Una potencia revela su idea del orden internacional por las obligaciones que está dispuesta a asumir y por los límites que reconoce a su propia actuación. La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, celebrada en Shenzhen el 19 de noviembre, permite examinar esa relación. Su declaración combina propósitos de cooperación con una defensa de las prerrogativas estatales. Los resultados publicados no establecen un nuevo orden, pero plantean una cuestión que acompañará cualquier negociación posterior: cuánta responsabilidad común pueden aceptar tres gobiernos cuando sigue abierta la disputa sobre quién puede exigirles que cumplan.

La versión difundida por la Casa Blanca confirma los cuatro puntos del documento publicado por el Gobierno chino: compromiso de impulsar una reforma de la ONU, sin propuesta concreta; intención de aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados; defensa del consentimiento estatal y las inmunidades ante la justicia internacional; diálogo sobre riesgos nucleares y proliferación. Washington ofrece así una fuente oficial para evaluar una posición compartida. Esa coincidencia permite atribuir el pronunciamiento a los tres gobiernos; su eficacia dependerá de las decisiones que adopten para desarrollarlo.

El significado político de esa selección merece tanta atención como sus insuficiencias. Es posible cooperar para contener determinados peligros y mantener, al mismo tiempo, diferencias profundas sobre el ejercicio de la autoridad. Shenzhen hace visible esa posibilidad. La pregunta relevante para el día siguiente es cómo convertir una coincidencia de intereses en compromisos que puedan sostenerse cuando cumplirlos resulte costoso. Ahí comienza la distancia entre una convergencia diplomática y un arreglo capaz de organizar de manera duradera las relaciones internacionales.

Una agenda que permite coincidir

Un acuerdo entre rivales necesita un terreno negociable. Cuanto mayor sea la cantidad de controversias que se pretende resolver simultáneamente, más difícil puede resultar la aceptación de cualquier compromiso. Una agenda acotada permite avanzar donde existe alguna compatibilidad de intereses, aunque permanezcan desacuerdos en otros ámbitos. Esa es una lectura posible de Shenzhen: los participantes identificaron asuntos sobre los cuales podían formular una posición conjunta. El texto público no permite determinar qué concesiones, reservas o intercambios hicieron posible esa selección; atribuirles una negociación secreta específica excedería la evidencia disponible.

Los temas elegidos contienen, además, problemas de naturaleza distinta. Prevenir una catástrofe, sostener un abastecimiento, reformar una organización y delimitar la jurisdicción de un tribunal exigen instrumentos diferentes. Su presencia en un mismo documento no los convierte en un programa integrado. Sin embargo, permite reconocer una tensión común: los Estados necesitan cooperación para afrontar problemas que rebasan sus fronteras, mientras conservan un interés decisivo en definir el alcance de las decisiones externas que pueden afectarlos. Esa tensión organiza el encuentro mejor que la búsqueda apresurada de una nueva distribución del mundo.

La formulación general de los compromisos puede facilitar el consenso inicial porque aplaza cuestiones distributivas. Es relativamente sencillo compartir un objetivo amplio; resulta más difícil convenir quién aporta recursos, quién obtiene beneficios, quién acepta restricciones y quién decide ante un incumplimiento. La ambigüedad tiene, por tanto, una utilidad diplomática y un costo político. Puede permitir que una conversación empiece, pero también dejar que cada gobierno interprete el acuerdo de manera diferente. La continuidad dependerá de que esas interpretaciones encuentren posteriormente un contenido compatible.

Una declaración conjunta también crea una referencia pública. Los gobiernos, sus interlocutores y sus sociedades pueden contrastar las conductas posteriores con lo anunciado. Ese efecto no garantiza el cumplimiento, aunque eleva la posibilidad de exigir explicaciones por la distancia entre las palabras y los actos. La publicación por las distintas capitales refuerza la atribución política del compromiso. Conviene valorar esa responsabilidad declarada sin confundirla con la existencia de un procedimiento común para ejecutarla, verificarla o resolver los desacuerdos que puedan surgir.

