La crisis política abierta en Paraguay con la renuncia este jueves del presidente Santiago Peña por el escándalo en torno a la intervención de uno de los principales bancos del país vivió un capítulo inesperado cuando el Congreso decidió no aceptarla.
Pese a ser rivales de Peña, los congresistas opositores votaron en contra de aceptar su renuncia. La decisión final sobre este punto quedó congelada por falta de quorum, después de que algunos legisladores abandonaran la sesión antes de votar.
Un grupo de senadores de la oposición y del propio partido de Peña, el Partido Colorado, impulsó en cambio un procedimiento de juicio político para destituirlo.
En una jornada en la que se produjeron enfrentamientos en los exteriores del Congreso y en medio de rumores sobre una posible salida del país, Peña anunció en un mensaje en X su intención de presentarse en el juicio y ejercer su defensa.
"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", indicó Peña.
Poco después, el vocero presidencial, Guillermo Grance, aseguró que Peña se encontraba en su residencia.
Por qué renunció Peña
Peña presentó su renuncia este jueves en medio del escándalo en torno a Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, que fue intervenido el martes por el Banco Central de Paraguay tras haberse detectado que no alcanzaba los mínimos legales de solvencia.
Cerca de tres millones de clientes se quedaron sin acceso a su dinero y las protestas en la calle no se hicieron esperar.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.
El presidente, que asumió el cargo en agosto de 2023, expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados.
Peña era accionista del grupo propietario de la entidad hasta el año pasado.
Hacia el juicio político
Poco después de que presentara su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó la apertura de un juicio político a Peña con los votos de los representantes de su propio partido, una decisión que ratificó por la tarde el Senado en una accidentada votación que se vio interrumpida cuando los representantes del oficialismo la abandonaron.
La mayoría de los representantes de la oposición votaron en contra de aceptar la renuncia de Peña, una decisión que puede parecer paradójica a primera vista, pero se explica por los procedimientos que prevén las leyes paraguayas.
La decisión del Senado tendrá consecuencias directas sobre la situación política y judicial de Santiago Peña.
Si el Congreso hubiera aceptado su renuncia, Peña se habría convertido automáticamente en senador vitalicio y disfrutaría, por tanto, de un fuero que dificultaría la persecución penal iniciada por la Fiscalía.
Despojarle del fuero requeriría del voto de una mayoría parlamentaria.
Al optar por la continuidad del juicio político, el Congreso facilita que Peña sea eventualmente acusado por sus presuntas responsabilidades en el caso Ueno Bank.
En este escenario, Peña podrá quedar expuesto a un posible procesamiento penal sin que sea necesario iniciar un procedimiento de desafuero por su condición de senador vitalicio.
Así, la decisión de los senadores no solo definirá el desenlace de la crisis política, sino que también marca el horizonte jurídico que enfrentará el mandatario tras dejar la Presidencia.
Abandonado por su partido
Según le explicó a BBC Mundo el historiador y analista político paraguayo Fabián Chamorro, "lo que Peña lograba al renunciar era mantener sus fueros, ya que automáticamente se convertía en senador vitalicio".
Pero, precisó Chamorro, Peña "perdió todas las posibilidades cuando su propio partido anunció que apoyaría el pedido de juicio político".
El expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y mentor político de Peña, anunció su apoyo a la iniciativa, dejando al mandatario cada vez más aislado.
Representantes de la oposición criticaron a los oficialistas que pidieron aceptar la renuncia de Peña.
"Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio. Asuman ustedes esa conciencia, porque yo jamás voy a aceptar esa renuncia", dijo la senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional.
El diputado Raúl Benítez, del partido Central, dijo a los partidarios de aceptar la renuncia: "Se están equivocando. Dicen que estas acciones son para que no haya violencia, pero en realidad la violencia vino desde las instituciones que no protegieron a la gente, que no cuidaron la plata de los ahorristas. Lo que corresponde es que siga el juicio político. Necesitamos saber dónde está la plata", sentenció.
Por su parte, el diputado colorado Rodrigo Gamarra manifestó que aceptar la renuncia no significaba aceptar ni blanquear los actos de Peña en el caso.
"Es para decidir si queremos que esto tenga un corte definitivo, que las instituciones funcionen y que la gente recupere su dinero", subrayó.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de una investigación penal por el papel de Peña en la crisis de Ueno Bank.
El caso Ueno
La crisis estalló esta semana con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes.
El Banco Central, encargado de supervisar los bancos del país, tomó el control de la entidad tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
El cierre paralizó la aplicación, las tarjetas y las transferencias del banco, mientras los clientes acudían a las sucursales en busca de respuestas.
Entre los afectados figuran unos 32.000 jubilados que cobran sus pensiones a través de Ueno.
El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que trasladaría sus cuentas a otra entidad para mantener los pagos.
Además de los depósitos particulares, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos.
En la entidad también había inversiones del sistema de pensiones y recursos de instituciones como la empresa estatal de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.
Los diputados que aprobaron el juicio político acusan a Peña de utilizar su cargo para favorecer a un banco con el que mantenía vínculos económicos.
Sostienen que antepuso intereses privados a sus responsabilidades como presidente, lo que constituiría un "mal desempeño" de sus funciones.
Uno de los principales cuestionamientos fue que conservó acciones en el grupo propietario de Ueno después de asumir la presidencia en 2023.
Para los acusadores, esa participación generaba un conflicto de intereses: el mandatario debía velar por el interés público al tomar decisiones que, al mismo tiempo, podían beneficiar o perjudicar sus propios negocios.
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