Decir que la mediocridad es funcional no equivale a decir que alguien la planificó. Las explicaciones funcionales tienen mala fama en las ciencias sociales, y la merecen cuando reemplazan los mecanismos por intenciones ocultas. En este caso los mecanismos están a la vista. Cuento tres.
El primero es el ministerio como botín. El Minerd es el mayor empleador del país y maneja la segunda partida del presupuesto. Más de la mitad de ese dinero, el 56 %, es nómina. El resto incluye construcciones, libros y un programa de alimentación escolar que mueve decenas de miles de millones de pesos al año en contratos. Para un partido que acaba de ganar, no hay en el Estado una reserva mayor de empleos y compras. Direcciones regionales, distritos y cargos administrativos cambian de manos con cada gobierno, y el director distrital que debe su puesto a un dirigente local le responde a ese dirigente.
El segundo es el pacto tácito con la dirigencia gremial. La Asociación Dominicana de Profesores nació para defender a un magisterio maltratado y lo consiguió; el salario docente dominicano dejó de ser una vergüenza. Pero la negociación se quedó congelada en un guion: pliego salarial, paro, acuerdo. El gobierno compra paz y anuncia que invierte en los maestros. La dirigencia exhibe una conquista. De lo que ocurre dentro del aula no se habla, porque a ninguna de las dos partes le conviene abrir esa conversación. Merilee Grindle estudió las reformas educativas latinoamericanas de los noventa y encontró la misma asimetría en todas: quienes pierden con la reforma están organizados y saben lo que pierden; quienes ganarían, niños y padres pobres, no tienen sindicato. Quiero ser claro en algo que suele torcerse. El problema no es que los maestros estén organizados; un magisterio sin sindicato sería más fácil de precarizar, no de mejorar. El problema es de qué se ha permitido que trate la negociación.
El tercero es el modelo económico. Bowles y Gintis mostraron hace medio siglo que la escuela tiende a parecerse al trabajo que espera a sus egresados. Turismo, zonas francas, comercio y construcción piden puntualidad, obediencia y bajo costo. No piden, en la escala que haría falta, ingenieros ni diseñadores ni técnicos capaces de discutir un procedimiento. El 53.8 % de los ocupados trabaja en la informalidad, según el Banco Central, y para vender en una esquina o manejar un motoconcho el diploma es un adorno. Un empresariado que no necesita trabajadores calificados no presiona por escuelas buenas. Y una clase política que gana elecciones repartiendo empleos y favores no tiene interés en votantes que pidan cuentas.
Un ministerio que deje de ser botín
Aquí es donde un presidente paga el precio dentro de su propio partido. Despolitizar el ministerio significa quitarle a la maquinaria que lo llevó al poder su mayor fuente de empleos. No conozco una forma indolora de hacerlo. Sí hay una forma ordenada.
Los directores regionales, distritales y de centro deben salir de concursos públicos, con períodos fijos de cinco o seis años que no coincidan con el calendario electoral. Sobral empezó por ahí. El director de escuela necesita además poder real: opinar sobre quién integra su equipo y manejar un presupuesto propio, publicado centro por centro, bajo la vigilancia de un consejo donde padres y maestros tengan voto. Toda autoridad tiene que justificarse ante quienes la padecen, y esa exigencia tiene una traducción administrativa muy concreta: el control de la escuela debe estar lo más cerca posible de la comunidad a la que sirve. La Ley 66-97 ya creó juntas descentralizadas. Existen, con recursos mínimos y sin capacidad de decidir casi nada.
La evaluación del sistema tiene que salir del ministerio evaluado. Hace falta un instituto autónomo, con una junta de período fijo y presupuesto protegido, que mida y publique sin depender del ministro para conservar el cargo. Y las compras grandes, comenzando por la alimentación escolar, deben hacerse por licitación abierta y con todos los datos a la vista. Cada peso que se queda en un contrato inflado es un peso que no llegó a un niño, pero el daño mayor es otro: mientras el ministerio sea negocio, atraerá a quienes buscan negocios.
Lo que le costará a quien lo intente
Nada de lo anterior requiere más del 4 %. Requiere gastar distinto: menos en cemento y en actos, más en los primeros años de vida y en el oficio de enseñar. Yo no pediría un peso adicional antes de haber cambiado quién nombra a los directores.
Tampoco la escuela puede sola. Si el país forma jóvenes capaces y su economía sigue ofreciendo empleos de camarero y de operario, esos jóvenes harán lo que ya hacen los mejores: irse. La reforma educativa tiene que ir amarrada a una política productiva que cree demanda de conocimiento, y a una educación técnica que no sea el premio de consuelo de quien no llegó a la universidad. Sin eso, el Estado dominicano terminaría subsidiando la mano de obra calificada de otros países.
Lo que la reforma sí consume, y en cantidad, es capital político. Ese presidente tendrá en contra a los dirigentes de su partido que viven de los nombramientos, a la cúpula gremial que domina un solo libreto, a los contratistas y a una parte del negocio de los colegios. Tendrá a favor a quienes nunca han sido convocados: los padres de dos millones de estudiantes, los maestros de aula hartos de ser tratados como masa de maniobra, los empresarios que ya no encuentran a quién contratar. La coalición del 4 % probó en 2012 que la sociedad dominicana puede imponerle una agenda educativa a su clase política. Aquella vez pidió dinero. La próxima tendrá que pedir algo más difícil de contar.
No me hago ilusiones sobre el orden en que vivimos. Una escuela que enseñe a pensar formará ciudadanos más difíciles de gobernar con favores y trabajadores menos dispuestos a aceptar cualquier salario, y por eso no existe todavía. Pero las sociedades tienen fisuras. En la dominicana hay sectores a los que el modelo de mano de obra barata ya les queda chico, y hay una generación de padres que hizo el sacrificio del colegio privado y descubrió que tampoco ahí estaba lo que buscaba. Por esas fisuras cabe una reforma.
Hostos se fue del país en 1888, cansado de un gobierno al que le estorbaban sus maestros. Volvió en 1900 y murió aquí tres años después, con la escuela que soñó a medio hacer. Sus normalistas siguieron enseñando. Va siendo hora de terminar lo que empezaron.
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