Administrar los costos de la rivalidad

Los asuntos nuclear y energético ilustran por qué la competencia puede coexistir con la cooperación. Un gobierno puede aspirar a mejorar su posición frente a otro y, a la vez, tener interés en evitar una escalada o una perturbación económica que perjudique sus propios objetivos. Esa coincidencia nace de la exposición a ciertos costos, no necesariamente de una visión compartida del mundo. Reconocerla permite explicar el valor de un diálogo entre adversarios sin suponer una reconciliación estratégica ni un cambio de alianzas que el documento no anuncia.

En materia nuclear, los tres líderes reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. La declaración compromete a dialogar sobre reducción de riesgos y prevención de la proliferación, sin establecer un calendario ni medidas de reducción de arsenales. Esa falta de concreción impide presentar el anuncio como un proceso negociador ya organizado. La utilidad potencial del intercambio sigue siendo considerable: unas conversaciones podrían aclarar percepciones de amenaza, mejorar la comunicación ante incidentes o preparar medidas recíprocas de reducción de riesgos. Son posibilidades, no decisiones adoptadas en Shenzhen. Cada una requeriría acordar su alcance y las condiciones bajo las cuales los participantes considerarían que mejora su seguridad.

Una medida hipotética de aviso previo sobre determinadas actividades militares podría reducir el riesgo de que el rival las interprete como preparación de un ataque. Para sostenerla, cada gobierno tendría que compartir información y contar con avisos equivalentes de los demás. El beneficio común exigiría así una conducta propia que pudiera contrastarse y una regla de reciprocidad. Shenzhen no anuncia esa medida; el ejemplo permite entender qué clase de negociación separa la voluntad de dialogar de una reducción efectiva de riesgos.

La intención de ampliar los suministros de productos refinados plantea un problema semejante en un terreno distinto. Un anuncio de mayor oferta no permite anticipar por sí solo una caída de precios: también influyen la demanda, los costos de transporte y las condiciones efectivas de comercialización. Los efectos dependerían de cuánto se produzca, de dónde llegue el suministro y de qué obstáculos se remuevan. El compromiso expresa una orientación, pero todavía no permite calcular sus consecuencias para las economías y los consumidores.

Tampoco existe una identidad automática de preferencias entre quienes producen, transforman, exportan o consumen energía. Un abastecimiento más previsible puede beneficiar a varios actores mientras distribuye de manera desigual ingresos y costos. Precisar esa distribución sería parte de cualquier acuerdo operativo. La cooperación podría resultar útil incluso con objetivos limitados, siempre que produzca mejoras reconocibles. Atribuirle desde ahora una reorganización del sistema energético supondría dar por resueltas negociaciones comerciales, decisiones empresariales y condiciones materiales que el pronunciamiento no desarrolla.

Estos dos campos permiten situar la cumbre en una escala proporcionada. La reducción de riesgos y la previsibilidad económica pueden ser bienes valiosos aun cuando persista la competencia política. Una cooperación de ese tipo administra consecuencias de la rivalidad y puede moderar algunas de sus expresiones. Para convertirse en un principio ordenador más amplio tendría que adquirir continuidad y establecer obligaciones recíprocas. La importancia de los problemas abordados no determina, por sí misma, la profundidad institucional de la respuesta.

La autoridad internacional bajo discusión

La relación entre la reforma de la ONU y la posición sobre la justicia internacional conduce al núcleo del argumento. Fortalecer una institución exige decidir qué capacidad de actuación se le atribuye; defender las prerrogativas estatales exige precisar dónde termina esa capacidad. Ambos propósitos pueden ser compatibles si existen reglas claras y aceptadas. La dificultad comienza cuando el acuerdo sobre la necesidad de cooperar deja pendiente la autoridad que reconocerá cada participante a las instituciones, especialmente cuando sus decisiones le resulten desfavorables.

