Una crisis que sobrepasa el ajuste salarial

El acuerdo salarial anunciado luego del paro judicial debe recibirse como una respuesta necesaria, pero no como el cierre de una crisis que se ha extendido silenciosamente, en parte bajo el velo de la prudencia exigida a los magistrados por el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, especialmente en su Regla 10, sobre secreto profesional y libertad de expresión. Mejorar los ingresos de jueces y servidores importa; nadie puede exigir independencia, dedicación permanente, excelencia técnica y calidad de servicio a quienes sostienen la justicia bajo condiciones insuficientes. Sin embargo, reducir lo ocurrido a un ajuste de nómina sería colocar un vendaje sobre una herida vieja.

El paro del pasado 21 de mayo no habló únicamente de salarios. Habló de carrera judicial, expectativas bloqueadas, movilidad, suplencias, vacantes, sobrecarga, servidores sin rutas claras, digitalización insuficiente, mora, calidad del servicio y distancia entre la administración del sistema y quienes lo sostienen cada día. El aumento puede atender una parte del malestar inmediato, pero no resuelve, por sí solo, la enfermedad institucional que lo hizo estallar.

En nuestro artículo de opinión anterior planteamos que la crisis judicial no golpea únicamente a jueces y servidores; también alcanza a abogados, usuarios y ciudadanos que acuden a los tribunales esperando respuestas oportunas. Esa idea sigue siendo el punto de partida. Una justicia que funciona mal no afecta solo a quienes trabajan dentro de ella, afecta los alimentos reclamados por una familia, la medida cautelar que no llega a tiempo, el conflicto patrimonial que se prolonga, la controversia comercial que se encarece y la confianza de quienes dependen del tribunal para equilibrar intereses enfrentados; por eso el acuerdo salarial debe abrir la discusión, no cerrarla.

El Consejo del Poder Judicial, Hacienda y representantes del sistema han dado un paso relevante al reconocer la necesidad de mejorar compensaciones. Ese reconocimiento tiene valor, sobre todo porque confirma que el reclamo no era caprichoso ni marginal; pero una institución que llega al paro para poner sobre la mesa problemas acumulados durante años necesita algo más que una respuesta presupuestaria, debe revisar su forma de escuchar, planificar y gobernar.

La justicia dominicana no enfrenta solo un problema de ingreso. Enfrenta una crisis de expectativas.

Una parte de la judicatura percibe que la carrera judicial tiene un techo difícil de romper. El sistema exige concursos, formación, evaluaciones, especialización, años de servicio y dedicación; pero muchos jueces sienten que el horizonte práctico termina antes de la cúspide. Esa percepción no se corrige únicamente con un aumento, sino con reglas claras de movilidad, ascenso y reconocimiento; se corrige cuando el mérito vuelve a ser una expectativa creíble dentro del sistema.

El artículo 150 de la Constitución reconoce la carrera judicial como garantía de independencia y profesionalización. La Ley núm. 327-98 desarrolló ese mandato mediante un modelo basado en concursos, formación y ascensos por mérito. El país no puede celebrar ese diseño en el papel y desentenderse de las frustraciones que produce cuando quienes han dedicado su vida a la judicatura no ven rutas reales para avanzar.

Hay, además, una discusión que debe asumirse sin miedo, ni demoras: la conducción del Poder Judicial.

Desde la reforma de 1994, las presidencias de la Suprema Corte de Justicia no han recaído en jueces provenientes de la carrera judicial. El dato no pretende descalificar a quienes han ocupado esa posición, ni excluir perfiles externos, entre los cuales hay abogados del más alto prestigio profesional; especialmente cuando la Constitución admite esa participación y el sistema puede beneficiarse de trayectorias diversas. Pero luego de tres décadas de institucionalización, la pregunta se vuelve inevitable: si el Poder Judicial cuenta con jueces de carrera preparados, con experiencia jurisdiccional, administrativa, académica y humana, ¿por qué la cúspide de su conducción sigue pareciendo distante para quienes han hecho vida dentro de él?

Esa pregunta no es corporativa; es institucional. Un juez de carrera, por regla general, conoce los tribunales desde adentro. Ha visto cómo funciona una secretaría, cómo se sobrecarga una sala, cómo se cae una audiencia, cómo se acumulan los expedientes, cómo se desgasta un servidor y cómo el abogado enfrenta al cliente cuando el sistema no ofrece respuesta. Esa experiencia no garantiza por sí sola una mejor presidencia, pero aporta una comprensión que no debería ser tratada como secundaria. La próxima sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial debe discutirse desde ahí. No como reparto de nombres, no como continuidad automática, no como negociación cerrada entre pocos; por el contrario, debe discutirse como una decisión sobre el tipo de justicia que el país necesita en la próxima etapa, tomando en consideración todos estos factores.

