“Los problemas no pueden resolverse con la misma mentalidad que los creó.” — Albert Einstein
En tiempos de reforma institucional, especialmente en sectores sensibles como la salud, la seguridad social o la justicia, suele repetirse con aire solemne la necesidad de “cambios profundos”, de “transformaciones estructurales” o de “ajustes urgentes al modelo”. Sin embargo, detrás de esas proclamas, a menudo se oculta una contradicción que vacía de contenido cualquier propuesta, es que son los mismos actores que provocaron el colapso quienes ahora pretenden liderar su corrección.
Esta paradoja no es meramente discursiva, sino estructural. Reformar implica cuestionar lo existente, desmantelar las lógicas que perpetúan la inequidad y romper con las redes de poder que aseguran la continuidad de lo disfuncional. Pero, ¿cómo hacerlo si los reformadores son parte orgánica del sistema que colapsó? ¿Qué legitimidad poseen quienes diseñaron las políticas fallidas, permitieron las distorsiones o hicieron del clientelismo una cultura de gestión, para encabezar ahora el cambio?
Una crítica que trasciende el eslogan
La idea de que “quienes crearon el problema no son los llamados a resolverlo” no es solo una frase ingeniosa. Es un principio lógico, ético y técnico. En sistemas complejos como el sanitario o el de pensiones, los errores no son accidentes, son el resultado de decisiones acumuladas, omisiones estratégicas, diagnósticos errados y prioridades impuestas desde intereses ajenos al bien común.
Cuando esas decisiones provienen de actores que aún hoy ocupan posiciones clave en el aparato público, en gremios profesionales o en órganos reguladores, resulta ingenuo —cuando no cómplice— esperar que promuevan soluciones reales porque la reforma, entonces, deviene simulacro.
Entre repetición y simulación
La República Dominicana atraviesa una etapa crítica en sus sistemas de salud y de seguridad social. El Seguro Familiar de Salud, los regímenes Contributivo y Subsidiado, el modelo de pensiones y el financiamiento público de hospitales han llegado a un punto de inflexión. Sin embargo, muchos de los responsables de su diseño —y de su posterior desfiguración— continúan siendo los principales voceros de su “transformación”.
Algunos de los actores que hoy impulsan reformas clave del sistema de salud y seguridad social participaron activamente en su configuración inicial. En el caso de la Ley 87-01, aprobada en el año 2001, diversos análisis posteriores han señalado que el proceso de implementación careció de un estudio actuarial integral que proyectara con precisión los escenarios de sostenibilidad del modelo propuesto. Del mismo modo, durante los años posteriores, se produjo una progresiva erosión de la función de rectoría del Ministerio de Salud, en parte por debilidades institucionales acumuladas y por la creciente fragmentación de funciones entre entidades públicas y privadas. Además, hubo resistencias gremiales a transformaciones estructurales como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Hoy, muchos de los discursos reformistas se presentan con un lenguaje modernizador, pero todavía reflejan prácticas y esquemas de poder que responden a lógicas del viejo orden.
La reforma como ruptura, no como reciclaje
Toda transformación verdadera implica ruptura. Ruptura con las lógicas de opacidad, con los privilegios que paralizan la equidad y con las estructuras que garantizan la ineficiencia institucional. Pero nada de eso es posible si quienes protagonizan la reforma están atados a sus redes de poder, a sus cuotas de influencia o a sus propios temores de rendición de cuentas.
La sociedad dominicana no necesita reformas cosméticas. Requiere una nueva generación de liderazgo técnico, ético y comprometido con la verdad, con las cifras reales y con el sufrimiento cotidiano de millones de afiliados, pacientes, trabajadores informales y envejecientes que ven cómo el sistema les da la espalda.
Entre la técnica y la política
Reformar exige más que diagnósticos. Exige valor civil, conciencia histórica y una voluntad radical de no seguir simulando. No se trata solo de cambiar leyes, sino de transformar mentalidades. Por eso, el primer criterio para una reforma seria es identificar quiénes no deben estar al frente de ella, los beneficiarios del desastre, los arquitectos del colapso, los gestores de la mentira técnica y los actores que hicieron de la desigualdad un modelo de negocios.
Porque si no cambiamos a quienes diseñan el sistema, ningún sistema cambiará de verdad.
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