Política exterior, diversidad, inmigración, economía… RFI analiza de cerca la aplicación de las principales decisiones tomadas por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Un análisis de Aurore Lartigue
Desde el 20 de enero, Donald Trump ha firmado 139 órdenes ejecutivas. Es más de lo que ha hecho cualquier otro presidente. Es difícil no perderse ante este torbellino de medidas que podrían tener consecuencias no sólo para Estados Unidos sino para todo el planeta. RFI ha seleccionado catorce decisiones emblemáticas. ¿Cuál es el estado actual de su aplicación?
► Se cuestiona el derecho de suelo
Fecha del decreto: 20 de enero
Estatus: suspendido temporalmente
"Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", que es “un privilegio inestimable". Con este decreto, Donald Trump pretende restringir el derecho de suelo, vigente desde hace más de 150 años y protegido por la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. A partir de ahora, "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos" dejarán de ser automáticamente "ciudadanos de Estados Unidos". El gobierno federal tendrá prohibido expedir documentos que acrediten la ciudadanía de los niños nacidos en suelo estadounidense de padres ilegales o titulares de visados temporales.
Inmediatamente impugnado por un gran número de estados norteamericanos, este decreto fue bloqueado por varios tribunales federales, que lo consideraron "inconstitucional", y su aplicación fue suspendida en todo Estados Unidos. La administración Trump ha presentado recursos ante el Tribunal Supremo para limitar el alcance geográfico de las suspensiones decididas por los tribunales inferiores.
► Cárteles clasificados como organizaciones terroristas
Fecha del decreto: 20 de enero
Estado: ejecutado
Esta orden ejecutiva permite designar a determinados cárteles y otras organizaciones delictivas internacionales como grupos terroristas. Una clasificación que otorga poderes ampliados a las autoridades estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, allanando el camino para una gama más amplia de sanciones, congelando sus fondos y acelerando la expulsión de sus miembros del país.
A mediados de febrero, ocho cárteles latinoamericanos, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fueron designados organizaciones terroristas, lo que supuso la congelación de sus activos en Estados Unidos.
A mediados de marzo, esta decisión permitió al presidente estadounidense utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de emergencia utilizada anteriormente sólo en tiempos de guerra, para deportar a El Salvador sin juicio previo a más de 200 personas, supuestamente miembros de la banda del Tren de Aragua. Bloqueadas temporalmente por el juez federal de Washington James Boasberg, las restricciones fueron finalmente levantadas el 7 de abril por el Tribunal Supremo, aunque principalmente por razones técnicas. El alto tribunal precisó que los extranjeros sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros deben tener un juicio justo.
► Rebautizar el golfo de México como 'golfo de América'
Fecha del decreto: 20 de enero
Estado: parcialmente ejecutado
“Restaurando los nombres que honran la grandeza de Estados Unidos”. Con este decreto, la administración Trump pretende cambiar el nombre de varios lugares para honrar a figuras históricas estadounidenses. Para empezar, el Golfo de México, que pasará a llamarse "Golfo de América", "en reconocimiento de este próspero recurso económico y su importancia crucial para la economía de nuestra nación y su gente", afirma el decreto. También se ve afectado el monte Denali, en Alaska, que pierde su nombre indígena para adoptar el de monte McKinley, en homenaje a un expresidente estadounidense. Fue rebautizado en 2015 por la administración Obama. Mientras estaba en Carolina del Norte, Fort Liberty pasó a llamarse Fort Bragg, en honor a un general confederado.
Google Maps adoptó inmediatamente el nuevo nombre para sus usuarios estadounidenses. La decisión fue fuertemente cuestionada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien la consideró un ataque a su soberanía y amenazó con tomar medidas legales contra Google. Todavía no se ha presentado ninguna queja contra Estados Unidos ni contra Google. De hecho, el alcance de esta decisión está limitado en la medida en que este nombre no ha sido reconocido internacionalmente. Este decreto no vincula a entidades no federales, empresas privadas o países extranjeros. Se trata principalmente de documentos y mapas oficiales estadounidenses. Los usuarios fuera de los Estados Unidos normalmente ven ambos nombres en Google Maps.
► Indultados los atacantes del Capitolio
Fecha de firma: 20 de enero
Estado: ejecutado
Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva indultando a todos los condenados por participar en el asalto al Capitolio. El 6 de enero de 2021, varios miles de partidarios republicanos irrumpieron violentamente en el Capitolio, símbolo de la democracia estadounidense, en un intento de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. En total, 1.500 personas se verán afectadas por este indulto. Con la excepción de catorce personas, entre ellas los líderes de las milicias de extrema derecha Oath Keepers y Proud Boys, cuyas sentencias fueron conmutadas por tiempo ya cumplido. Esto significa que ciertas restricciones, en particular las relativas al porte de armas, siguen vigentes. "Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional infligida al pueblo estadounidense durante los últimos cuatro años e inicia un proceso de reconciliación nacional", según el texto del decreto publicado por la Casa Blanca. La ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presente en el Capitolio el 6 de enero de 2021, expresó su indignación por un "insulto al sistema judicial estadounidense".
