Medidas migratorias, un viaje a ninguna parte

Nadie, medianamente sensato, niega que el país vive una situación migratoria excepcional que requiere de medidas excepcionales para enfrentarla. Debemos ser conscientes de que este tipo de medidas, como las cirugías, suelen ser traumáticas y dejan heridas profundas, a veces inevitables. Pero estas providencias resultan política y moralmente inaceptables cuando se hacen en franca y desafiante violación a principios constitucionales y a acuerdos firmados por país con organismos internacionales relativas al debido proceso en el manejo del tema migratorio. Aguijoneado por sectores extremistas, el gobierno dominicano ha sido errático en el manejo de una crisis que se agudiza, provocando que localmente caminemos hacia ninguna parte e internacionalmente seamos objeto de condenas política y moral.

Debemos hacer consciencia, reitero, de que ningún país tiene una cuestión migratoria tan compleja y con el potencial de peligro como el nuestro. En ese tenor, son comprensibles las limitaciones de algunas iniciativas para enfrentarla, e incluso hasta algunos niveles de incoherencia en que incurre el gobierno, quizás que más que ningún otro en el pasado. Pero en los últimos meses, la violencia, la insania e irrespeto a la dignidad humana ha llegado a tal nivel que degrada igualmente a quienes la sufren, a quienes la ordenan y a quienes la ejecutan. Es el caso de la cantidad de mujeres que en labor de parto son apresadas y montadas en un autobús con fines de eventual deportación, como a otras que de la sala de parto la montan en un autobús, como lo denuncia el presidente de la Asociación Médica Dominicana.

En Mata Mosquitos, la violencia y violación a derechos humanos se ha expresado en forma que tipifica como terrorismo de Estado. El gobierno otorgó fuerza pública a los reclamantes del terreno donde está el barrio en un contexto social y político totalmente inadecuado, provocando una demolición indiscriminada de viviendas sin que catastralmente se estableciera el carácter de la propiedad de estas, de hecho, o derecho, quiénes la habitan, cuántos hijos u ocupantes tenían, la edad de éstos y de sus padres. Una violación del artículo 51 de la Constitución en sus seis párrafos. Se arrojó a las calles los enseres del hogar sin considerar la tragedia de los niños, niñas, adolescentes y envejecientes que de improviso se encuentran sin hogar, sin dónde ir y dormir a la intemperie. Nada justifica esa cruel intimidación.

Sin ser igual, esa demolición recuerda a la destrucción de Gaza por el ejército israelí. También, las sistemáticas demoliciones de barrios que hacía el ejército francés de la ciudad de Argel, Argelia, para aterrorizar a los entonces combatientes por la independencia de ese país, solo que en Mata Mosquito no hubo resistencia sino dolor e impotencia. Aunque injusto, allí pudo ensayarse un método menos ignominioso. Por ejemplo, pudo contemplarse lo que se hace en barrios a ser desalojados donde se hace un censo de población y viviendas, al tiempo de intervenirlo para que nadie penetre en su interior para obtener derechos. Pero, pudo más el chantaje de los sembradores del odio y de las mentiras sobre el origen y significado de esa esa zona. Allí vivían dominicanos, dominicanos de origen haitiano, haitianos en regla o en espera de sus papeles. No solo indocumentados.

La acción cometida en ese espacio es una evidencia más de que en realidad no hay un diseño coherente para enfrentar la cuestión migratoria. Lo dicen empresarios de diversas ramas de producción al demandar una “la necesaria definición de una política transparente que supere los avatares del momento y el oportunismo de grupos que actúan a ambos lados de la isla y que no tienen vínculos reales ni con las comunidades ni con los actores productivos”, que exigen al Estado dominicano “desarrollar y comunicar protocolos claros para la contratación de mano de obra extranjera y aplicar la Ley Nacional de Migración”. Diversos sectores empresariales reclaman mayor seriedad, tanto al gobierno como a algunos empresarios en el tratamiento del tema de la mano de obra extranjera.

Aunque no lo dicen públicamente, que hay sectores productivos que les resulta imposible asumir la fábula del 80-20 y quieren que se retome con la debida celeridad el proceso de regularización que plantea la Ley 169-14. Ese proceso, nodal de la cuestión migratoria, es lo que quieren sabotear los mitómanos sectores de esa violencia verbal que insufla la violencia física de los grupos paramilitares y la insana pasión/sinrazón que envenena el alma nacional.  En ese tenor, resulta imperativo diseñar una ruta/guía coherente e integral, recuperando aspectos viables de otras iniciativas para enfrentar el referido tema, al tiempo de ampliar la participación de sectores económicos, políticos y sociales realmente representativos y despojados de mitos, prejuicios, odio e insania. Además, que no utilicen la cuestión migratoria para fines electorales.

Es, en esencia, lo que reclaman aquellos sectores que con su discurso o práctica plantean una regularización migratoria integral, apegada a la ley y al irrestricto respeto de los derechos humanos; conforme a los tiempos y a los compromisos internacionales del Estado dominicano en esa materia. De lo contrario, seguiremos el viaje hacia ninguna parte.