Con el gobierno que prometió negociaciones con grupos armados para lograr la "paz total", los bombardeos mortales se intensifican en los últimos meses.
Analistas dicen que es un giro evidente en la estrategia del presidente colombiano, Gustavo Petro, para enfrentar a unas guerrillas que crecen en poder territorial y número de efectivos.
Pero el costo está siendo alto: 15 menores reclutados por grupos armados han muerto en distintos ataques desde el pasado agosto, según Medicina Legal.
Varios no superaban los 15 años.
"Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería ser afectado por operaciones militares", dijo la Defensoría del Pueblo tras un ataque reciente en el departamento del Guaviare contra disidencias de las Farc y en el que murieron siete menores.
Petro asegura que sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario, "incluso ante el tratamiento al menor combatiente", y cuestionó un llamado de Iris Marín Ortiz, la Defensora del Pueblo, para suspender los bombardeos con objetivos donde pueda haber menores.
"Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores", dijo Petro en X.
El mandatario dijo no haber conocido de antemano la presencia de menores en los objetivos bombardeados y pidió perdón: "Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia".
El fantasma del reclutamiento infantil regresa a Colombia justo cuando, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno implementa una estrategia de "zanahoria y garrote" contra los grupos armados ante la falta de resultados en su lucha por la paz.
Qué se sabe de los menores fallecidos
Según Medicina Legal, los últimos 15 menores fallecidos murieron en bombardeos en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca.
Son zonas con presencia del grupo disidente de las Farc, Estado Mayor Central (EMC), y la estructura liderada por alias "Iván Mordisco", al que expertos señalan por evidencias de reclutamiento infantil.
"Los grupos armados reclutan niños para reforzar sus filas en sus guerras de control territorial y han entendido cómo usarlos como anillos de seguridad, exponerlos y protegerse a ellos mismos", le explica a BBC Mundo la periodista e investigadora colombiana Juanita Vélez.
La práctica se realiza en Colombia desde hace décadas. Muchos de los niños provienen de zonas rurales vulnerables y con poca presencia estatal y son reclutados forzosamente a través de coerción y amenazas a sus familias.
"Los grupos ejercen una gobernaza armada en territorios en la que obligan a las familias a presentarles a sus hijos a cambio también de seguridad y servicios básicos", señala Arias.
Según reportes en prensa local, entre los fallecidos recientemente hay víctimas que apenas tenían 12 años y Medicina Legal reconoció tanto a niños y niñas en los cuerpos recibidos.
En el ataque en Guaviare del pasado 10 de noviembre murieron 19 guerrilleros, entre ellos siete menores, siendo el bombardeo más mortífero del gobierno de Petro.
Fue la operación que encendió las alarmas en la prensa colombiana y en organizaciones como la Defensoría del Pueblo o la ONU sobre el proceder del ejército colombiano.
Petro, quien en el pasado criticó la muerte de niños en bombardeos de otras administraciones, admitió que ha tomado decisiones "a riesgo", en respuesta al reclamo de la Defensoría de que "el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra".
Aunque el presidente alega no haber conocido de antemano la presencia de menores en los lugares atacados, Vélez se pregunta si hubo "un fallo en la inteligencia militar".
"Hay demasiada evidencia de menores reclutados, sobre todo en el EMC. Es bastante probable que en estos bombardeos caigan y sigan cayendo menores. Hay una contradicción entre un presidente que dijo que no usaría bombardeos y que ahora los defiende a pesar de los escándalos", analiza Vélez.
El giro radical de Petro
Petro llegó al poder en 2022 prometiendo una "paz total" en la que el diálogo se impondría a la mano dura.
Pero a menos de un año del fin de su gobierno, su política no cosecha los logros esperados y los grupos armados se han empoderado.
Cuando Petro nombró al militar Pedro Sánchez como ministro de Defensa a comienzos de 2025, en reemplazo del abogado Iván Velázquez, ya se especuló en distintos círculos de opinión sobre un cambio en la lucha contra la insurgencia.
Era el primer militar que ocupaba ese cargo en 34 años en Colombia.
Con el recrudecimiento de bombardeos, el giro de Petro parece confirmarse.
El año 2025 está siendo convulso en el país. La seguridad se ha colado de lleno en las conversaciones previas a las elecciones de 2026 con crisis de violencia en zonas como el Catatumbo o el Cauca, ataques coordinados contra la Fuerza Pública y el asesinato al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En este contexto, "el gobierno intenta cambiar su política, aunque carece de horizontes estratégicos para recuperar la legitimidad y el control territorial", opina Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago (EE.UU.).
"Estos bombardeos son uno de los escándalos más graves en materia de falta de planeación por parte de la fuerza pública. Lo veo como una salida afanada del gobierno para mostrar unos resultados que no se corresponden con su estrategia de 'paz total’", añade el experto.
Vélez tampoco ignora la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico en la región, que incluye un vasto despliegue militar en el Caribe y ataques contra presuntas embarcaciones narcos que han dejado decenas de muertes.
"El gobierno colombiano lo ha negado, pero siento que tienen una presión por mostrar resultados, por elecciones y la presión de EE.UU., de que esta es la administración que más duro combate el narcotráfico", expone la periodista.
Varias investigaciones apuntan a que el crecimiento y fortalecimiento de grupos como el EMC está relacionado con rentas provenientes de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico.
"Zanahoria y garrote"
Arias define la nueva estrategia de Petro como de "zanahoria y garrote".
Por un lado, mantiene las mesas de negociaciones, pero por otro arremete con fuerza para presionar a los insurgentes y avanzar en la paz.
"El alto número de bombardeos es un reconocimiento tácito de que lo anterior no sirvió", apunta Arias.
El experto cuestiona si este giro en seguridad es compatible con que mueran más menores.
"Hay que preguntarse si estos bombardeos se corresponden con el nuevo actuar de los grupos armados y si no hay otras alternativas. El costo político de los menores muertos es demasiado alto", analiza el experto.
En cualquier caso, concluye que no parece que el gobierno "haya sido lo suficientemente fuerte en sus argumentos y exigencias para avanzar en las negociaciones sobre el reclutamiento de menores de edad con los grupos armados".
Desde la pandemia, Mantilla dice que algunos datos indican que el reclutamiento forzado puede haber crecido hasta 1.200% y que las cifras están subestimadas.
Mientras, la Defensoría señala al EMC, objetivo frecuente de los ataques del ejército, como el principal reclutador identificado.
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