El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley de Contrataciones Públicas constituye una reforma estructural largamente esperada, que marcará un antes y un después en la gestión del gasto público en la República Dominicana.
Castaños Guzmán destacó que la contratación pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional del país, ya que a través de este sistema el Estado canaliza una parte significativa del gasto público en sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación, turismo, energía, agricultura y telecomunicaciones.
El dirigente de FINJUS explicó que el nuevo marco normativo surge como respuesta a las limitaciones evidenciadas durante más de 18 años de aplicación de la Ley 340-06, la cual resultó insuficiente para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Entre sus debilidades mencionó la permisividad del fraccionamiento de procesos, la delegación irregular de competencias, la falta de autonomía del órgano rector y un régimen de consecuencias débil, factores que favorecieron prácticas discrecionales y distorsiones clientelistas.
La nueva legislación introduce reglas claras y modernas, alineadas con estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo. Entre sus principales beneficios se destacan la prohibición del fraccionamiento de contratos, la delimitación precisa de las modalidades de contratación y la regulación rigurosa de las declaratorias de urgencia y emergencia, eliminando ambigüedades que históricamente han servido como vía para la discrecionalidad.
Asimismo, fortalece el rol institucional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dotándola de mayores capacidades técnicas y de fiscalización, e incorpora mecanismos de control interno, externo y social, incluyendo la participación de la ciudadanía organizada.
Un aspecto relevante de la nueva ley es la incorporación de políticas de inclusión y desarrollo productivo, con una reserva presupuestaria del 30 % para las MIPYMES, de la cual un 10 % está destinado a empresas lideradas por mujeres. Según Castaños Guzmán, esta medida promueve la equidad, fortalece el tejido productivo nacional y contribuye a un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.
La normativa también introduce herramientas modernas como los acuerdos marco para la adquisición eficiente de bienes y servicios de uso frecuente, lo que permitirá economías de escala, reducción de costos y mayor eficiencia administrativa.
Castaños Guzmán recordó que la FINJUS ha desempeñado un rol clave en este proceso, impulsando durante más de una década la reforma integral del sistema de compras y contrataciones públicas, con análisis técnicos, propuestas normativas y espacios de diálogo multisectorial.
“La nueva Ley de Contrataciones Públicas no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estratégica por un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo”, subrayó.
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