Los compromisos ambientales son muchos en torno a la protección de afluentes, bosques, montañas, suelos y territorios. Las necesidades ambientales son políticas y el marco idóneo para resolverlas.
Por los senderos intelectuales se habla que los territorios tienen un grave problema por el sistema de dominación vigente y el poco interés del capital en dar respuestas viables y correctas para evitar su degradación. El objetivo del capitalismo es la sobreexplotación de los bienes comunes y de la propia naturaleza.
Las relaciones de reciprocidad, los acuerdos colectivos, y el irrespeto a las leyes medioambientales son repudiados por las élites amparándose en su gran capricho por el enriquecimiento, y su pasión por explotar las fuentes de la naturaleza, bajo la ética del crecimiento como eje esencial de explotación de recursos y de los trabajadores. A ellos no les importa la contaminación, ni el destrozo ambiental que puedan acontecer en los territorios.
El gran capital, por nada del mundo se va a vaciar los bolsillos, ni dejar de lado la explotación de su dulce preferido, la minería.
Los sistemas de jerarquía se establecen claramente desde el punto de vista histórico, la tierra es la primera en ser objeto de apropiación, por lo que es una cuestión de principio económico, la explotación de los recursos mineros es lo más apreciado desde la colonia hasta hoy.
La minería crea jugosos capitales, por lo que la unidad entre los sistemas de poder que conforman el Estado y las clases económicas dominantes. Estos dos son los amantes perfectos para depredar y explotar los metales.
Tengo muchos amigos periodistas o intelectuales que están hablando que hay que detener la minería en la República Dominicana, las razones que dan son múltiples porque dañan los acuíferos, los suelos, los bosques y con ello la desaparición de muchas especies. Es sabido que la minería destruye todo lo que está sobre la tierra, además de los sistemas socioambientales y nuestra capacidad de subsistencia.
No obstante, es imprescindible hablar de justicia y libertad en torno a la explotación minera, tanto en Cotuí como en San Juan de la Maguana.
La distinción es de carácter ético y esto es un grito eco-histórico que tiene que ser empujado con acciones y medidas justas que nos permitan romper con la ignorancia y crear los espacios sin miedo por la justicia.
Es una responsabilidad social, la protesta y el someter a la justicia colectiva y jurídica, a los concesionarios mineros que quieren dañar el valle de San Juan.
Es un derecho social impulsar el rechazo de la explotación minera del valle de San Juan, por todos los medios de comunicación. Es un derecho de justicia y libertad, la de crear refuerzos para restaurar los principios ecológicos de la unidad de las poblaciones que residen en los territorios que corren el peligro de ver destruido sus territorios por espacios mineros que destruyen la naturaleza y dañan las percepciones de las personas y su sensibilidad.
Es un hecho social concreto que para proteger los espacios naturales, hay que restaurar los principios ecológicos de la unidad de los espacios ambientales y sociales.
Es necesario conocer y comprender las estructuras de poder que envuelven los proyectos mineros que están marcados por relaciones económicas que favorecen no solo son a las élites nacionales, sino también a las imperiales. Esto por supuesto, nos pone en una sensibilidad social de creernos que no podemos con esa mole de poder.
Sin embargo, no podemos recular y creernos que la defensa del territorio es imposible. Todo acto de cambio es una renuncia y trabajo duro, que implica abrir los ojos, aletear las alas, exigir respuestas, someter a la justicia y por el derecho público de defender el Valle.
Yo me pregunto, quién o quiénes son capaces de someter a la justicia a la minera, porque quieren afectar y dañar el Valle de San Juan. Yo no soy abogada, pero creo que existen leyes ambientales, hay que usar y agotar todos los recursos.
El paisaje, el espacio, los suelos, los bosques y afluentes deben convertirse en un objeto de demanda judicial para su defensa y se deben agotar todos los recursos jurídicos. Somos un colectivo para implicarnos en una disciplina de trabajo ético y libertarios que permitirá que juntemos las manos y se pueda enarbolar una campaña que podría decir: “El valle de San Juan nos pertenece”.
¿Quién es dueño del Valle de San Juan?
Absolutamente todo el pueblo dominicano. Levantar un acto jurídico es un principio de libertad y un hecho social concreto que puede constituirse en un empuje histórico para frenar y eliminar la injusticia social y ambiental.
Todo acto de dominación empuja y rompe las ataduras de las jerarquías de dominación y explotación. Para mover las alas se necesitan vientos que atizan el conflicto contra la minería.
El valle de San Juan de la Maguana nos pertenece. Nuestra humanidad presente es creativa y liberadora. Es un derecho, la justicia y la libertad. Todos y todas podemos impedir que se desarrolle la minería en el Valle de San Juan de la Maguana.
El pueblo dominicano tiene dos alas irreverentes que son principios de esperanza y estamos activos para proteger el Valle de San Juan.
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