Mangos bajitos

El debate que se ha suscitado en las últimas semanas sobre la indexación de salarios para fines impositivos es una muestra evidente de cómo al Gobierno dominicano le gustan los mangos bajitos.

La Ley 11-92 del Código Tributario estableció la referida indexación con el propósito de que, en la medida en que el salario perdiera valor por la inflación, no se cargara también el salario devaluado con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Ley dispone que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) haga la indexación anualmente en base al Índice de Precios al Consumidor que publica el Banco Central. La última indexación se produjo en el año 2016; así que, desde entonces, el Estado dominicano ignora su propia ley.

Según la última indexación, el ingreso mensual mínimo gravable es $34,685. O sea, las personas físicas sujetas a pago de ISR pagan a partir de esa cantidad una determinada tasa impositiva.

Algo parecido ocurrió con el 4% del PIB para la educación. Se plasmó en la Ley General de Educación de 1997, y fue en el 2013 que comenzó a aplicarse después de un fuerte movimiento social y en el contexto de la confrontación de liderazgo entre Leonel Fernández y Danilo Medina.

Si los salarios se ajustaran hoy en función de la inflación entre 2017 y 2025, el monto sujeto a pago de ISR sería para este año a partir de $50,100 (datos del CREES).

En la práctica, esto significa que todos los empleados que en el 2025 ganen entre esas dos cantidades pagarán ISR sobre esos montos, aunque si se aplicara la Ley Tributaria, no deberían pagarlo.

¿Por qué pagan? Primero, porque el Estado argumenta que las finanzas públicas se descarrilarían si no cobra esos impuestos; segundo, porque probablemente muchos empleados no conocen esa disposición; tercero, porque es más fácil para el gobierno de turno seguir cobrando lo que ya cobra; y cuarto, porque la oposición saca los temas de reivindicación social por interés político, no por compromiso con una causa social.

El tema está ahora en discusión precisamente porque la oposición quiere hacer ruido con eso. El Gobierno responde diciendo que la estabilidad fiscal es lo principal, y los trabajadores, que serían los beneficiados con la indexación, no protestan.

Así pues, lo que debería ser una medida de alivio económico para las personas de ingresos medios bajos se queda en polémica política estéril.

Si el Gobierno no está dispuesto a indexar porque no va a renunciar a un dinero fácil de recaudar (mangos bajitos), entonces deberían modificar la ley que estableció la indexación. La burla a la propia ley no es buen principio ni estrategia.

Algo parecido ocurrió con el 4% del PIB para la educación. Se plasmó en la Ley General de Educación de 1997, y fue en el 2013 que comenzó a aplicarse después de un fuerte movimiento social y en el contexto de la confrontación de liderazgo entre Leonel Fernández y Danilo Medina.

El Gobierno del PRM no va a indexar salarios para fines impositivos simplemente porque la oposición lo pida.

Similar al 4%, la indexación podría producirse en un contexto de presión social en que el Gobierno necesite tomar medidas de corte popular para legitimarse. De lo contrario, el Gobierno dominicano (el de turno) seguirá el camino más fácil de exprimir a los de abajo para obtener recursos.