El decreto se implementó el día después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca y los alborotadores fueron liberados inmediatamente. Stewart Rhodes, el fundador de Oath Keepers, que cumplía una condena de 18 años por conspiración sediciosa, ha sido liberado. Aunque un juez federal inicialmente le prohibió la entrada a Washington, D.C., la orden finalmente fue revocada, e incluso visitó el Capitolio el 22 de enero de 2025. Enrique Tarrio, expresidente de los Proud Boys, que cumplía una condena de 22 años, también fue liberado.
► Declaración del estado de emergencia energética
Fecha de firma: 20 de enero
Estado: En ejecución
No contento con haber cumplido su amenaza de retirarse del acuerdo climático de París, Donald Trump ha declarado una "emergencia energética nacional". Una declaración que cancela varias medidas ambientales planificadas en el Green New Deal de la administración Biden. Una medida integral complementada con varios decretos que pretenden fortalecer la independencia energética de Estados Unidos simplificando la explotación de combustibles fósiles y recursos minerales a través de la flexibilización de las regulaciones ambientales. Particularmente en Alaska, como está previsto en otro decreto. Se da prioridad a los proyectos de perforación, la producción de gas natural licuado y la extracción de minerales críticos. Otro decreto levanta algunas barreras ambientales para acelerar la tala de los bosques estadounidenses.
El 20 de febrero, el gobierno decretó la creación de un "Consejo Nacional para el Dominio Energético" para coordinar esfuerzos para eliminar obstáculos regulatorios y acelerar proyectos energéticos. Ya en funcionamiento, ha comenzado a emitir directivas y recomendaciones a las agencias federales.
► Suspensión de la ayuda internacional al desarrollo
Fecha de firma: 20 de enero
Estado: Parcialmente ejecutado a pesar de los desafíos legales
El gobierno ha suspendido la ayuda internacional al desarrollo durante 90 días para evaluar su eficacia y su alineación con la política exterior de Estados Unidos. Una decisión que conmocionó a la comunidad internacional, ya que representa el 40% de la ayuda humanitaria mundial. Esto significa el cese inmediato o la reducción drástica de muchos programas de ayuda en sectores esenciales como la salud (lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria, la vacunación), la educación, el acceso al agua y al saneamiento, la seguridad alimentaria, la ayuda humanitaria de emergencia y el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Al mismo tiempo, la USAID, la agencia encargada de gestionar esta ayuda, fue desmantelada y puesta bajo el control del Departamento de Estado. El 10 de marzo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el 83 por ciento de los programas de la agencia serían eliminados.
La Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y Oxfam América presentaron una queja contra las decisiones. El 14 de febrero, un juez federal, Amir Ali, suspendió la congelación del gasto ya aprobado y ordenó que los pagos se reanudaran antes del 27 de febrero. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, finalmente rechazó la solicitud de la administración Trump y ordenó la liberación de una pequeña parte de los fondos el 5 de marzo.
► Creación del DOGE
Fecha del decreto: 20 de enero
Estado: Aplicada a pesar de los desafíos legales
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tiene como objetivo "modernizar la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y la productividad del gobierno". Elon Musk fue designado para dirigirlo como "empleado especial del gobierno". Desde su creación, DOGE ha organizado despidos masivos de empleados federales en USAID, el Departamento de Asuntos de Veteranos y la Agencia de Protección Ambiental, y ha puesto fin a programas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), la mitigación del cambio climático, la ayuda exterior y la investigación científica.
Ante esta ofensiva, considerada ilegal, se han presentado varias denuncias por parte de sindicatos del sector público y organizaciones de derechos humanos sobre el acceso de DOGE a datos personales sensibles de empleados federales y de millones de estadounidenses. DOGE no está pensado para ser definitivo. Se espera que permanezca vigente hasta el 4 de julio de 2026.
► Reducir la burocracia federal
Fecha del decreto: 20 de enero
Estado: Aplicada a pesar de los desafíos legales
Donald Trump ha lanzado su campaña para reducir la "burocracia federal", apuntando a las entidades consideradas "inútiles" que deben limitar sus actividades antes de ser finalmente eliminadas. El desmantelamiento se centró especialmente en el Instituto de Paz de Estados Unidos, cuyo director fue despedido y removido de su cargo por miembros de DOGE. Aunque es independiente, está financiado íntegramente por el Congreso y, por lo tanto, no depende de la financiación del gobierno federal. O la Fundación Estadounidense para el Desarrollo de África, cuyo personal ha sido puesto en licencia administrativa.
