la lógica tradicional del menor precio. Desde la parte industrial, Brache explicó que este enfoque permite evaluar no solo el precio, sino también la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental de las ofertas, lo que abre oportunidades para una industria formal, innovadora y responsable.
Pimentel insistió que el Estado no está obligado a comprar lo más barato, sino lo que necesita con la calidad requerida y al precio más justo. “El valor no se limita al precio; incluye la calidad, la sostenibilidad y el impacto económico”, afirmó, al tiempo que llamó a desterrar la cultura del menor precio en las compras públicas.
En materia de transparencia y control, Brache valoró la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Contrataciones, al considerar que estos elementos aportan mayor previsibilidad, trazabilidad y seguridad jurídica, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la confianza empresarial.
Pimentel recordó que la ley busca corregir debilidades estructurales del sistema anterior, como la discrecionalidad, la baja planificación y la limitada participación de sectores productivos nacionales.
La inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de los productores locales fue otro punto de convergencia.
Brache destacó que estas disposiciones pueden fortalecer los encadenamientos productivos y diversificar la base industrial del país, mientras que Pimentel subrayó que la nueva ley eleva al 30 % la cuota del presupuesto de compras públicas destinada a mipymes y al 10 % para mipymes lideradas por mujeres, porcentajes que, según dijo, ya se están alcanzando antes de la entrada en vigor de la normativa.
Aunque reconoció los retos que implica la aplicación de la ley, Brache insistió en la necesidad de que su implementación esté acompañada de procesos de formación, orientación y diálogo permanente entre la DGCP y el sector productivo, y reiteró la disposición de la AIRD de colaborar en la elaboración de reglamentos y normas complementarias.
Por su parte, Pimentel enfatizó que las contrataciones públicas deben entenderse como un medio para un fin mayor: generar empleo, dinamizar la economía y producir bienestar.
“Las contrataciones dejan de ser un tema exclusivamente administrativo para convertirse en una herramienta estratégica del Estado”, afirmó.
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