El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que la estabilidad política, el compromiso con los valores democráticos, el progreso económico y social, así como los mecanismos de cooperación regional, constituyen fortalezas que posicionan al Caribe para avanzar en el fortalecimiento de sus democracias.

Según el organismo, la relación entre democracia, capacidades estatales y desarrollo humano es esencial para garantizar el bienestar de la población.

Mientras las instituciones democráticas aportan legitimidad y dirección colectiva, la capacidad del Estado permite convertir esas decisiones en resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

El informe sostiene que la región tiene la oportunidad de fortalecer las capacidades estatales mediante la cooperación regional e intrarregional, así como a través de alianzas estratégicas con diversos sectores.

Para ello, considera necesario robustecer áreas clave de la gestión pública que permitan responder a las crecientes demandas de la ciudadanía.

Áreas prioritarias señaladas por el PNUD:

  • Planificación estatal
  • Gestión fiscal
  • Contratación pública
  • Sistemas estadísticos
  • Protección social
  • Salud pública
  • Ciberseguridad
  • Gestión de emergencias

El organismo advirtió que, debido al tamaño reducido de muchos Estados caribeños y al descenso en la satisfacción ciudadana con la democracia, resulta indispensable fortalecer las capacidades administrativas, fiscales y técnicas de los gobiernos para garantizar derechos, proveer bienes públicos y mejorar la gobernanza.

Asimismo, destacó que la cooperación regional, los programas de desarrollo de capacidades y las alianzas con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel decisivo para superar las limitaciones estructurales y promover un desarrollo sostenible en la región.

Finalmente, el PNUD subrayó que la construcción de Estados capaces de servir tanto a la democracia como al desarrollo humano requiere administraciones públicas profesionalizadas, estables y eficientes.

En ese sentido, consideró que los sistemas meritocráticos de servicio civil, acompañados de mecanismos de rendición de cuentas, contribuyen a reducir prácticas de clientelismo, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la continuidad de políticas públicas orientadas al bienestar colectivo.

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