La veracidad como pilar axiológico

La constitución abierta incorpora las pasiones, afectos y emociones como elementos constitutivos de la deliberación pública, pero esa apertura no puede deslizarse hacia un subjetivismo radical que disuelva el terreno compartido de los hechos. La veracidad opera aquí como un valor epistémico que modera las subjetividades y los sentimientos, impidiendo que degeneren en vicios ordinarios donde cualquier aserción valga por el mero hecho de ser sentida.

No se trata de apelar a una verdad absoluta e incontestable, sino de asumir un compromiso epistemológico con su búsqueda. La verdad es un estado ideal, probablemente inalcanzable en su plenitud; la veracidad, en cambio, es la disposición ética a perseguirla, a no conformarse con la mera apariencia y a contrastar las propias aserciones con la realidad.

Vivimos en la época de la posverdad, donde los hechos parecen licuarse y perder la solidez que antaño los situaba como elementos inmanentes del funcionamiento democrático. Su fuerza de atracción radica en que, al trasladar al terreno sólido de los hechos la liquidez propia de las identidades colectivas, habilita la capacidad de reconstruir la realidad según las perspectivas de cada quien.

Se pretende así que los sentimientos moldeen la realidad hasta alterarla: pasar de las condiciones subjetivas de la identidad a la subjetivización ontológica de la existencia, es decir, la realidad dejaría de tener un fundamento objetivo para volverse líquida, imprecisa, sujeta a criterios divergentes y a menudo incompatibles entre sí. La posverdad no es, pues, un mero fenómeno comunicativo, sino un riesgo existencial para la convivencia democrática.

La veracidad opera precisamente como la frontera que impide que la dimensión afectiva que la constitución abierta internaliza termine por socavar las condiciones de la realidad. Las emociones pueden motivar la deliberación, pero no inventar la realidad sobre la que se delibera.

La razón pública sensibilizada no legitima la destrucción del espacio físico sobre la premisa de que ya no existen hechos sino solo perspectivas, pues, aunque estas configuran las subjetividades identitarias, no pueden extrapolarse a determinación del espacio vital. La exigencia de veracidad obliga a que las pasiones se desplieguen en la deliberación pública sin pretender una alteración del contexto fáctico, y es ese terreno compartido el que hace posible la conversación entre adversarios sin poner en riesgo la convivencia.

Aunque la reflexión sobre la veracidad se sitúa aquí en un plano filosófico, sus implicaciones alcanzan también a la organización jurídica de la comunidad. La transparencia administrativa, la rendición de cuentas, la obligación de motivar las decisiones jurisdiccionales y el libre acceso a la información pública son manifestaciones concretas de ese compromiso con la veracidad que opera como un límite interno al ejercicio del poder.

No se trata de instaurar un control estatal sobre la verdad, pues eso sería incompatible con la apertura, sino de reconocer que el pacto constitucional presupone un espacio público donde los hechos puedan ser contrastados a partir de pruebas o evidencias y las decisiones justificadas a partir de una razón pública sensibilizada. Sin ese presupuesto, la deliberación democrática se convierte en una farsa.

La emergencia de las redes sociales y de la inteligencia artificial ha potenciado este riesgo. Si en la virtualidad todo es posible, si en las plataformas digitales se puede reconstruir la propia realidad, esa reconstrucción no se queda en el mundo en línea: se traslada con un fuerte componente psicológico al espacio físico. Se generan así realidades alternas, metarrelatos que compiten entre sí por definir el contexto fáctico sobre el que se ha fundado la política.

Cuando la inteligencia artificial se convierte en instrumento de autogeneración de conocimiento inorgánico, apuntala este vaciamiento epistémico en el que el mero sentimiento se convierte en realidad. Así, la tecnología que debería facilitar la construcción del conocimiento se convierte, bajo un uso irresponsable, en un acelerador de la disolución de los hechos.

La veracidad no es, por tanto, un resabio del racionalismo puro que la constitución abierta aspira a trascender. No se trata de reinstaurar la tiranía de una razón que silencie la dimensión afectiva; la exigencia es reconocer que las pasiones y emociones ―si no se despliegan sobre un suelo compartido de realidad― pueden ser manipuladas hasta convertirse en instrumentos de dominación carentes de una plena justificación.

Se trata, pues, de proteger su autenticidad, no de negarlas; de preservarlas del cinismo que las instrumentaliza y blindarlas frente a la propaganda que las distorsiona. Es, en este sentido, una responsabilidad que la constitución abierta exige para que todos los foros deliberativos preserven un equilibrio reflexivo entre la cabeza y el corazón.

La constitución abierta necesita de la veracidad para subsistir y no sucumbir en su propia apertura. Si algún espacio queda para que la razón pública sensibilizada no perezca devorada por los vicios ordinarios en que pueden degenerar las pasiones, emociones y afectos, encuentra en la veracidad uno de los pilares axiológicos esenciales a reivindicar con responsabilidad frente a cualquier pretensión de subjetivar los hechos como si fueran extensiones de las identidades.

El compromiso con la búsqueda de la verdad ―más que la verdad misma― es el valor que se protege. Y ese compromiso es una exigencia irrenunciable para cualquier proyecto constitucional que aspire a sostenerse en medio del disenso sin sucumbir a la ilusión de realidades paralelas.