Desde este miércoles entra en vigencia la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, una normativa que endurece el régimen de incompatibilidades al prohibir de manera absoluta que los funcionarios públicos participen como proveedores del Estado, sin importar el porcentaje de acciones que posean en una empresa.
Con la entrada en vigor de esta legislación queda sin efecto el criterio establecido que permitía a los servidores públicos contratar con el Estado si su participación accionaria era igual o inferior al 10 %. A partir de ahora, cualquier nivel de vinculación empresarial coloca automáticamente al funcionario en un régimen de incompatibilidad total.
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