Recientemente, tuvimos el privilegio de participar en el World Summit Awards 2025 celebrado en Hyderabad, India, donde se discutieron precisamente estos temas cruciales. Una sesión especial encendió las alarmas internacionales sobre el futuro de la privacidad y la democracia en la era digital.
El motivo: el análisis crítico de la Ley de Protección de Datos Personales Digitales (DPDP Act) recientemente promulgada por el gobierno indio.
La sesión, liderada por destacados activistas y periodistas como Nikhil Dey y Sangeita Barua, no solo expuso las debilidades de esta legislación, sino que también mostró el peligroso precedente que podría sentar para otras democracias emergentes —incluyendo la República Dominicana— si este modelo se adopta sin escrutinio crítico.
Un proceso legislativo opaco y sin debate
Uno de los aspectos más preocupantes del DPDP Act radica en la forma en que fue aprobado: sin debate parlamentario, en medio de protestas políticas por la violencia étnica en Manipur. Este “extraño secreto” —como la denominó Barua— dejó fuera del proceso democrático a las voces disidentes, privando a la ciudadanía de un espacio legítimo para discutir una ley que afecta la vida de millones de personas.
Este fenómeno no es exclusivo de India. En muchos países de economías emergentes, las leyes tecnológicas avanzan sin los mecanismos adecuados de consulta pública o transparencia, lo que alimenta el temor de que el poder digital termine concentrado en manos de gobiernos con escaso compromiso democrático.
La destrucción del derecho a la información (RTI)
El núcleo de las críticas al DPDP Act es su impacto devastador sobre el Derecho a la Información (RTI), una herramienta vital para combatir la corrupción y exigir rendición de cuentas al Estado indio. Nikhil Dey explicó cómo la nueva ley modifica el artículo 8(1)(j) de la Ley RTI, eliminando la cláusula que permitía divulgar información personal siempre que esta tuviera relación con una actividad pública o un interés colectivo.
Esto significa que información clave —como quién construyó una carretera, quién recibió fondos públicos o quién aparece en una lista de electores— ahora podría ser considerada “personal” y, por tanto, inaccesible. La consecuencia es clara: el debilitamiento de la ciudadanía frente al poder político y económico.
Periodismo bajo amenaza
Uno de los sectores más vulnerables ante el DPDP Act es el periodismo investigativo. Barua denunció que los reporteros se verán obligados a pedir autorización a las personas —incluyendo a corruptos o criminales— antes de publicar datos identificables. Esto representa un golpe directo a la libertad de prensa y al rol fundamental de los medios en la vigilancia del poder.
En palabras de Nikhil Dey: “A partir de ahora no se podrá hacer periodismo”. La recopilación y procesamiento de datos públicos —incluyendo investigaciones como el caso Pegasus— quedaría cercenada por los nuevos límites legales, afectando el flujo de información veraz y oportuna.
Otro elemento inquietante de la ley es la facultad ilimitada que otorga al gobierno central para solicitar información a cualquier fiduciario de datos. Esta potestad, amparada en la sección 36, abre la puerta a prácticas de vigilancia masiva y control arbitrario sobre empresas, ciudadanos y medios de comunicación.
Además, las sanciones económicas establecidas son astronómicas. Las multas pueden ascender hasta los 250 crore de rupias (unos 30 millones de dólares), una cifra inalcanzable para la mayoría de periodistas o activistas. Esto configura un escenario de miedo y autocensura, donde cuestionar al poder puede tener un costo ruinoso.
La llamada a la acción global
Los panelistas del WSA hicieron un llamado urgente a la movilización social e internacional. Propusieron llevar el debate a foros globales como el Día Internacional de la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas y lanzar campañas de firmas para detener la implementación del DPDP Act.
Advirtieron que, si esta ley se consolida sin oposición, podría exportarse a otros países bajo la falsa premisa de protección de la privacidad, cuando en realidad oculta un diseño de control estatal y restricción de derechos fundamentales.
Contraste con la realidad dominicana: ¿Estamos preparados?
En la República Dominicana, el debate sobre la protección de datos personales apenas comienza a consolidarse en la agenda pública. Si bien existe la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, su alcance es limitado y carece de un enfoque integral que contemple los desafíos de la economía digital actual.
A diferencia de India, nuestro país caribeño aún no se han dado reformas que atenten contra el acceso a la información pública o el ejercicio del periodismo. De hecho, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (2004) sigue siendo un instrumento vital para la ciudadanía, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, esto no debe llevarnos a la complacencia. La falta de cultura digital, el escaso conocimiento de los derechos ciudadanos en el entorno online y las debilidades institucionales podrían abrir la puerta a reformas regresivas inspiradas en modelos autoritarios disfrazados de modernidad.
La lección que deja la experiencia de India es clara: las leyes de protección de datos deben surgir de un diálogo amplio, plural y democrático. No pueden convertirse en herramientas de censura o control, sino en garantías efectivas para proteger la privacidad sin sacrificar el derecho a la información y la transparencia gubernamental.
El futuro de la privacidad y la democracia
La batalla por los datos personales es también una batalla por la democracia. En un mundo cada vez más digitalizado, la protección de la privacidad no puede ser una excusa para consolidar poderes opacos o silenciar a las voces críticas.
La República Dominicana tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de observar con atención lo que ocurre en otras latitudes y anticiparse a los riesgos. El desafío es construir un modelo de gobernanza digital que combine el respeto a los derechos individuales con la preservación de un ecosistema democrático vibrante y participativo.
Porque en última instancia, como recordó Sangeita Barua en Hyderabad: “¿A quién protege esta ley en nombre de mi privacidad? ¿Al ciudadano o al poder?” — Esa es la pregunta que también debemos hacernos aquí y ahora.
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