Hasta hace apenas unas semanas, Paraguay era considerado una de las economías más estables de Sudamérica. Pero la crisis desatada por la intervención de uno de los mayores bancos del país ha trascendido el ámbito financiero y amenaza ahora con arrastrar al propio presidente Santiago Peña.
Peña llegó a la presidencia en agosto de 2023 con la promesa de impulsar el crecimiento económico y preservar la estabilidad del país.
"Considero que la mejor política social que existe es el crecimiento económico sostenido", afirmó durante su discurso de investidura, en el que también prometió ofrecer a los paraguayos estabilidad y previsibilidad.
Apenas tres meses después, el 22 de noviembre de 2023, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la transformación de Financiera Ueno, hasta entonces una entidad financiera de tamaño menor, en un banco. La entidad comenzó a operar como Ueno Bank en diciembre de ese año.
La autorización se produjo cuando Carlos Carvallo Spalding ya estaba al frente del Banco Central, cargo que había asumido en septiembre de 2023 tras ser designado por Peña.
Pero dos antecedentes añaden interrogantes sobre los vínculos entre el poder político y Ueno Bank.
Carvallo había presidido Financiera Ueno desde marzo de 2022 hasta el 14 de agosto de 2023, apenas unas semanas antes de asumir la dirección del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
Peña, por su parte, había sido accionista de Ueno Holding, una sociedad en la que participaban, entre otros, el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.
El mandatario confirmó en abril de 2025 que había vendido su participación a finales de marzo de ese año, aunque insistió en que nunca había sido accionista directo del banco.
Estos vínculos, sumados a las circunstancias en las que se autorizó la transformación de Ueno en banco, han desencadenado una crisis política que ha provocado la renuncia de tanto Carvallo como de Peña.
Sin embargo, la polémica dio un giro inesperado cuando el Congreso paraguayo decidió este jueves no aceptar la renuncia del presidente.
Ahora se enfrenta a un juicio político en el Congreso.
Mariano Machado, analista principal para las Américas de la consultora de análisis de riesgos Verisk Maplecroft, considera que la renuncia de Peña no fue una concesión, sino un intento de controlar los términos de una salida que ya no podía evitar.
El analista le dijo a BBC Mundo que un juicio político le impediría a Peña convertirse en senador vitalicio, cargo que le otorgaría inmunidad parlamentaria, y lo dejaría expuesto directamente a una investigación penal.
La mañana del viernes, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político.
Sostuvo que un plazo inferior a 12 horas [el que le dieron para presentarse] resulta "insuficiente" para garantizar que el proceso "cumpla con los estándares de un Estado de derecho".
¿De qué lo acusan?
Al presidente Santiago Peña se le acusa principalmente de "mal desempeño de sus funciones" y de un presunto conflicto de intereses por sus vínculos empresariales con el conglomerado propietario de Ueno Bank.
La acusación por conflicto de intereses está relacionada con su participación accionarial en Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.
Peña mantuvo esas acciones desde antes de llegar a la presidencia hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación.
Durante ese periodo, Ueno experimentó una rápida expansión.
Bajo el gobierno de Peña y con Carlos Carvallo Spalding al frente del Banco Central, la entidad pasó de ser una financiera relativamente pequeña a convertirse en uno de los principales bancos del país, con cerca de tres millones de clientes, alrededor del 60% de la población adulta paraguaya.
La oposición también responsabiliza a Peña por la crisis financiera de Ueno y sus consecuencias para la confianza en el sistema bancario, así como por las dificultades que enfrentaron cientos de miles de ahorristas para acceder a sus depósitos.
Otro de los señalamientos apunta a una presunta injerencia del presidente en el Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo público que administra las jubilaciones y los servicios de salud de los trabajadores paraguayos, para favorecer la transferencia de fondos a Ueno Bank.
La acusación también incluye cuestionamientos sobre posibles beneficios económicos irregulares, entre ellos préstamos recibidos de la entidad, así como denuncias anteriores relacionadas con su patrimonio.
Los promotores del juicio político le atribuyen responsabilidad institucional por decisiones y omisiones de su gobierno que habrían contribuido a la crisis.
Asimismo, los legisladores alegan que su gobierno impulsó cambios regulatorios que facilitaron que instituciones públicas depositaran importantes cantidades de dinero en Ueno Bank.
También cuestionan el nombramiento de Carlos Carvallo, quien había dirigido Financiera Ueno, al frente del Banco Central.
La acusación apunta a que las autoridades regulatorias habrían permitido que Ueno les otorgara préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites establecidos.
Para los promotores del juicio político, estos hechos demostrarían que el mandatario antepuso intereses privados al interés público y que su gobierno no protegió adecuadamente los fondos de pensiones ni los ahorros de los clientes del banco.
"Casi el 2% del PIB depositados en el banco"
Mariano Machado, analista principal para las Américas de Verisk Maplecroft, asegura que la crisis bancaria terminó convirtiéndose en una crisis política de mayor alcance debido a las fracturas internas del Partido Colorado, la formación gobernante.
El analista considera que la salida de Peña beneficiaría mucho más al expresidente Horacio Cartes, quien es además el presidente del Partido Colorado, que a la oposición que impulsó el juicio político.
"Al sacrificar a Peña y mantener a salvo al vicepresidente Pedro Alliana, Cartes recupera el control tanto de la pesidencia como del Partido Colorado de cara a 2028, pese a haber anunciado que dejará el liderazgo de la formación después de 2027", añade.
Machado también cree que la salida de Peña podría debilitar uno de los principales argumentos que Paraguay había utilizado para atraer inversiones extranjeras: la estabilidad y previsibilidad de su política económica.
Advierte que las consecuencias de la crisis podrían extenderse más allá del sector bancario y afectar a la economía durante 2027.
"A largo plazo, el costo fiscal de la crisis podría prolongarse más que la propia crisis política. Cerca de US$850 millones, equivalentes a casi el 2% del PIB, estaban depositados en el banco, que ya ha dejado de operar", explica.
"La recuperación de esos fondos dependerá de la liquidación de una cartera de préstamos concentrada en empresas vinculadas a los propietarios de la entidad. Cualquier déficit en la recuperación de ese dinero aumentaría el déficit público, que ya se prevé que supere el límite del 1,5% del PIB establecido por la regla fiscal en 2026 y 2027".
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