Este artículo constituye la segunda entrega de un conjunto de 5, que intenta fundamentar el rol del capital humano como clave central para alcanzar la Meta de duplicar el PIB para 2036. Crecer exige producir más y mejor, pero también entender la formación del capital humano como infraestructura productiva, comprender que más escolaridad no significa necesariamente más productividad, y que la forma y función del órgano rector importa, tanto como el tiempo de las reformas.
En la República Dominicana resulta relativamente sencillo reconocer una obra pública. Una carretera se puede recorrer, un puente permite conectar dos localidades, una subestación eléctrica promete energía para nuevos emprendimientos, un puerto abre oportunidades para expandir el comercio exterior. Existe, sin embargo, otra infraestructura menos visible, erigida lentamente en la inteligencia, las habilidades y los conocimientos de las personas. De ella depende el rendimiento de todas las otras inversiones e infraestructuras.
La educación ha sido entendida, con justicia, como un derecho y también como política social. Amplía ciudadanía, movilidad, oportunidades y libertades individuales. Ninguna consideración económica disminuye esos atributos. Pero una sociedad que se propone transformar su estructura productiva necesita reconocer una dimensión adicional. El sistema educativo, junto con la formación técnica y profesional, constituye una parte esencial de su infraestructura económica y esa dimensión y forma de interpretar a la educación debe ser redefinida a la luz de la nueva agenda de desarrollo nacional. En particular en el marco de la META RD 2036.
El capital humano es, ciertamente, uno de los frutos del desarrollo, pero también una condición para producirlo. No se trata de una relación automática. Los años de escolaridad, los títulos académicos y los certificados de capacitación pierden buena parte de su valor cuando no expresan aprendizajes verificables y competencias capaces de transformar la realidad y de insertarse en las cadenas productivas para generar valor.
El diagnóstico realizado por la Mesa Transversal de Capital Humano de META RD 2036 permitió identificar tres brechas que ayudan a comprender la magnitud del desafío. La primera es de acceso. Comprende las oportunidades para ingresar, permanecer y progresar en la educación. No termina cuando se abre la puerta de una escuela. Incluye las condiciones que permiten completar estudios y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
La segunda brecha es de calidad. Aparece cuando haber cursado determinados años de educación no garantiza el dominio de las competencias previstas por el currículo ni aquellas que otros sistemas educativos consiguen desarrollar en períodos semejantes. Las evaluaciones internacionales muestran progresos que conviene reconocer, pero también aprendizajes todavía insuficientes, especialmente en lectura y matemáticas. Si, solo 9 de cada 100 jóvenes escolarizados son capaces de sortear el nivel mínimo suficiente en el área de matemáticas el país enfrenta un problema de corte estructural que limitará cualquier posibilidad estable de desarrollo. Esa insuficiencia restringe el avance hacia actividades productivas más complejas y limita las posibilidades de movilidad social.
La tercera brecha es de pertinencia. Surge cuando las capacidades enseñadas no responden suficientemente a las necesarias para trabajar, emprender, innovar y vivir en sociedad. Conviene evitar un equívoco. Pertinencia no significa subordinar la escuela a la vacante que una empresa necesita cubrir mañana ni en el corto plazo. Supone, sobre todo, ofrecer una sólida formación general y construir puentes flexibles hacia ocupaciones, tecnologías y sectores que cambian rápidamente.

Las tres brechas se condicionan mutuamente. Ampliar cobertura sin asegurar aprendizaje puede mejorar las estadísticas de matrícula mientras persiste la fragilidad de las capacidades. Mejorar la calidad de programas desconectados de las oportunidades del entorno reduce el impacto de ese esfuerzo sobre la movilidad y el bienestar. Organizar toda la formación en función de demandas inmediatas expone a los trabajadores a una obsolescencia prematura. La política pública debe comprenderlas como partes de un mismo problema.
Las conversaciones de la Mesa Transversal permitieron observar ese problema desde las empresas y los sectores productivos. Los tiempos de la educación y los de la economía rara vez coinciden. La escuela organiza sus procesos en ciclos de larga duración. Las empresas necesitan competencias en cuestión de meses. Los reguladores requieren procedimientos y autorizaciones. Los estudiantes toman decisiones sobre su futuro con información incompleta. Los inversionistas, entretanto, examinan la disponibilidad del talento antes de comprometer recursos.
Esa desalineación temporal tiene costos que no siempre aparecen en la contabilidad nacional. Una inversión se posterga, una tecnología demora en adoptarse, una empresa importa capacidades que hubiera podido desarrollar localmente o un joven descubre que su titulación no le abre las oportunidades que imaginaba. El daño no consiste únicamente en empleos que no llegan a crearse. Se expresa también en aspiraciones frustradas y años de esfuerzos desperdiciados que no traccionan hacia todo su potencial.
Por eso una estrategia de capital humano no puede confundirse con una suma de cursos, becas o anuncios de nuevas carreras. Su propósito debe ser construir un sistema capaz de anticipar necesidades, traducirlas en ofertas formativas, reconocer competencias adquiridas por distintas vías y acompañar las transiciones laborales. Los observatorios de habilidades, el seguimiento de egresados, las certificaciones acumulables y el diálogo permanente entre centros educativos y empresas son instrumentos para acortar esa distancia. Su valor dependerá menos de su existencia formal que de la calidad de la información y de las decisiones que permitan adoptar.