La discusión sobre representación tiene un antecedente multilateral concreto. El Pacto para el Futuro, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre de 2024 mediante la resolución 79/1, propuso, en su Acción 39, corregir prioritariamente la injusticia histórica contra África y mejorar la representación insuficiente de Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. También planteó una mayor presencia de países en desarrollo y Estados pequeños y medianos en el Consejo de Seguridad. Son parámetros políticos para negociar, no una reforma ya ejecutada.

Ese antecedente impide tratar la reforma como una tarea que empieza con la conversación de tres mandatarios. Existe una agenda en la cual otros Estados han formulado aspiraciones y criterios. Una propuesta futura tendría que relacionarse con ese debate y explicar cómo distribuiría capacidad de decisión. La eficacia tampoco se reduce a decidir con rapidez: importa que las decisiones puedan aplicarse, que reciban cooperación y que quienes soportan sus consecuencias encuentren vías de participación. La representación puede contribuir a esas condiciones, aunque no elimine los conflictos de intereses.

La referencia al consentimiento y a las inmunidades frente a la Corte Penal Internacional introduce otra dimensión de esa disputa. Es legítimo debatir el alcance de la jurisdicción, las garantías procesales y las obligaciones de cooperación. Una institución judicial también debe actuar conforme a sus competencias. Pero la precisión jurídica exige distinguir la crítica de una actuación concreta, la interpretación de las reglas vigentes y la pretensión de modificarlas. Una declaración política de tres gobiernos no resuelve por sí sola esas cuestiones ni sustituye los procedimientos correspondientes.

Los artículos 12 y 13 del Estatuto de Roma muestran por qué el consentimiento no equivale a una autorización particular del Estado de nacionalidad para cada caso. En las vías previstas por el Estatuto pueden operar, bajo sus condiciones, el vínculo territorial o el de nacionalidad; existe, además, la remisión del Consejo de Seguridad conforme al capítulo VII de la Carta. Esta precisión no decide las controversias sobre inmunidades, admisibilidad o cooperación. Evita presentar una fórmula política general como si describiera de manera completa el régimen jurídico aplicable.

Para evaluar la posición de las potencias conviene, entonces, preguntar por la coherencia de las reglas que defienden. El respeto a la soberanía protege también a los Estados con menor capacidad material y a sus instituciones. Si se reclama una limitación de la autoridad internacional, debe explicarse con criterios que puedan aplicarse de manera consistente a situaciones comparables. La credibilidad de cualquier reforma dependerá, entre otras cosas, de que sus promotores acepten las consecuencias de las reglas también cuando no favorezcan sus preferencias inmediatas.

La legitimidad fuera de la sala

El poder de tres gobiernos para influir sobre una negociación no les atribuye una representación universal. Los Estados y las sociedades afectados conservan intereses propios, derechos y capacidad para facilitar o dificultar la aplicación de decisiones. Su participación importa tanto por razones de legitimidad como por razones prácticas: aporta información, permite identificar costos y puede mejorar la aceptación de un arreglo. Cuanto más amplias sean las consecuencias de lo negociado, mayor será la necesidad de relacionar el entendimiento entre las potencias con quienes deban convivir con sus resultados.

La declaración no menciona a Ucrania ni contiene un arreglo sobre la guerra. Según la reseña de la Cancillería china, los tres mandatarios sí abordaron el conflicto. Si una aproximación entre potencias diera lugar a una propuesta de paz, su viabilidad dependería también de la participación de Ucrania y de garantías que pudieran sostenerse.

Reconocer ese límite tampoco obliga a exigir que todas las negociaciones se realicen, desde su primera conversación, con la presencia simultánea de todos los interesados. La diplomacia puede avanzar por etapas y mediante distintos formatos. Una aproximación entre potencias puede abrir oportunidades para procesos más amplios. La cuestión es cómo se conectan esas fases: quién puede introducir propuestas, qué decisiones siguen abiertas y en qué momento participan quienes asumirán obligaciones. Una consulta realizada cuando lo sustancial ya está decidido ofrece una participación de alcance muy distinto.

