La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan reconoció como un avance significativo la orden del presidente Luis Abinader de detener de inmediato todas las actividades del Proyecto Romero, pero dejó claro que esa medida no cierra el conflicto. Para el gremio magisterial, la única salida definitiva es que el Gobierno declare la Cordillera Central como área protegida en su totalidad, sin excepciones.
"La Cordillera Central no es simplemente una zona geográfica; es el corazón ecológico de nuestro país. Es biodiversidad, es agua y es vida para las generaciones presentes y futuras", afirmó la profesora Carolin Piña, dirigente de la ADP en la provincia, en declaraciones emitidas tras conocerse la decisión presidencial.
Una victoria a medias
La paralización del Proyecto Romero —ordenada el pasado 4 de mayo, horas después de una multitudinaria marcha en San Juan de la Maguana— fue celebrada en las calles como un triunfo del movimiento socioambiental que durante años resistió la presión de la empresa canadiense GoldQuest Mining, promotora del proyecto de extracción de oro y cobre en la zona.
Pero Piña fue enfática: las comunidades no están luchando por una pausa, sino por una garantía permanente. "No a la minería en San Juan, sí al agua y sí a la vida", resumió la dirigente, citando la consigna que se repitió en cada jornada de protesta.
La Cordillera Central es la principal fuente hídrica del país, de ella dependen los ríos que abastecen a millones de dominicanos. Cualquier actividad minera en esa zona, advierten los ambientalistas, representa un riesgo directo para el suministro de agua potable y para los ecosistemas que sostienen la agricultura regional.
El trasfondo: años de lucha y descrédito
Piña recordó que quienes defendieron el territorio durante años enfrentaron campañas de descrédito, humillaciones y descalificaciones. "Miles de ciudadanos fueron señalados y cuestionados por defender el derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano", señaló.
La dirigente destacó que el movimiento logró articularse sin intereses particulares ni agendas políticas ocultas, algo que, a su juicio, le dio legitimidad y fuerza frente a los sectores que respaldaban el proyecto. "En cada marcha y en cada voz levantada quedó claro un mensaje que hoy retumba en todo el país", afirmó.
La decisión de Abinader llegó en un momento de alta tensión política. El rechazo al Proyecto Romero había trascendido las fronteras provinciales y se había convertido en un debate nacional sobre los límites de la actividad minera en zonas de alta sensibilidad ambiental. El CONEP y la Cámara Minera (CAMIPE) habían salido a defender el proyecto días antes, argumentando que su paralización afectaba la seguridad jurídica para los inversores.
La exigencia que queda sobre la mesa
Con la paralización decretada, el foco se traslada ahora a lo que viene. La ADP y otras organizaciones comunitarias exigen que el Gobierno y las autoridades ambientales den el paso siguiente: declarar la Cordillera Central como área protegida de manera formal y definitiva, lo que blindaría legalmente la zona frente a cualquier intento futuro de explotación minera.
Esa declaratoria requeriría un proceso legislativo o un decreto ejecutivo con respaldo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, y enfrenta la resistencia del sector empresarial, que considera que una protección total de la cordillera cerraría la puerta a proyectos que, según argumentan, podrían desarrollarse con estándares ambientales rigurosos.
La pregunta que queda abierta es si Abinader, que frenó el proyecto bajo presión popular, dará también ese segundo paso o si la paralización será solo un compás de espera antes de reabrir el debate.
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