El destino La Romana apuesta por blindar su crecimiento con sostenibilidad y ordenamiento territorial

La Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) apuesta por un modelo de desarrollo donde el crecimiento esté condicionado por la sostenibilidad, el ordenamiento y la evidencia técnica.

Para Ana García-Sotoca, directora ejecutiva de la entidad, el límite del crecimiento no es únicamente geográfico, pero en el caso de La Romana existe un factor determinante: cerca del 60 % del territorio forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, lo que impone restricciones naturales y exige mayor organización en la planificación.

Uno de los ejes más sensibles es el recurso hídrico. La AHRB realiza monitoreos trimestrales de la calidad del agua tanto en los pozos que suplen a los hoteles como en los del municipio, además de estudios para determinar la disponibilidad real de agua de calidad.

Esta política preventiva ha llevado al destino a tomar decisiones estratégicas, como no desarrollar campos de golf en la zona Bayahibe–Dominicus para evitar presiones adicionales sobre los acuíferos.

“Para nosotros, lo más importante no es cuánto más podemos crecer, sino cómo crecemos sin bajar calidad ni comprometer nuestros recursos. Por eso insistimos en estudios de capacidad de carga que orienten la toma de decisiones”, señaló García-Sotoca.

La medición de la capacidad de carga, explicó, no se limita al componente ambiental. Se trata de un análisis integral que considera tres dimensiones: ambiental, operativa y social.

Un ejemplo es la gestión de la visita a Isla Saona, cuya organización comienza en Bayahibe, tomando en cuenta flujo vehicular, horarios de salida y retorno, manejo de residuos y presión sobre los puntos de desembarque, con el objetivo de evitar saturación, riesgos y deterioro de la experiencia.

Para la AHRB, el desafío no es frenar el crecimiento, sino ordenarlo. La directora ejecutiva advirtió que cuando el ordenamiento territorial, la inversión turística y la gestión climática avanzan sin coordinación, se genera incertidumbre y costos correctivos que pueden afectar tanto a comunidades como a inversionistas.