Roudy Joseph, activista: “La política de deportación masiva de Abinader es mucho más ambiciosa que la de EEUU”

En un contexto global donde las políticas migratorias se endurecen y la excepción se convierte en norma, República Dominicana se configura como un escenario paradigmático —aunque profundamente invisibilizado— de cómo el control migratorio puede transformarse en un dispositivo de exclusión estructural.

Para comprender esta deriva, la voz de Roudy Joseph (Puerto Príncipe, 42 años) resulta imprescindible.

Activista haitiano antirracista, defensor de derechos humanos y portavoz del Colectivo HaitianosRD, su trayectoria se inscribe en la defensa de la dignidad, la inclusión y los derechos civiles y políticos de la población migrante haitiana y de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, especialmente en contextos de apatridia, discriminación estructural y exclusión institucional.

Actualmente acogido al programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional España, Joseph ha coordinado el informe Deportaciones masivas y Estado de excepción en República Dominicana (2021–2025).

Un documento que permite leer esta crisis desde una perspectiva rigurosa y situada y que denuncia más de un millón de deportaciones en cinco años, dentro de un esquema de perfilamiento racial llevado a niveles de una verdadera “caza de seres humanos”, en el que los cuerpos negros —y, en particular, los cuerpos haitianos— son construidos como sujetos desechables por definición. El equipo de América Futura ha entrevistado a Roudy en Madrid.

En un momento en que estas dinámicas se expanden a escala global, el caso dominicano no puede ser leído como una excepción. Más bien, como advierte Roudy Joseph, es un espejo incómodo de un mundo donde la xenofobia, la aporofobia y el racismo de Estado convergen para redefinir quién tiene derecho a moverse, a pertenecer y, en última instancia, a existir.

Pregunta. ¿Qué está ocurriendo realmente en República Dominicana?

Respuesta. Estamos presenciando con este Gobierno actual dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, una campaña de violaciones graves de derechos humanos, apelando al sentimiento antihaitiano instalado en gran parte de la sociedad, normalizando la violencia y la deshumanización en contra de nuestra comunidad.

Roudy Joseph en la Universidad Carlos III. Candela Ordóñez

¿Cómo se articula esta política en el plano simbólico y discursivo?

R. Construir un muro de 160 kilómetros en la frontera con Haití no va solo de una infraestructura física, sino también de un gesto político que refuerza la falsa noción de que la población haitiana amenaza la soberanía dominicana. Más aún, el uso por parte del presidente Abinader de la expresión “invasión haitiana” activa imaginarios racistas y coloniales que reconfiguran la migración como una amenaza existencial.

En este marco, la política migratoria se inscribe en una lógica que combina xenofobia, aporofobia y racialización, donde no solo se expulsa al haitiano pobre, de tez oscura, identificado como no aceptable dentro de una idea etnocéntrica de nación.

P. Las cifras del informe revelan una paradoja inquietante: las deportaciones superan el tamaño de la comunidad haitiana. ¿Qué implica esto?

R. Si las deportaciones duplican el tamaño estimado de la población haitiana, es porque estamos ante un sistema que deporta de manera reiterada a las mismas personas, sin garantías, sin registros fiables y sin debido proceso. Muchas regresan porque su vida está en República Dominicana: trabajan, tienen familias, han construido redes… Es un ciclo que produce precariedad y que, en última instancia, revela que el objetivo no es gestionar la migración, sino disciplinar y controlar a una población específica mediante una represión salvaje.

P. ¿Podemos hablar de un estado de excepción?

R. Sí, definitivamente, nuestro informe es claro: existe un estado de excepción de facto. Sin proclamación oficial, se han suspendido en la práctica derechos fundamentales.

Los allanamientos de viviendas sin orden judicial, las deportaciones colectivas y la negación sistemática del acceso a la defensa configuran un escenario donde las garantías del debido proceso no existen para las personas de origen haitiano.

En este contexto, la población haitiana queda situada fuera del marco efectivo de derechos, en una suerte de limbo jurídico donde la arbitrariedad se convierte en norma. Esta deriva forma parte de una reconfiguración más amplia en la que los Estados gestionan determinadas poblaciones a través de la excepción permanente.

P. Existe un plan de Abinader anunciado en 2024 que prevé 10,000 deportaciones semanales. ¿Cómo interpretarlo?

R. La meta de deportar a 520,000 personas en un año —aproximadamente el 94 % de la comunidad haitiana— no es una medida administrativa, sino un proyecto político de reconfiguración demográfica.

En términos comparados, este plan resulta mucho más ambicioso que las propuestas de deportación masiva en Estados Unidos. Pero lo más preocupante es la voluntad explícita de reducir la presencia haitiana en el país, lo que introduce la amenaza implícita de una limpieza étnica.

Más allá de su viabilidad, el plan produce efectos inmediatos: legitima la violencia y redefine los límites de lo aceptable.

P. Saliendo de las estadísticas, ¿qué formas adopta esa violencia en la vida cotidiana?

R. La persecución convierte la vida cotidiana en un espacio de vigilancia permanente.

Ir al trabajo, desplazarse por la ciudad o simplemente habitar el espacio público se transforma en una experiencia atravesada por el miedo. No se trata solo de operativos puntuales, sino de un clima de represión generalizada.

Es aquí donde el concepto de caza de seres humanos adquiere todo su sentido. No como una metáfora, sino como una práctica concreta de control político racista.

P. El discurso oficial insiste en la idea de una “carga económica” en referencia a la población haitiana. ¿Cómo se sostiene esta narrativa?

R. La población haitiana es presentada como una carga, cuando en realidad sostiene sectores clave de la economía dominicana, como la construcción, la agricultura o el turismo.

La contradicción es evidente: quienes resultan esenciales para el funcionamiento económico son al mismo tiempo criminalizados y expulsados. Esta narrativa no responde a datos, sino a una construcción política que busca legitimar la exclusión y refuerza jerarquías raciales y sociales: es la normalización del trabajo forzoso y la semiesclavitud.

P. ¿Qué ocurre con las personas dominicanas de ascendencia haitiana?

R. Este es uno de los aspectos más graves y menos visibilizados. Miles de personas han sido privadas de su nacionalidad con la sentencia de 2013, quedando en situaciones de apatridia prolongada. Es uno de los elementos principales del proyecto de etnoestado, desnacionalizar a personas dominicanas en función de su origen y su identidad racial.

Roudy Joseph.
Candela Ordóñez

P. Este contexto también afecta a quienes defienden los derechos humanos. ¿De qué manera?

R. Las amenazas, los discursos de odio y la criminalización pública forman parte de un mismo dispositivo que busca silenciar la denuncia.

La Procuraduría (Fiscalía) General de República nunca actúa contra los paramilitares neonazis que amenazan de muerte a defensores de derechos humanos y que incluso llevan a cabo atentados y agresiones físicas.

En este sentido, la violencia se extiende a quienes intentan cuestionar el orden establecido.

La represión combina las acciones policiales y militares, como el allanamiento militar a la sede del Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas o la detención del dirigente del Movimiento Reconoci.do, Franklin Dinol, con las acciones paramilitares de grupos como la Antigua Orden Dominicana quienes nos habían atacado, con palos, piedras y armas de fuego, el 27 de abril 2025 en marco de una marcha pacífica convocada por organizaciones sociales y de la izquierda.

Por Diego Battistessa.