No hubo una edad dorada después de 1945. Hubo, más bien, una tregua retórica. El mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial necesitaba creer que había aprendido la lección, que el horror absoluto había generado una arquitectura capaz de impedir su repetición.
La creación de la Organización de las Naciones Unidas fue presentada como el inicio de una era regida por el derecho, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos.
Sin embargo, desde su nacimiento, el sistema internacional arrastró una contradicción insalvable: el derecho fue proclamado como norma universal, pero quedó subordinado al poder real de unos pocos.
La ONU no abolió la ley del más fuerte. La institucionalizó. El Consejo de Seguridad, con su derecho de veto, reconoció sin ambigüedad que la igualdad soberana de los Estados era una ficción jurídica necesaria, pero no una realidad política.
Las grandes potencias no renunciaron jamás a imponer su voluntad cuando consideraron que sus intereses vitales estaban en juego. Lo que cambió no fue el comportamiento, sino el lenguaje.
A partir de 1945, la fuerza ya no se ejerció desnuda: se vistió de legalidad, de seguridad colectiva, de defensa preventiva, de intervención humanitaria.
Durante la Guerra Fría, la ONU fue escenario de vetos cruzados, guerras indirectas, invasiones toleradas y silencios convenientes.
Después de 1989, lejos de consolidarse un orden jurídico universal, emergió un unilateralismo más sofisticado, capaz de invocar el derecho internacional al mismo tiempo que lo relativizaba.
La fuerza siguió prevaleciendo sobre el derecho, pero ahora con informes, resoluciones parciales, coaliciones ad hoc y narrativas morales diseñadas para el consumo global.
En ese contexto histórico se comprende mejor la singularidad de la diplomacia de la Santa Sede. No es una diplomacia medieval prolongada en el tiempo, ni un residuo del antiguo poder pontificio. Es una creación moderna nacida de una derrota histórica: la pérdida del poder temporal tras la brecha de Porta Pia en 1870.
Cuando el Papa dejó de ser soberano territorial, la Iglesia quedó privada de ejército, de fronteras y de coerción. Lo que parecía una ruina se convirtió, con el tiempo, en una fuente inédita de autoridad: la palabra sin respaldo armado, la mediación sin amenaza, el derecho sin fuerza.
Desde entonces, la diplomacia vaticana no compite en el terreno del poder, porque no puede ni pretende hacerlo. Su función ha sido otra: recordar que el derecho no nace de la fuerza, aunque la fuerza lo imponga; que la paz no es la simple ausencia de guerra, sino un orden moral mínimamente compartido; que la política internacional, cuando se separa de la conciencia, termina normalizando la destrucción.
Nada de eso es nuevo. Tampoco lo es la constatación de que el mundo de 2026 se parece demasiado al de otras épocas. Imperios, alianzas, guerras preventivas, sanciones económicas devastadoras, desplazamientos forzados de poblaciones: la historia se repite, solo que con mayor velocidad, mayor capacidad destructiva y menor pudor intelectual.
Antes, incluso los cínicos se sentían obligados a elaborar doctrinas, tratados o justificaciones complejas. Hoy bastan comunicados, tuits y hechos consumados.
Por eso resulta significativo que, en enero de 2026, la palabra pontificia y el diagnóstico diplomático hayan coincidido con una claridad poco frecuente.
Al definir la diplomacia como “caridad reflexiva”, el Papa no propuso una ingenuidad piadosa, sino un criterio político exigente: la negativa a aceptar que la violencia sea normal, que el derecho sea decorativo y que la guerra preventiva sea inevitable.
Y cuando el Secretario de Estado constató que la fuerza está desplazando al derecho y que el multilateralismo se erosiona, no hizo un lamento moral, sino una descripción cruda del terreno real en el que hoy se mueven los Estados.
Ambos discursos, leídos juntos, no anuncian un giro histórico, sino una fidelidad. La Santa Sede es coherente con lo que se vio obligada a ser después de 1870 y con lo que el mundo posterior a 1945 se resiste a admitir: que sin conciencia moral, el derecho internacional se convierte en técnica al servicio del poder, y la diplomacia en un instrumento de legitimación de la fuerza.
El más fuerte siempre ha impuesto su derecho. Lo hizo antes y lo ha seguido haciendo después de 1945. La diferencia es que ahora siente la necesidad de llamarlo derecho, de envolverlo en normas, de justificarlo ante una opinión pública global.
Esa necesidad revela algo decisivo: la conciencia no ha desaparecido, pero ya no gobierna. Y precisamente por eso, en un mundo que ha confundido eficacia con legitimidad, la voz que recuerda el límite resulta incómoda, marginal y, al mismo tiempo, indispensable.
No hubo una edad dorada tras la Segunda Guerra Mundial. Hubo una tregua retórica. El desafío actual no es añorar un pasado que nunca existió, sino decidir si la humanidad acepta definitivamente que la fuerza sea la última palabra o si todavía es capaz de reconocer que, sin derecho y sin conciencia, incluso el poder termina volviéndose contra sí mismo.
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