Presupuesto 2027: la END no se cumple con etiquetas

El debate sobre el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 debe responder una pregunta fundamental: ¿los recursos públicos están transformando las condiciones que frenan el desarrollo dominicano o seguimos financiando problemas que debimos haber corregido?

El Gobierno sostiene que el proyecto vincula RD$500,605.3 millones con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Esa clasificación merece ser examinada, pero no demuestra por sí misma el cumplimiento de la END. Identificar partidas asociadas a sus objetivos es apenas el comienzo. Lo decisivo es comprobar qué resultados producirán, en qué plazo y bajo responsabilidad de quién.

La iniciativa Meta RD 2036, impulsada mediante el Decreto 337-24 para duplicar el PIB real, declara entre sus propósitos alcanzar las metas de la END. Esa articulación debe demostrarse en la ejecución presupuestaria. Una nueva denominación gubernamental amparada en un decreto no releva al Estado de cumplir los compromisos vinculantes establecidos en la Ley Orgánica 01-12.

La END no es una referencia decorativa. Su artículo 48 exige coherencia entre la planificación y el presupuesto; el 50 dispone que el Ejecutivo remita al Congreso un informe que sustente esa vinculación; y el 51 establece su verificación y seguimiento congresual.

Por tanto, el debate debe superar las etiquetas y examinar cuánto avanzamos en las transformaciones previstas por la ley, especialmente en educación, electricidad y fiscalidad. Su postergación agrava nuestra vulnerabilidad ante los choques externos y reduce el margen para responder a las necesidades de la población.

Educación: del esfuerzo presupuestario a los aprendizajes pendientes

La asignación del 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, iniciada en 2013, respondió a una conquista ciudadana y permitió ampliar aulas, extender la jornada escolar y fortalecer la alimentación estudiantil. Esa expansión dejó una plataforma material y social importante, aunque persistieron desafíos de cobertura, calidad y gestión.

Sobre esa plataforma material correspondía dar el salto cualitativo hacia la transformación pedagógica: elevar los aprendizajes, dignificar la formación docente, incorporar tecnología con propósito y garantizar el mantenimiento oportuno de cada plantel. Es precisamente esa agenda transformadora la que permanece estancada.

La discusión no puede reducirse a cuánto aumenta el presupuesto ni a descalificar todo gasto corriente. Los salarios docentes, los materiales, la alimentación y el mantenimiento son indispensables. La pregunta es si esos recursos se administran con eficiencia pedagógica o si se diluyen en burocracia improductiva.

El Congreso debe exigir indicadores verificables de comprensión lectora, matemáticas, cobertura, disponibilidad de textos y conservación de los centros. También debe distinguir la asignación aprobada de la ejecución efectiva y verificar el cumplimiento del financiamiento legal de la educación preuniversitaria. El Pacto Educativo debe medirse por sus resultados en las aulas: sin aprendizaje verificable, el esfuerzo presupuestario pierde su capacidad transformadora.

Electricidad: compromisos que deben traducirse en resultados

El Pacto Eléctrico tampoco puede evaluarse por el acto protocolar de su firma. Su cumplimiento debe medirse por indicadores concretos: reducción sostenida de las pérdidas de distribución, mejora efectiva del servicio y alivio de la presión sobre las finanzas públicas. Lejos de avanzar en esa dirección, lo que los datos y los usuarios evidencian es un retroceso palpable.

Las transferencias destinadas a sostener a las distribuidoras compiten por recursos con hospitales, escuelas, infraestructura y seguridad. Por eso, cada asignación debe acompañarse de metas de reducción de pérdidas, inversión en redes, mejora de cobros y rendición de cuentas.

El Congreso debe distinguir cuánto se destina a compensar la tarifa, cuánto cubre ineficiencias operativas y cuánto financia inversiones capaces de corregirlas. También debe comparar lo ejecutado en 2026 con lo solicitado para 2027, evitando que las transferencias extraordinarias terminen convertidas en obligaciones permanentes sin resultados exigibles. Sin gestión profesional, controles y consecuencias por incumplimiento, el presupuesto seguirá absorbiendo el costo de una reforma incompleta.

Pacto Fiscal: calidad del gasto y equidad tributaria

El Pacto Fiscal previsto por la END exige una discusión integral sobre ingresos, gastos, deuda, equidad y sostenibilidad. Reducirlo a parches tributarios o medidas recaudatorias temporales desperdicia su propósito constitucional.

La calidad del gasto debe ocupar un lugar central. Se necesita auditar la nómina pública, corregir duplicidades institucionales y justificar las contrataciones según las funciones y servicios que requiere la población. Los subsidios deben regirse por criterios técnicos de acceso, evaluación de impacto y controles contra filtraciones clientelares, estableciendo mecanismos de salida hacia el empleo formal para quienes estén en capacidad productiva.

Asimismo, deben revisarse las pensiones de privilegio injustificadas, garantizando transparencia sobre sus beneficiarios, fundamento legal y costo fiscal. Y las exenciones tributarias deben evaluarse rigurosamente según su contribución efectiva al empleo, la inversión y los encadenamientos productivos. Estas tareas deben acompañarse de un combate frontal contra la evasión. Pedir mayores sacrificios a la sociedad exige demostrar primero que los recursos disponibles se administran con probidad y disciplina.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas, la formalización no puede ser una trampa fiscal, sino una puerta de acceso al crecimiento. Sus costos administrativos y tributarios deben guardar estricta proporción con su capacidad económica real.

La Ley 30-26 contempla, desde el ejercicio fiscal 2027 y conforme a sus requisitos, la exención de anticipos para las microempresas y un tratamiento diferenciado para las pequeñas. Corresponde vigilar que su aplicación sea expedita y libre de trabas burocráticas. El paso fundamental es eliminar definitivamente el anticipo sobre presunciones futuras que castiga la liquidez operativa de las empresas.

La lógica hacendaria debe cambiar de paradigma. A modo de ejemplo ilustrativo: cobrar una tasa reducida y simple del 10 % a un universo amplio de un millón de empresas integradas al sistema formal podría generar un volumen de ingresos fiscales, dinamismo y empleo formal significativamente mayor que insistir en asfixiar con tasas del 27 % a un círculo estrecho de apenas cien mil contribuyentes. La sostenibilidad tributaria no se logra mediante la asfixia de unos pocos, sino ampliando la base contributiva con reglas claras, simplificación administrativa e incentivos creíbles.

Ese esquema tributario debe articularse con un Fondo Soberano de Garantías que comparta el riesgo crediticio con la banca comercial. Formalizarse debe abrir el acceso al crédito productivo formal, no cerrar las puertas del negocio.

El Congreso debe exigir resultados

El Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para convertir la vinculación formal con la END en compromisos comprobables. El Congreso Nacional debe exigir metas anuales, responsables identificados e informes públicos sobre aprendizajes, pérdidas eléctricas, calidad del gasto y desarrollo productivo.

Además, el horizonte 2036 no debe servir de pretexto para diluir la evaluación de los compromisos previstos para 2030. El país necesita constatar qué se ha cumplido, qué permanece rezagado y cuál es el plan correctivo.

La Estrategia Nacional de Desarrollo nació de un amplio consenso de la sociedad y ostenta jerarquía de Ley Orgánica. Su vigencia exige disciplina presupuestaria, continuidad institucional y rendición de cuentas. El desarrollo se demuestra cuando los estudiantes aprenden, las empresas crecen y los servicios públicos funcionan. La END no se cumple con etiquetas: se cumple con resultados.