Sos se inunda Santo Domingo

Basta mirar las imágenes recientes en el Distrito Nacional para entender que no se trata de un evento aislado, ni de una "lluvia fuerte" que sorprendió a todos, sino de la repetición de un patrón que hemos decidido tolerar; calles convertidas en cauces improvisados, vehículos varados en minutos, negocios forzados a cerrar, familias atrapadas en puntos críticos donde el agua asciende con rapidez, mientras la ciudad deja expuestas, sin matices, sus fallas estructurales más básicas.

El problema no comienza con la lluvia, comienza mucho antes, en la forma en que hemos ocupado el territorio; la expansión urbana sin criterio, la impermeabilización progresiva del suelo, el predominio del concreto sobre cualquier lógica de absorción, la eliminación silenciosa de drenajes naturales que antes cumplían una función, todo ello ha ido configurando una ciudad que no infiltra, que no retiene, que no conduce adecuadamente, una ciudad que no tiene capacidad real para manejar el volumen de agua que recibe en episodios intensos.

A esto se suma la ausencia de planificación hidráulica moderna, que en otras ciudades vulnerables ha sido asumida como una prioridad estratégica y no como un lujo invisible; basta mirar el caso de Nueva Orleans, donde la infraestructura de bombeo no es una opción, es una condición de supervivencia, un sistema complejo que permite extraer el agua de sectores que, por su geografía, tienden a inundarse, no por una concesión de la naturaleza, sino por una decisión técnica sostenida en el tiempo.

Aquí, en cambio, seguimos atrapados en la lógica de la obra visible, del impacto inmediato, del corte de cinta que produce titulares; un sistema de drenaje eficiente no se exhibe, no se fotografía con facilidad, no genera rédito político inmediato, y por eso se posterga, mientras se privilegia lo que sí se ve, lo que sí se puede inaugurar, aunque no resuelva lo esencial; esa desconexión entre necesidad y decisión es uno de los núcleos más preocupantes del problema.

No se puede omitir tampoco la responsabilidad ciudadana, aunque conviene mirarla con mayor profundidad; el manejo de desechos sólidos en el país es deficiente en dos direcciones: por un lado, persiste una práctica extendida de disposición inadecuada de basura, que termina en calles, filtrantes y cañadas, obstruyendo los pocos sistemas de drenaje disponibles, agravando cualquier episodio de lluvia; por otro lado, el propio Estado y los gobiernos locales no han sido capaces de articular un sistema eficiente de recolección, clasificación y aprovechamiento de residuos, lo que impide cualquier cultura de separación en origen, reciclaje o reutilización, y convierte la basura en un problema acumulativo que termina, inevitablemente, en los puntos más bajos de la ciudad, allí donde el agua también busca salida.

Lo que rara vez se cuantifica, y por tanto no se dimensiona, es el costo real de este desorden; cada evento de este tipo arrastra pérdidas que no se consolidan en una cifra nacional, pero que golpean de manera directa a hogares, pequeños comercios, empresas que detienen operaciones, aseguradoras que asumen sin que exista un debate público serio sobre sostenibilidad, un aparato productivo que pierde horas, inventarios, continuidad, y en el extremo más doloroso, vidas humanas que quedan reducidas a estadísticas episódicas.

Hay, sin embargo, una dimensión que trasciende lo económico y que empieza a rozar lo inaceptable: la afectación a la dignidad humana. No se trata únicamente de familias que exponen su vulnerabilidad, que abandonan sus hogares y buscan resguardo de emergencia en casas de vecinos; es también la imagen de cementerios alterados por las corrientes, ataúdes desplazados fuera de su lugar, escenas que no deberían formar parte de la vida urbana y que revelan hasta qué punto el desorden ha sobrepasado límites que una sociedad no debería normalizar; a ello se suma un problema de salud pública que rara vez se menciona con la seriedad que amerita: la acumulación de aguas contaminadas, la descomposición orgánica expuesta, la presencia de mosquitos y otros focos de infección en entornos donde el control sanitario es inexistente, condiciones propicias para enfermedades como el dengue o la malaria, que encuentran en estos escenarios un terreno fértil para expanderse sin control.

Este no es solo un problema urbano, es un problema económico y social que ya está afectando a sectores concretos que tienen capacidad de incidir y que, sin embargo, permanecen al margen de una discusión estructural; comerciantes que pierden inventarios, aseguradoras que absorben riesgos crecientes, desarrolladores inmobiliarios que ven comprometida la viabilidad de sus proyectos, juntas de vecinos que enfrentan de forma recurrente los mismos eventos, todos ellos tienen razones suficientes para exigir soluciones y para articularse en torno a un proyecto común que empuje a las autoridades a actuar.

El país necesita, con urgencia, un cambio de enfoque; no basta con reaccionar, con limpiar después, con prometer soluciones cada vez que ocurre un evento de este tipo, se requiere una política pública sostenida que aborde el drenaje urbano como infraestructura crítica, que incorpore sistemas de bombeo donde sean necesarios, que revise los patrones de construcción, que recupere espacios de absorción, que imponga reglas claras sobre el uso del suelo, que organice un sistema moderno de gestión de residuos sólidos, desde la recolección hasta la clasificación y reutilización, y que integre educación ciudadana con cumplimiento efectivo, de forma que la conducta individual no siga siendo un factor que agrava un problema estructural.

Persistir en la inercia actual equivale a aceptar que cada temporada de lluvias traerá consigo el mismo guion, las mismas imágenes, las mismas pérdidas; no es una abstracción, ya hemos visto hasta dónde puede escalar el descuido cuando la infraestructura falla en momentos críticos, como ocurrió el 18 de noviembre de 2023, con el derrumbe parcial del paso a desnivel de la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, donde varias personas perdieron la vida, incluso visitantes extranjeros, en una escena que todavía pesa en la memoria colectiva. Romper ese ciclo requiere presión social organizada, demanda técnica bien estructurada y una decisión política que entienda que lo invisible también construye ciudad, porque el costo no es futuro, es presente, en un país que ya lo está pagando.