El 19 de marzo, se firmó una nueva orden ejecutiva para reducir aún más el gobierno federal al limitar estrictamente el papel de ciertas agencias y organizaciones. La Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, donde más de 1.200 empleados de la Voz de América (VOA) y de la Oficina de Transmisiones a Cuba han sido suspendidos temporalmente de sus trabajos, al igual que el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas y el Consejo Interinstitucional sobre Personas sin Hogar. También se firmó una orden ejecutiva para "eliminar" el Departamento de Educación. Si bien un desmantelamiento completo está dentro del poder del Parlamento, el presidente estadounidense y el DOGE ya han desmantelado otras estructuras federales sin esperar la luz verde de los representantes electos en el Congreso.
Contra estos desmantelamientos se han iniciado múltiples acciones legales.
► Prohibición de programas de diversidad
Fecha del decreto: 20 de enero
Estado: Aplicada a pesar de los desafíos legales
El presidente Trump está desmantelando todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) implementados por su predecesor Joe Biden dentro del servicio civil, lo que considera una “discriminación ilegal” y un “desperdicio de recursos públicos”. Ordena a las agencias federales que ya no consideren la diversidad en sus contrataciones y que eliminen la capacitación DEI para sus empleados. El texto también prevé la eliminación de oficinas y puestos dedicados a la "justicia ambiental" dentro de las administraciones federales. En una segunda orden ejecutiva, Trump también instó al sector privado a dejar de utilizarlas, exigiendo a los contratistas o beneficiarios de subvenciones que certifiquen que no promueven políticas de DEI.
Desde entonces, empresas como Disney, McDonald’s, Meta y Google han anunciado que pondrán fin a sus programas de diversidad. Por el contrario, los accionistas de Apple votaron en contra de su eliminación.
Un tribunal federal de Maryland bloqueó parcialmente la implementación de partes de las órdenes en febrero, dictaminando en parte que violaban la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pero la administración Trump apeló esa decisión y un tribunal de apelaciones levantó el bloqueo a mediados de marzo. Una decisión que permite la aplicación temporal de decretos mientras hay acciones legales pendientes. El 4 de abril, la Corte Suprema permitió a la administración Trump congelar temporalmente 65 millones de dólares en subvenciones (recortes que habían sido bloqueados por un juez federal en Boston) para la capacitación docente a pesar de los desafíos legales en curso.
► Prohibición de atletas transgénero en el deporte femenino
Fecha: 5 de febrero
Estado: Parcialmente ejecutado a pesar de los desafíos legales
Se suspende la financiación federal a las escuelas que permiten que atletas transgénero compitan en competiciones femeninas. El decreto también establece que se negarán las solicitudes de visa para atletas transgénero que quieran competir en eventos femeninos. El proyecto de ley no logró los votos necesarios para aprobarse en el Senado, pero eso no anula el decreto. Así que la batalla no ha terminado. Y la administración del presidente Trump continúa presionando para su implementación. Por ejemplo, suspendió 175 millones de dólares de financiación a la Universidad de Pensilvania debido a la participación de un atleta transgénero en su programa de natación. Y amenazó a otros establecimientos con procesarlos si no cumplían su decreto.
Se establece que, en lo que respecta a las prisiones federales, las mujeres transgénero serán encarceladas en instalaciones para hombres y ya no podrán recibir tratamiento médico relacionado con su transición. Otro pretende prohibir lo que Donald Trump llama “ideología transgénero” en el ejército excluyendo a las personas transgénero de sus filas. Un juez federal en Washington bloqueó su aplicación. La administración Trump apeló esa decisión el 19 de marzo. Otra más prohíbe los tratamientos de transición de género para personas menores de 19 años.
► Acabar con el uso de pajitas de papel
Fecha de firma: 10 de febrero
Estado: ejecutado
Tan anecdótico como simbólico, Donald Trump ha actuado para "detener el suministro y el uso de pajitas de papel", cancelando los objetivos de la administración estadounidense de eliminar los utensilios de plástico de un solo uso para 2035, que se consideran perjudiciales para el medio ambiente. En consecuencia, se ordena a las agencias del gobierno federal tomar todas las medidas apropiadas para prohibir la compra y el uso de pajitas de papel. Se debía elaborar una estrategia nacional en un plazo de 45 días para reducir el uso de estos sustitutos en todo el país.