El acuerdo salarial llega, precisamente, en un momento en que esa sucesión comienza a asomarse en el horizonte. Sería un error separar ambos debates; el paro reveló grietas, el acuerdo intentó contener una parte del malestar, pero la sucesión definirá si el sistema decide mirar esas grietas con seriedad o si vuelve a cubrirlas hasta la próxima crisis.

También están los servidores judiciales, cuya situación no puede quedar diluida en la categoría general de “personal de apoyo.” El Poder Judicial descansa sobre abogados ayudantes, letrados, técnicos, oficinistas, secretarias y equipos que permiten que la maquinaria funcione. Muchos participan en investigación, soporte jurídico, preparación documental y tareas que inciden directamente en la calidad del servicio; sin embargo, para una parte importante de ellos el sistema ofrece responsabilidades altas, compensaciones limitadas y trayectorias poco claras. Ese personal no es ornamental, ni reemplazable por una plataforma.

Una justicia seria debe construir carrera también para sus servidores; debe saber qué hacer con el talento que absorbe, forma y utiliza. Muchos de esos abogados reducen o abandonan su ejercicio privado para entrar al sistema; pierden visibilidad profesional, limitan su práctica y quedan atrapados en funciones que demandan preparación, pero no siempre ofrecen desarrollo. Aumentar salarios ayuda, pero no sustituye la necesidad de una ruta institucional.

La digitalización merece la misma mirada crítica. La actual gestión de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial, encabezada por Luis Henry Molina, apostó con fuerza a la tecnología. Esa apuesta tuvo sentido; la justicia necesitaba trazabilidad, acceso remoto, organización de información y herramientas modernas. Sería injusto negar los avances; sin embargo, la experiencia del litigio demuestra que una plataforma no basta cuando el usuario no consigue una copia a tiempo, cuando una audiencia se cae luego de meses de espera, cuando un procedimiento urgente queda atrapado en solicitudes electrónicas o cuando el abogado no puede ofrecer una respuesta clara porque el sistema tampoco la ofrece. La tecnología es una herramienta, no un autogobierno.

Un expediente electrónico no sustituye liderazgo; las audiencias virtuales no reemplazan estructuras funcionales. Un tablero de indicadores no cubre vacantes ni corrige la mora si detrás no existe una conducción capaz de escuchar, decidir y responder. Digitalizar una deficiencia no la convierte en solución; muchas veces solo la hace más elegante y más difícil de discutir.

04 Detrás de cada expediente hay personas, empresas, trabajadores, acreedores, deudores, niños, herederos, víctimas, demandantes y demandados. Quien gobierna el Poder Judicial debe entender esa dimensión. No basta con observar métricas de fallos, medir eficiencia temporal en la producción de decisiones o someter al personal a complejos programas de competencia; hay que ser capaces de comprender la dimension humana de la posición y de las funciones que se realizan.

Por eso la discusión sobre el futuro del sistema no puede quedar atrapada en el monto del aumento. El acuerdo salarial puede ser un punto de partida digno e incluso llegar a aplacar los reclamos de una parte importante de los sectores que participaron en la protesta; sin embargo, la justicia dominicana necesita mucho más: carrera judicial confiable, servidores con futuro, movilidad basada en mérito, condiciones de trabajo razonables, tecnología con sentido práctico, audiencias que funcionen, expedientes accesibles, mora enfrentada con decisión y una conducción menos distante de la vida real de los tribunales.

Desde esta columna pretendemos abrir un espacio para que esta discusión no se pierda en el ruido de los comunicados. El país necesita hablar de justicia antes de que las decisiones estén tomadas. Necesita discutir qué Poder Judicial quiere, qué liderazgo necesita y qué compromisos deben exigirse a quienes aspiren a conducirlo. El acuerdo salarial puede apagar el incendio visible, pero no debe apagar el debate.

El acuerdo salarial puede apagar el incendio visible, pero no debe apagar el debate. Los jueces y servidores judiciales harían mal en permitir que sus reclamos queden reducidos a una mejora de ingresos, por necesaria que esta sea. La dignificación salarial importa, pero no sustituye la discusión sobre carrera, movilidad, suplencias, condiciones reales de trabajo, reconocimiento, mora, gobernanza y conducción institucional. Si el sistema confunde alivio con solución, la próxima fase del conflicto será más profunda, no solo para quienes trabajan dentro del Poder Judicial, sino para abogados, usuarios y ciudadanos que dependen de una justicia capaz de responder.

La crisis judicial no termina con la firma de un entendimiento momentáneo. Ese acuerdo apenas anuncia el inicio de las medidas necesarias para subsanar un sistema que ha ido incubando su propia crisis y que no puede seguir siendo decidido a través de intereses políticos ni administrado desde la distancia.