El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal en segunda instancia.
La defensa del político, de 73 años, había apelado la decisión de un juzgado de Bogotá en que la jueza Sandra Heredia lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria inmediata a comienzos de agosto, siendo el primer jefe de Estado colombiano en ser condenado penalmente.
El pasado 19 de agosto, el tribunal que ahora absuelve al mandatario ordenó su libertad, resolviendo "amparar el derecho fundamental a la libertad individual" mientras deliberaba su decisión.
En la lectura del fallo de este martes participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Merchán mencionó errores de metodología y sesgos en la primera sentencia.
Oviedo, por su parte, disintió y defendió que la sentencia de primera instancia debió confirmarse en su totalidad.
Tras la absolución, queda el recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia, organismo que resolverá un caso iniciado hace 13 años y que en este tiempo dividió a la opinión pública colombiana.
En primera instancia, Heredia determinó que Uribe ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, en el Congreso en 2012.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, insistía en su inocencia. Tanto él como su partido, Centro Democrático, y sus seguidores alegaron que la acusación y proceso tenían motivos políticos y cuestionaron la independencia judicial.
Tras la absolución, Uribe dijo en X "que la democracia colombiana se fortalece hoy, gracias a la justicia".
"Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia", reaccionó el presidente Gustavo Petro en X.
Qué pasa ahora
El fallo en segunda instancia pone apenas un fin temporal a esta saga.
Ahora la acusación tendrá la oportunidad de imponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
De no admitirlo, todavía faltaría un recurso de insistencia antes de mantener este último fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
De admitirlo, se abre la posibilidad de emitir una nueva sentencia.
El disentimiento de la magistrada Oviedo de la resolución leída este martes desprende que la conclusión del caso está abierta a otras interpretaciones.
Eso por el lado judicial.
En el político y la conversación pública, la absolución alimentará la teoría de aquellos críticos de Uribe y del sistema judicial colombiano que consideran que en el país hay figuras intocables.
Uribistas, por su parte, se reafirmarán en que el juicio al expresidente tenía tintes políticos y aprovecharán el tirón mediático de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
"Esta decisión confirma lo que millones de colombianos siempre supimos, que el expresidente Uribe ha sido víctima de una estrategia política para silenciar su liderazgo", reaccionó en X María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por Centro Democrático.
Ante la polarización, el expresidente Juan Manuel Santos, promotor del acuerdo de paz con las FARC en 2016 del que Uribe fue un duro crítico, dijo que la absolución del expresidente "debe ser recibida con respeto" y que "los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político".
Por qué fue absuelto Uribe
El Tribunal Superior de Bogotá desestimó los dos casos de fraude procesal y los tres de soborno en actuación penal que condenaro a Uribe en primera instancia.
El expresidente había sido culpado a fines de julio en calidad de determinador; es decir, por instigar a emisarios para que cometieran dichos delitos en su beneficio.
Su defensa apeló dicho fallo argumentando errores de hecho y de derecho, "apreciaciones notoriamente sesgadas" y "vicios insubsanables".
El fallo del tribunal este martes mencionó negligencias, incoherencias y fallas de la jueza Heredia al valorar pruebas sugestivas y débiles en la resolución de primera instancia.
En 2012, el senador Cepeda, apoyado en testimonios de paramilitares, acusó a Uribe en el Congreso de tener vínculos con el grupo armado Bloque Metro, fundado a fines de los años 90 en el departamento de Antioquia, de donde el exmandatario es originario.
El Bloque Metro fue una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciones paramilitares que se enfrentaron a las guerrillas izquierdistas y a las que se les atribuye la muerte de miles de civiles durante el conflicto interno colombiano.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, pero tras años de investigaciones, en 2018 esta instancia desestimó la denuncia contra Cepeda e inició una pesquisa contra Uribe por manipulación de testigos.
En el marco de la investigación, la Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había "riesgos de obstrucción a la justicia".
Uribe estuvo detenido durante 66 días y en ese tiempo renunció a su escaño como senador en el Congreso. Su caso pasó a la justicia ordinaria.
La Fiscalía pidió entonces el cierre del proceso por falta de pruebas, pero esas peticiones fueron negadas repetidamentes por los jueces, quienes consideraban que sí había indicios para investigar a Uribe.
Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en marzo de 2024, nominada para el cargo por el presidente Gustavo Petro, Uribe fue llamado a juicio nuevamente.
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