La demolición del antiguo edificio del Casino del Sur/CURSO-UASD en Barahona no representa solamente la desaparición de una estructura física. Con ella también se derrumba una parte importante de la memoria histórica, cultural y educativa de toda la región Sur del país.
Y lo más doloroso es que no valieron las protestas, advertencias y propuestas realizadas durante años por organizaciones civiles, culturales y comunitarias que intentaron evitar este desenlace.
La demolición fue ejecutada sin un proceso amplio de consulta pública y sin que la ciudadanía conociera claramente qué proyecto sustituirá este espacio cargado de historia y significado colectivo. Una decisión de esta magnitud debió ser discutida con la comunidad barahonera, porque los pueblos tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su identidad y su patrimonio.
El Casino del Sur fue durante décadas uno de los principales centros sociales y culturales de Barahona y de toda la región Enriquillo. Más adelante, el edificio adquirió un valor aún más trascendente al convertirse en sede del Centro Universitario Regional del Suroeste (CURSO) de la UASD, donde se formaron miles de profesionales que hoy constituyen parte esencial del capital humano del Sur dominicano.
Precisamente por su importancia histórica, arquitectónica y educativa, diversas organizaciones venían proponiendo desde hace años la remodelación y reconversión del inmueble en un gran centro regional de Bellas Artes y cultura, con espacios dedicados al teatro, la música, la danza y las artes visuales. Aquella propuesta representaba una visión de desarrollo cultural y humano para Barahona y toda la región. Sin embargo, nuevamente prevaleció la costumbre de decidir desde arriba, sin escuchar a las comunidades.
Diversos especialistas y estudiosos del patrimonio moderno dominicano han señalado además que el edificio puede ser atribuido al arquitecto Henri Gazon Bona, figura importante de la arquitectura nacional de mediados del siglo XX. La edificación fue inaugurada en 1942, el mismo año del desaparecido Hotel Jaragua, lo que aumenta aún más su valor histórico y arquitectónico dentro del proceso de modernización urbana y cultural de la República Dominicana.
Hoy solo quedan escombros. Pero entre esos escombros también queda una dolorosa sensación de abandono, silencio e indiferencia oficial.
En ese sentido, el capítulo dominicano de DoCoMoMo —organización internacional dedicada a la documentación y conservación del patrimonio arquitectónico moderno— ha manifestado su total desacuerdo con esta nueva pérdida del patrimonio moderno dominicano, considerando que el país continúa destruyendo edificaciones fundamentales de su memoria arquitectónica sin políticas eficaces de preservación y rescate.
Pero lo ocurrido también obliga a cuestionar con firmeza el papel de las instituciones responsables de proteger el patrimonio cultural nacional. ¿Dónde estuvieron tantos viceministros, directores, asesores y funcionarios del Ministerio de Cultura mientras se preparaba y ejecutaba esta demolición? ¿Dónde estuvieron los organismos encargados de velar por la preservación histórica y arquitectónica del país? ¿Por qué guardaron silencio? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no alertaron a la nación sobre la destrucción de un edificio cargado de memoria, historia y significado colectivo?
No basta con inaugurar actividades culturales, pronunciar discursos, promocionarse en las redes, celebrar fechas patrias mientras, al mismo tiempo, desaparecen ante la indiferencia oficial espacios fundamentales de nuestra memoria histórica.
También debemos recordar que la arquitectura es una de las siete Bellas Artes. No se trata únicamente de levantar edificaciones funcionales, sino de crear espacios habitables con valor estético, histórico, urbano y humano. Cada edificio patrimonial contiene una narrativa cultural y emocional de su tiempo.
Este hecho lamentable deja mucho que desear en relación con la valoración y protección de la arquitectura de valor histórico y cultural en nuestro país. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, debió intervenir oportunamente para impedir la desaparición de una edificación cargada de memoria histórica y significado cultural para Barahona y toda la región Sur.
El país necesita instituciones culturales más activas, vigilantes y comprometidas con la defensa real del patrimonio nacional. No puede seguir ocurriendo que edificios históricos sean demolidos sin estudios públicos, sin consultas ciudadanas y sin una reacción firme de quienes tienen la responsabilidad legal y moral de protegerlos.
La defensa del patrimonio no significa oponerse al desarrollo. Por el contrario, las sociedades modernas rescatan y convierten sus edificaciones históricas en centros culturales, museos, bibliotecas y espacios vivos para las nuevas generaciones. Aquí, lamentablemente, todavía persiste la cultura de la demolición, el abandono y el olvido.
Urge fortalecer las políticas públicas de preservación patrimonial, crear inventarios actualizados de edificaciones históricas y establecer consultas obligatorias antes de intervenir inmuebles de valor cultural o educativo. También resulta indispensable una gran alianza entre el Estado, universidades, ayuntamientos, gestores culturales y organizaciones comunitarias para rescatar espacios patrimoniales y convertirlos en centros vivos para la educación, las artes y el turismo cultural.
La desaparición del Casino del Sur/CURSO-UASD deja una profunda herida en la conciencia de Barahona. Bajo esos techos y entre esas paredes vivieron sueños, recuerdos, encuentros culturales, celebraciones y generaciones enteras de estudiantes que encontraron allí una oportunidad para transformar sus vidas.
Hoy solo quedan escombros. Pero entre esos escombros también queda una dolorosa sensación de abandono, silencio e indiferencia oficial.
Y quizás lo más triste no sea solamente la pérdida del edificio, sino comprobar que un país que no protege su memoria termina poco a poco perdiendo también su alma.
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