Un equilibrio que demanda futuro

El Artículo IV del Fondo Monetario Internacional ofrece un retrato nítido de la coyuntura dominicana para 2025: crecimiento de 3.0%, inflación próxima a 3.7%, cuenta corriente en 2.5% del PIB y un descenso gradual de la deuda consolidada hacia 59.2% del PIB. Es un conjunto de señales que confirma que la economía mantiene disciplina, acceso a financiamiento y capacidad de planificación. Pero estas cifras, sólidas por sí mismas, adquieren otra lectura cuando se colocan sobre la estructura de la seguridad social. Allí se observa una realidad distinta porque el país avanza económicamente, mientras su sistema sanitario, previsional y de cuidados se enfrenta a una demanda que crece más rápido que su financiamiento.

El PIB nominal proyectado para 2025 supera los RD$7.97 billones, y llegaría a RD$8.70 billones en 2026. Sin embargo, este ritmo no se replica en la masa salarial formal y la brecha entre crecimiento económico y crecimiento de las cotizaciones es un punto central para las decisiones técnicas, toda vez que, si la nómina no crece al ritmo del costo sanitario, el sistema se tensiona aun en un entorno macroeconómico estable. Esto no es teoría; ya está ocurriendo.

La estabilidad macro facilita recursos macro, pero el financiamiento del SFS está anclado en salarios que avanzan lentamente y en trayectorias contributivas incompletas. La estabilidad macroeconómica convive con una estructura contributiva estrecha.

La pobreza monetaria, situada en 23%, y la extrema en 3.2%, limitan aún más el espacio del aseguramiento porque quienes se encuentran en los quintiles inferiores dependen del SENASA, que a su vez concentra el mayor volumen de riesgo epidemiológico. Durante 2024 y 2025, la ARS pública experimentó incrementos en las hospitalizaciones, condiciones crónicas complejas y uso de tecnologías de alto costo. Este comportamiento es coherente con el perfil demográfico nacional, caracterizado por una población que envejece y que acumula factores de riesgo desde edades más tempranas. La estabilidad económica no modifica esa tendencia; simplemente permite observarla con una mayor claridad.

El mercado de la salud amplifica estas tensiones. Aunque la inflación general proyectada es de 3.7%, los componentes sanitarios se mueven con dinámicas propias. Medicamentos importados, terapias innovadoras, insumos especializados y equipos de diagnóstico responden a mercados globales cuyo ritmo supera con facilidad el de la inflación agregada. El costo de una tecnología no espera el ciclo económico local. Es precisamente esta diferencia entre inflación general e inflación médica lo que erosiona la suficiencia del per cápita vigente. El catálogo no creció al ritmo de la tecnología; los precios no se ajustaron al valor terapéutico; las tarifas no acompañaron la complejidad del proceso clínico. El resultado es un sistema que opera con estructuras rígidas frente a una demanda sanitaria en expansión.

El mercado del aseguramiento reproduce el mismo patrón. El sistema funciona sobre una lógica contributiva que asume una relación estable entre empleo formal y financiamiento. Pero la realidad laboral dominicana —con movilidad, informalidad y trayectorias interrumpidas— limita la base efectiva del seguro. El crecimiento del PIB, por sí solo, no incrementa la densidad contributiva. Y sin densidad, ni las pensiones ni el seguro familiar de salud pueden proyectar sostenibilidad futura. El FMI subraya la necesidad de eficiencia en el gasto social, no como advertencia, sino como reconocimiento de que el país debe administrar una demanda creciente con ingresos que avanzan a un ritmo distinto.

El sector privado de salud enfrenta presiones similares y la estabilidad macroeconómica no garantiza estabilidad financiera a nivel de clínica o de proveedor. La estructura de costos cambia más rápido que los reembolsos; la innovación tecnológica presiona los márgenes; y los recursos humanos especializados —cuyo costo crece sostenidamente— reflejan un mercado laboral sanitario cada vez más competitivo. La salud del mercado, entendida como la capacidad de los prestadores para sostener la calidad, está profundamente condicionada por esta asimetría entre costos y tarifas.

Las pensiones completan el cuadro en una economía que crece cerca del 3% con un mercado laboral fragmentado que genera carreras contributivas insuficientes para garantizar ingresos adecuados en la vejez. El país tiene 10.8 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$11,542, pero enfrenta una transición demográfica acelerada que aumentará la proporción de dependientes y presionará los sistemas de ingreso, salud y cuidados. La evidencia regional muestra que los países que no anticipan este cambio se ven obligados a realizar ajustes fiscales tardíos o a enfrentar aumentos pronunciados en la pobreza y en la vejez (CEPAL, 2023).

La fortaleza del análisis del FMI radica en mostrar que la economía tiene fundamentos sólidos; la fortaleza del análisis local está en identificar que esos fundamentos no resuelven automáticamente las presiones del sistema social. El desafío dominicano no es solo estabilizar su economía —esa tarea se está cumpliendo—, sino también lograr que la estabilidad económica sostenga un sistema de salud y de pensiones adecuado para su realidad demográfica. La distancia entre estas dos velocidades define el horizonte del país. Allí se jugarán las decisiones que marcarán la próxima década.

Referencias

Barber, S. L., Lorenzoni, L., & Ong, P. (2022). The economics of health financing in middle-income countries. World Bank Group.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). Panorama social de América Latina y el Caribe 2023. CEPAL.

Institute for Health Metrics and Evaluation. (2024). Global Burden of Disease Study 2024 results. IHME.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Health at a Glance 2023. OECD Publishing.

Organización Mundial de la Salud. (2022). World report on ageing and health. OMS.