El territorio introduce una exigencia adicional. Las oportunidades de desarrollo no tienen idéntica distribución geográfica ni requieren las mismas especializaciones. Allí donde crece la manufactura avanzada se demandan técnicos en automatización, mantenimiento y control de calidad. La agroindustria necesita competencias en cadena fría, trazabilidad y transformación de alimentos. El turismo demanda idiomas, gestión y servicios de mayor sofisticación. La logística y los servicios digitales necesitan analítica, seguridad informática y dominio tecnológico. Una política nacional debe preservar una base educativa común y, al mismo tiempo, aprender a reconocer la diversidad productiva de sus regiones.
A esa arquitectura debe incorporarse una dimensión frecuentemente postergada. La formación de adultos. Buena parte de quienes sostendrán la economía de la próxima década ya terminaron la escuela. Muchos trabajan en pequeñas empresas, en ocupaciones informales o en sectores donde la tecnología modificará la naturaleza de sus tareas. Han dejado hace años las aulas y o bien no tienen las competencias necesarias o las que alguna vez adquirieron están completamente obsoletas. Esperar que las nuevas generaciones resuelvan por sí solas todas las brechas equivaldría a renunciar a una porción decisiva del horizonte de META RD 2036. La capacitación en el trabajo, el reconocimiento de saberes previos y las modalidades flexibles deben adquirir una importancia comparable a la educación inicial de los jóvenes.
El PNUD ha planteado recientemente una reflexión semejante desde el análisis de la productividad empresarial. La inversión física no genera resultados por sí sola. Importan la capacidad organizacional, el aprendizaje sistemático, la información disponible y la integración del talento a procesos que crean valor. Esa observación empresarial puede trasladarse, con las debidas diferencias, al sistema educativo. El presupuesto crea condiciones, pero la transformación ocurre cuando esas condiciones se convierten en aprendizajes.
La experiencia dominicana desde 2013 ofrece una lección que sería imprudente desconocer. La asignación presupuestaria equivalente al 4% del PIB estimado amplió las posibilidades materiales del sistema y permitió financiar programas indispensables. Sin embargo, el incremento de los recursos no produjo, en la misma proporción, las mejoras de aprendizaje esperadas. Sería injusto desconocer los avances registrados y también resultaría equivocado suponer que el financiamiento carece de importancia. La cuestión esencial consiste en convertir cada peso invertido en oportunidades educativas y capacidades efectivas.
En Gazebo, por un sueño país, se sitúan las restricciones estructurales de la economía dominicana y la calidad de las políticas públicas en el centro de una reflexión sobre las posibilidades del desarrollo nacional. La educación ocupa un lugar decisivo dentro de esa problemática. La prosperidad de una nación depende tanto de su capacidad para movilizar recursos como de la inteligencia con que los utiliza, de la solidez de sus instituciones y de las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos para desplegar sus capacidades. Desde esa perspectiva, el verdadero desafío educativo dominicano consiste en superar una concepción del progreso asociada principalmente a la expansión del gasto, para concentrar la atención en la calidad de los aprendizajes y en su contribución al bienestar individual y colectivo.
Este razonamiento obliga a revisar los criterios con los que tradicionalmente se evalúan las políticas de formación de capital humano. Las cifras de cobertura, matrícula y graduación resultan indispensables, pero insuficientes para conocer el valor de aquello que se está construyendo. Una sociedad necesita saber qué aprenden sus estudiantes, cómo evolucionan sus competencias, cuáles son las oportunidades que encuentran al concluir sus estudios y en qué medida la formación recibida contribuye a mejorar su productividad, sus ingresos y sus posibilidades de realización personal. También requiere conocer las necesidades de sus sectores productivos y la capacidad de las instituciones educativas para responder a ellas. Esa información, todavía fragmentada y escasamente utilizada, debería alimentar un sistema permanente de evaluación y anticipación de las competencias que demanda el desarrollo.
META RD 2036 representa, en este sentido, una oportunidad para trascender la histórica fragmentación de las políticas educativas, laborales y productivas. La transformación del capital humano exige una institucionalidad capaz de articular al Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones sociales alrededor de propósitos compartidos, sin desconocer las responsabilidades particulares de cada actor. Supone establecer prioridades, comprometer recursos, acordar resultados verificables y sostener las decisiones más allá de los ciclos gubernamentales. Pero exige, sobre todo, abandonar la complacencia con los esfuerzos realizados cuando sus consecuencias permanecen distantes de las expectativas. Una política pública adquiere verdadera relevancia cuando consigue transformar una realidad, no simplemente cuando demuestra que ha sido ejecutada.
El horizonte de 2036 ofrece una ocasión singular para reconsiderar la relación entre educación y desarrollo. En una economía mundial donde el conocimiento adquiere una importancia creciente y las tecnologías modifican con extraordinaria velocidad las formas de producir, la disponibilidad de talento dejará de ser una ventaja complementaria para convertirse en un factor determinante de competitividad. La República Dominicana podrá construir nuevas carreteras, ampliar sus puertos, modernizar sus industrias y atraer inversiones cada vez más sofisticadas. Sin embargo, el aprovechamiento de esas oportunidades dependerá de algo que ninguna infraestructura física puede sustituir. La capacidad de su población para aprender, crear, adaptarse y participar de los beneficios del progreso. Porque, en definitiva, la infraestructura económica más importante que puede construir una nación es aquella que permanece en las capacidades de su gente.
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