La descentralización educativa olvidó la pedagogía

En ocasiones, las instituciones hablan tanto por lo que hacen como por aquello que deshacen.

En 2024, una reforma a la estructura organizativa del Ministerio de Educación eliminó el Viceministerio de Descentralización y Participación, redistribuyendo sus funciones entre otras dependencias. Aquella nefasta decisión, tomada sin sustento en la evidencia científica, pasó casi inadvertida para la opinión pública, pese a que suponía la desaparición de una instancia concebida para liderar uno de los principios más importantes de la Ley General de Educación: la descentralización del sistema educativo.

Dos años después, una nueva resolución administrativa restablece ese mismo Viceministerio. El hecho merece ser recibido con satisfacción, porque devuelve a la descentralización el rango institucional que históricamente le correspondió. Sin embargo, también invita a formular una pregunta inevitable: ¿comprendemos realmente qué significa descentralizar la educación?

Porque el verdadero debate nunca debió reducirse a la existencia o ausencia de un viceministerio. El desafío ha sido, y continúa siendo, comprender la naturaleza misma de la descentralización educativa.

Últimamente se ha confundido descentralización con administración. Usualmente cuando hablan de descentralización, suelen pensar en juntas descentralizadas, apertura de cuentas bancarias, transferencias de recursos, legalizaciones, rendiciones de cuentas, auditorías y procesos administrativos. Todo ello es indispensable. Nadie podría negar la importancia de garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Pero nada de eso constituye, por sí solo, la descentralización educativa. Es apenas la infraestructura administrativa que la hace posible.

La descentralización nació como una filosofía de gestión democrática de la educación. Su propósito nunca fue únicamente transferir fondos desde el nivel central hacia las escuelas, sino acercar las decisiones educativas a los territorios, fortalecer la autonomía responsable de los centros, promover la participación de las familias y las comunidades, y hacer que las soluciones respondieran a las realidades particulares de cada contexto.

En otras palabras, descentralizar no consiste únicamente en mover recursos; consiste, sobre todo, en mover el poder de decidir. Y esa diferencia no es menor.

El verdadero debate nunca debió reducirse a la existencia o ausencia de un viceministerio. El desafío ha sido, y continúa siendo, comprender la naturaleza misma de la descentralización educativa.

Resulta paradójico que mientras el MINERD ha tenido la intención de crear importantes mecanismos administrativos, efectivos o no, para el funcionamiento de las Juntas Descentralizadas, otros componentes esenciales de la política de descentralización hayan ido perdiendo protagonismo.

Las propias normativas que dieron origen a este modelo establecieron la creación de los Comités de Calidad Educativa como espacios destinados a analizar los procesos pedagógicos, planificar mejoras, evaluar resultados y promover la participación de toda la comunidad educativa. Sin embargo, con el paso de los años, estos organismos parecen haber quedado relegados frente a la creciente prioridad otorgada a las tareas administrativas.

No debería sorprendernos entonces que, cuando se habla de descentralización, muchos piensen únicamente en expedientes, formularios, conciliaciones bancarias o procesos de fiscalización.

La descentralización terminó administrando recursos, cuando su verdadera misión era transformar escuelas. Esa transformación exige mucho más que procedimientos financieros. Exige liderazgo pedagógico y acompañamiento técnico.

Exige fortalecer la capacidad de los centros educativos para interpretar sus propios resultados, construir proyectos de mejora, involucrar a las familias y convertir las decisiones presupuestarias en estrategias concretas para elevar la calidad de los aprendizajes.

Las trasferencias de fondos, por sí solas, no mejora una escuela. Lo hacen las decisiones que una comunidad educativa toma con esos recursos. Y para que esas decisiones produzcan mejores aprendizajes, se requiere pensamiento pedagógico.

Quizás allí radica una de las grandes deudas pendientes de nuestro modelo de descentralización. Con el paso del tiempo, las estructuras llamadas a liderarla han ido transformándose, de manera casi silenciosa, en instancias predominantemente administrativas. Cada vez resulta más difícil identificar equipos técnicos dedicados a pensar la descentralización desde la gestión educativa, el liderazgo escolar, la participación comunitaria o la innovación pedagógica.

Administrar es una función necesaria. Pero administrar nunca puede convertirse en el propósito de la descentralización.

Llama mi atención poderosamente que el equipo técnico del Viceministerio de Descentralización Educativa estuvo compuesto, en sus orígenes y cada vez menos, de educadores formados que con su mirada pedagógica deben dar sentido educativo a la descentralización, sin embargo, cada vez más limitan a esos profesionales técnicos a tareas administrativas y de gestión; esa es una realidad que debe cambiar.

El reciente restablecimiento del Viceministerio de Descentralización y Participación representa, sin duda, una oportunidad para recuperar esa visión integral. La nueva estructura le devuelve la responsabilidad de conducir la estrategia nacional de descentralización, coordinar territorialmente el sistema educativo y fortalecer la participación comunitaria.

La pregunta ahora es qué tipo de Viceministerio se quiere construir. ¿Uno dedicado únicamente a supervisar juntas, cuentas bancarias y procedimientos? ¿O uno capaz de convertirse en el gran articulador entre las políticas nacionales y la realidad cotidiana de las escuelas?

La respuesta definirá buena parte del futuro de la educación dominicana.

En un país que ha realizado uno de los mayores esfuerzos fiscales de su historia al destinar el 4 % del PIB a la educación, quizás ha llegado el momento de ampliar la conversación. No basta con preguntarnos cuánto dinero llega a las escuelas; debemos preguntarnos qué está ocurriendo con ese dinero una vez cruza las puertas de los centros educativos. ¿Está fortaleciendo los aprendizajes? ¿Está promoviendo innovación pedagógica? ¿Está empoderando a las comunidades educativas para construir soluciones propias?

La descentralización no debería medirse únicamente por el número de juntas regularizadas ni por la cantidad de recursos transferidos. Su verdadero éxito se reflejará cuando cada escuela disponga de la capacidad técnica, pedagógica y comunitaria para tomar mejores decisiones en favor de sus estudiantes.

Celebrar el regreso del Viceministerio es legítimo. Pero sería un error creer que con ello la tarea está concluida. La descentralización educativa no necesita únicamente un lugar en el organigrama del Ministerio de Educación. Necesita recuperar su alma pedagógica, porque descentralizar la educación nunca ha sido simplemente distribuir funciones.

Ha sido, desde su origen, una apuesta por democratizar el aprendizaje, fortalecer la escuela como espacio de transformación social y reconocer que la calidad educativa también se construye desde los territorios, las comunidades y las aulas.

En el pasado, el educador Luis De León impulsó campañas nacionales con el lema: “Es hora de descentralizar la educación”. Hoy, más que nunca, esta consigna mantiene su vigencia. Fortalecer la descentralización educativa no es una opción secundaria, sino una prioridad estructural; porque no se trata solo de distribuir funciones, sino de construir una educación más justa, contextualizada y humana.