El 4 de abril, el Consejo de Política Nacional publicó un informe de 31 páginas, fechado en marzo de 2025, titulado "Estrategia nacional para acabar con el uso de pajitas de papel", que tiene como objetivo, como dice la carta de presentación de Donald Trump, "deshacerse de este desastre pastoso y húmedo que afecta a demasiados de nuestros conciudadanos". Entre los argumentos esgrimidos para justificar su eliminación: son más caros de producir y menos prácticos que los de plástico y se les acusa de contener sustancias químicas peligrosas para la salud. Por lo tanto, el informe recomienda que las agencias gubernamentales destaquen los riesgos para la salud y la seguridad asociados con el uso de pajitas de papel, en particular las PFAS y el riesgo de asfixia. También insta a todas las agencias federales a eliminar las pajitas de papel y dejar de fomentar políticas antiplástico.
► Designación del inglés como único idioma oficial de los Estados Unidos
Fecha del decreto: 1 de marzo
Estado: ejecutado
El decreto designa al inglés como único idioma oficial con el fin de "promover la unidad y mantener una cultura estadounidense común a todos los ciudadanos" del país. Hasta entonces, Estados Unidos no reconocía un solo idioma oficial. Este texto revoca otro del año 2000, firmado por el presidente Bill Clinton, que pretendía mejorar el acceso a los servicios públicos para "las personas con dominio limitado del inglés". En términos concretos, las agencias federales ya no están obligadas a prestar servicios en idiomas distintos del inglés, aunque todavía podrán hacerlo. Históricamente, Estados Unidos, construido por inmigrantes, es un país multilingüe, pero con el auge del español, hablado por casi 50 millones de personas en el país, la cuestión de establecer el inglés como idioma se ha vuelto más urgente para Donald Trump.
Aunque algunos creen que este decreto podría contribuir a marginar a las poblaciones inmigrantes, aún no ha sido impugnado en los tribunales.
► Imponer aranceles aduaneros “recíprocos” a 185 países o territorios
Fecha del decreto: 2 de abril
Estado: Parcialmente ejecutado e impugnado ante el tribunal.
El 2 de abril, el presidente estadounidense anunció la implementación de "aranceles aduaneros recíprocos". En concreto, se aplica un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones y se añaden recargos selectivos para los países considerados especialmente hostiles en términos comerciales. Los aranceles aduaneros en China se disparan, con recargos que pueden llegar al 145% sobre ciertos productos chinos (productos farmacéuticos, electrónicos, textiles). Canadá y México no están afectados por este decreto, pero están sujetos a aranceles aduaneros del 25% sobre la mayoría de sus productos no cubiertos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ACEUM). La Unión Europea se enfrenta a aranceles del 25% sobre automóviles, vinos, quesos y cosméticos.
Aunque estas nuevas reglas debían entrar en vigor el 9 de abril, Donald Trump finalmente anunció una congelación de 90 días de los recargos para 60 países "aliados o socios", como Japón, Australia y la mayoría de los países de la UE. Para ellos sólo se mantiene el tipo mínimo del 10%.
China, que no se ve afectada por esta moratoria, respondió el 11 de abril aumentando los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses al 125%.
Después de decidir gravar una lista de productos estadounidenses, como motocicletas, soja y aves de corral, en represalia por los impuestos equivalentes impuestos al acero y al aluminio a mediados de marzo, tras el giro de 180 grados de Trump, Bruselas finalmente anunció que congelaba su respuesta durante 90 días para "dar una oportunidad a las negociaciones".
El 23 de abril, tras el procedimiento iniciado unos días antes por California, doce estados estadounidenses (Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Vermont, Oregón, Illinois y Nueva York) presentaron una denuncia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos contra los aranceles aduaneros impuestos por Donald Trump. Afirman que son ilegales porque el presidente no podría instituirlas sin la aprobación del Congreso.
► Minería submarina a cielo abierto en aguas internacionales
Fecha: 24 de abril
Estado: Implementación incierta
Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva destinada a abrir la minería de minerales a gran escala en las profundidades oceánicas, incluso en aguas internacionales. El texto pide al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que "acelere la revisión" de las solicitudes "y la emisión de permisos para la exploración y extracción" de minerales "más allá de las jurisdicciones estadounidenses". También pidió al secretario del Interior, Doug Burgum, que hiciera lo mismo con las aguas territoriales estadounidenses. También pide al Departamento de Defensa que evalúe la posibilidad de añadir minerales extraídos del lecho marino a las reservas estratégicas nacionales. Una decisión considerada como un desafío a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que teóricamente es competente en alta mar.
El anuncio provocó la oposición de los grupos de protección ambiental, que están preocupados por el daño que dicha explotación causaría a los ecosistemas marinos. Recientemente, una treintena de países, así como organizaciones y empresas tecnológicas, pidieron una moratoria a la minería en aguas profundas, citando posibles riesgos ambientales. Por tanto, la aplicación del decreto sigue siendo muy incierta.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}