El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que la justicia dominicana ha sido utilizada como "instrumento de competencia política" por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en referencia al fallo judicial que eximió a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta de ir a juicio en el caso Calamar, y sostuvo que la decisión respalda sus cuestionamientos sobre el manejo del proceso por parte de las autoridades.
La posición fue fijada por Johnny Pujols, secretario general del PLD, durante la rueda de prensa semanal que celebra la organización cada lunes, en la que afirmó que el proceso judicial estuvo motivado por razones políticas.
"Ningún dominicano debe ser objeto de sanciones, restricciones o medidas que respondan a motivaciones políticas disfrazadas de procedimientos administrativos o judiciales", aseveró.
Un fallo que el PLD convierte en victoria política
El pasado viernes, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de "no ha lugar" a favor de Castillo, Peralta y otros tres imputados —Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena—, al concluir que el Ministerio Público no aportó elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones formuladas desde marzo de 2023.
El mismo tribunal, sin embargo, ordenó la apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, además de otros ocho coimputados: Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández y Kimberly Arias Martínez, para quienes la magistrada sí encontró méritos suficientes.
Tras conocerse la decisión, el PLD celebró el descargo de sus exfuncionarios como una reivindicación tardía. "Durante años sostuvo su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar un juicio", señaló el comunicado oficial del partido.
Las acusaciones contra el Ministerio Público
Más allá del fallo, el Pujols denunció que, durante el transcurso del proceso, el Ministerio Público filtró de manera "aviesa y selectiva" expedientes y acusaciones a los medios de comunicación, y que utilizó la prisión preventiva como mecanismo de "condena anticipada", vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva.
El partido también alertó sobre el uso de "mecanismos administrativos nacionales o internacionales" para afectar derechos, reputaciones y carreras políticas al margen del debido proceso, una referencia que apunta, sin nombrarlo directamente, al uso de listas de inhabilitación y sanciones extrajudiciales.
El trasfondo político del caso
El caso Calamar fue presentado por el Ministerio Público en 2023 como una investigación por corrupción administrativa que involucró a figuras clave del gobierno de Danilo Medina. Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del PLD en 2020, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, eran dos de los imputados de mayor perfil político.
Desde su salida del poder en 2020, el PLD ha denunciado en múltiples ocasiones una supuesta persecución judicial contra exfuncionarios de sus gobiernos. Tras este fallo, la organización volvió a plantear esos cuestionamientos y presentó la decisión judicial como respaldo a sus planteamientos.
"La confianza en las instituciones exige que cualquier actuación estatal se encuentre sustentada exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones de naturaleza política", concluyó Pujols, quien también llamó a evitar seguir "politizando los casos judiciales".
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