Hace tres años critiqué la prisión preventiva de Donald Guerrero y de otros imputados en un caso de corrupción administrativa. Los carceleros del PEPCA solicitaron esa medida de coerción ignorando la abrumadora evidencia de que en medio siglo solo se conocen cuatro casos de funcionarios que se han fugado del país para evitar los juicios.
Todos, casos antiguos y empujados por procesos que se percibían darían formalidad a órdenes de complacer deseos de venganza del presidente que asume en 1986. La realidad hace décadas es que cuando vence el absurdo plazo máximo de dieciocho meses de encierro o un juez varía la coerción de prisión preventiva, ninguno de los que sufrieron esa sanción anticipada se les esconden a los fiscales.
Aquí se quedan para defenderse en libertad en cada una de las etapas del proceso que, para algunos, son desestimados por un juez para pasar a juicio de fondo. Justamente esto acaba de pasar con un imputado junto a Donald Guerrero que sufrió también una larga prisión preventiva.
Si no se ha marchado del país ninguna de las personas que la PEPCA decide investigar o someter por actos de corrupción, entonces, ¿por qué esta fascinación con la prisión preventiva? Es obvio que se busca asegurar una sanción en un proceso que instrumentan sin riesgo alguno para los fiscales.
El día de cobro reciben el mismo sueldo independientemente de si trabajaron un expediente blindado o uno más flojo que diente de leche. Si al que mandan a enjaular termina siendo liberado del expediente, no tienen que resarcir daño alguno financiero al que su reputación tiraron al lodo.
La otra razón es que pedir prisión preventiva es lo que satisface a los políticos en el gobierno y a las masas. Quien llega a cargos electivos enarbolando lucha contra la corrupción no se puede quedar de brazos cruzados con aquellos que los votaron. Hay que investigar e instrumentar expedientes, pero el tiempo para actuar y los derechos procesales de los imputados son una piedra en el camino.
Los procesos electorales son cada cuatro años y, con disfrute de libertad para enfrentar los cargos o las otras medidas que son consistentes con la presunción de inocencia, se puede llegar a la nueva convocatoria sin condenas que mostrar. Ahí es que los presos preventivos adquieren un valor extraordinario para mostrar decisión en combatir la corrupción. Las masas aplauden a fiscales y entregan votos a políticos si hay fotos aparatosas de imputados, como Donald Guerrero, solicitando variación de medida de coerción rodeado por militares que creen que sentado en el banquillo está la reencarnación de Houdini.
¿Seguiremos en ese ciclo? Sí. Hoy están en prisión preventiva funcionarios de esta administración imputados por casos de corrupción que merecen defenderse en libertad, como manda Dios y los derechos procesales, pero era imposible solicitar otra medida porque se aplaudió la jaula para los otros. Mañana, en caso de triunfo electoral de la oposición, las probabilidades son altas para que a un nuevo grupo de verdugos "independientes" tengan plena libertad de iniciar imputaciones al vapor hasta por un simple descuadre de caja chica en compra de botellones de agua.
El momento, en consecuencia, es ahora para un pacto político bastante sencillo de "borrón y cuenta nueva" para despolitizar las medidas de coerción. Que la prisión preventiva sea una excepción, no la regla, y abandonar ya el actual proceso de selección adversa donde lo que prima es la competencia como desalmado sayón o fusilero.
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