Desde la República Dominicana, la discusión puede acercarse a preguntas concretas: qué condiciones favorecen un suministro energético previsible, cómo se contienen riesgos que atraviesan fronteras y qué voz tienen los países pequeños en las instituciones que deben responder. Los beneficios materiales de una cooperación eficaz merecen atención. También la merece la capacidad de influir sobre reglas que afectarán decisiones nacionales. Ambas preocupaciones pueden integrarse en una política exterior que busque resultados útiles y preserve espacios de participación.

La desigualdad de recursos entre los Estados limita lo que cada uno puede conseguir, pero no vuelve irrelevantes las normas ni la acción colectiva. Una regla previsible permite formular reclamaciones, establecer alianzas y evaluar conductas con criterios compartidos. Su aplicación puede ser desigual; esa dificultad exige mejorar las instituciones y utilizar sus posibilidades con realismo. Para los países de menor tamaño, una eventual reforma debería juzgarse también por la capacidad que ofrezca para intervenir en decisiones, además de por las promesas de eficiencia formuladas por quienes ya ejercen mayor influencia.

Un orden también distribuye obligaciones

Un orden internacional supone cierta regularidad en la distribución de autoridad, en las expectativas de conducta y en los mecanismos para gestionar controversias. Puede contener jerarquías e injusticias; su existencia no equivale a su legitimidad. También puede transformarse gradualmente, mediante prácticas y acuerdos sucesivos, sin una conferencia fundacional única. Esta precisión evita exigir a Shenzhen un tratado definitivo para reconocer cualquier avance, pero obliga a identificar cambios duraderos antes de atribuirle la creación de una arquitectura internacional distinta.

La comparación con Yalta y Potsdam adquiere otra utilidad si se examina quién queda obligado. En Yalta, la fórmula de votación del futuro Consejo de Seguridad incorporó una posición privilegiada para las grandes potencias. En Potsdam, la desmilitarización de Alemania impuso condiciones al país derrotado y tareas de administración a los vencedores. Esos acuerdos, recogidos en la documentación histórica del Departamento de Estado estadounidense, muestran que establecer un orden y distribuir equitativamente sus obligaciones son cuestiones distintas. La referencia a 1945 permite preguntar a quiénes alcanzarían las restricciones de un futuro arreglo y cuáles aceptarían sus propios promotores.

Shenzhen sitúa la discusión dentro de instituciones existentes y deja pendiente cómo se modificarían sus atribuciones y sus compromisos. Esa orientación puede conducir a ajustes útiles, a una concertación más estable o a conversaciones sin continuidad. El resultado no está predeterminado. El paso decisivo consistiría en que las partes vincularan sus demandas con obligaciones propias: qué conductas limitarían, qué información compartirían y qué procedimientos aceptarían cuando surgieran diferencias. Esa reciprocidad daría contenido a la responsabilidad que invocan al ocuparse de asuntos con consecuencias mundiales.

Al cierre de la cumbre, la evidencia permite reconocer una convergencia política limitada y una oportunidad de negociación. No permite atribuirle un nuevo orden. El juicio puede cambiar si se desarrollan acuerdos y prácticas que transformen las relaciones entre los participantes y con los demás Estados. Por ahora, la medida más exigente de su responsabilidad será lo que acepten comprometer sobre su propia conducta. Tres potencias pueden abrir una conversación de alcance mundial; la autoridad para organizar una convivencia duradera se construye también con obligaciones que ellas mismas estén dispuestas a cumplir.

José Manuel Jerez

Jurista – Politólogo

El autor es abogado, con dos Maestrías Summa Cum Laude, respectivamente, en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional; Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Docente a nivel de posgrado en ambas especialidades. Licenciado en Lenguas Modernas. Postgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Maestrando en Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Diplomado en Ciencia Política y Derecho Internacional, por la Universidad Complutense de Madrid, UCM.

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