La salud mental infanto-juvenil, entre la invisibilidad estadística y la urgencia de una política de Estado

La salud mental de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana es un derecho reconocido en la Ley 12-06, pero un derecho que sigue siendo, en la práctica, frágil, desatendido e invisibilizado.

Si bien el país ha proclamado compromisos en materia de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, los datos muestran una brecha enorme entre la norma y la realidad. Este artículo busca aportar, con base en la mejor evidencia disponible, una lectura crítica y fundamentada sobre la situación actual, la magnitud del problema y las rutas urgentes de política pública.

El peso de lo que no se mide

Lo primero que salta a la vista es el vacío estadístico. La República Dominicana no ha realizado hasta la fecha una encuesta nacional de salud mental que permita dimensionar con precisión la prevalencia de trastornos en la población infanto-juvenil. La información disponible es fragmentaria, cargada de registros hospitalarios parciales, reportes del Seguro Familiar de Salud (que solo cubren procedimientos facturados) y datos vitales de mortalidad.

En contraste, los organismos internacionales han producido estimaciones globales que permiten, con cautela metodológica, proyectar escenarios para la República Dominicana. El metaanálisis de Polanczyk et al. (2015) calculó que el 13.4% de los niños y adolescentes en el mundo viven con algún trastorno mental diagnosticable. Más recientemente, Kieling et al. (2024), usando la base del Global Burden of Disease 2019, estimó que la prevalencia global en 5–24 años era de 11.6%, con la ansiedad como la condición más frecuente. La OMS resume el riesgo en un mensaje sencillo: “Uno de cada siete adolescentes (10–19) tiene un trastorno mental”, es decir, aproximadamente el 14%.

Si aplicamos estas prevalencias a la estructura poblacional dominicana (2025), los resultados son contundentes. Con una población total de 11.4 millones de personas y un segmento de 10–19 años estimado entre 2.3 y 2.7 millones (entre el 20–24% de la población, según nuestras proyecciones a partir de los datos de la ONE y la ONU), se proyecta que entre 270,000 y 360,000 adolescentes viven con algún trastorno mental. Estas no son cifras hipotéticas vacías, son estimaciones basadas en prevalencias internacionales robustas, aplicadas a nuestros denominadores demográficos.

El suicidio adolescente, la punta del iceberg

Si algo ofrece cifras concretas en la República Dominicana es la mortalidad. La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó en 2024 su boletín El suicidio en la República Dominicana, 2019–2023. Solo en 2023, 46 adolescentes entre 10 y 19 años se quitaron la vida, 13 en el grupo de 10–14 y 33 en el de 15–19. Detrás de cada número hay un drama humano, pero además un indicador epidemiológico incuestionable: la salud mental de nuestros jóvenes está en crisis.

La tendencia no es aislada; a nivel mundial, el suicidio es la cuarta causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años (OMS, 2025). En nuestro país, las cifras muestran además que la sobremortalidad masculina es constante; los varones mueren por suicidio en proporción de tres a uno frente a las mujeres. La ausencia de programas de postvención en escuelas, de protocolos de prevención universal y de control de medios letales en los hogares agrava el panorama.

Consultamos, de igual modo, los resultados de IQVIA CENCA (2023) en su White Paper “Impacto de la salud mental en el sistema de salud dominicano”, como producto de entrevistas a 25 psiquiatras de los hospitales nacionales y 5 líderes de opinión en salud mental del país. El documento aporta información sobre la salud mental en jóvenes, especialmente en el caso de la esquizofrenia. Se rescata que el perfil más común de pacientes con esquizofrenia son jóvenes entre los 18 y 29 años, predominando el género masculino, con antecedentes familiares y/o de abuso de sustancias, solteros o sin un círculo de apoyo, de nivel socioeconómico medio-bajo y con baja escolaridad.

Además, destaca que la esquizofrenia representa aproximadamente el 23% de las consultas psiquiátricas en la atención pública y que solo el 59% de los pacientes son diagnosticados. Aunque el 79% de los diagnosticados reciben tratamiento, la adherencia es limitada, con ello crisis frecuentes y hospitalizaciones.

En cuanto a los niños, el estudio de referencia no aborda específicamente la salud mental infantil, pero refiere que los trastornos de conducta en niños representan el 5% de la carga total de AVADs por trastornos mentales en el país.

Se destaca que, si bien el Trastorno Depresivo Mayor (TDM) afecta principalmente a personas entre 30 y 49 años, también se observa en jóvenes de 18 a 29 años (27% de los casos). Este trastorno impacta el estado de ánimo, concentración, autoestima y puede llevar a ideación suicida, siendo una de las principales causas de suicidio en el país.

Cobertura legal y financiera, lo que la norma promete

Desde el punto de vista normativo, el país tiene dos pilares, la Ley 12-06 de Salud Mental y la Ley 87-01 de Seguridad Social. La primera establece la salud mental como derecho y compromete al Estado a garantizar la mejor atención posible. La segunda regula la cobertura a través del Plan de Servicios de Salud (PDSS) en el Seguro Familiar de Salud (SFS).

El Catálogo de Prestaciones del PDSS incluye consultas psiquiátricas y de psicología clínica como prestaciones cubiertas y el Atlas de Salud Mental de la OMS 2020, en su perfil país para la República Dominicana, confirma que condiciones como la psicosis, el trastorno bipolar y la depresión están incluidas en los esquemas de seguro o reembolso.

El problema, entonces, no es de existencia formal de cobertura, sino de brechas reales de acceso y capacidad. Tener el derecho reconocido en el papel no equivale a recibir tratamiento oportuno en la práctica.

Capacidades mínimas para una carga enorme

La magnitud del problema choca con un sistema subdimensionado. A 2020, la República Dominicana contaba con apenas 33 psiquiatras infantiles y de adolescentes para todo el país. Eso significa 0.8 especialistas por cada 100,000 niños y adolescentes, muy por debajo de los estándares internacionales.

Los servicios comunitarios, de igual modo, son insuficientes: solo 18 unidades comunitarias no hospitalarias y unas 15 unidades psiquiátricas en hospitales generales. Además, el país carece de un plan o política específica para salud mental infanto-juvenil, según el mismo Atlas.

El resultado es previsible: aunque el seguro cubra la atención, no hay suficientes profesionales ni servicios disponibles para absorber la demanda, generando listas de espera, atenciones intermitentes y abandono terapéutico.

Entre la necesidad y la atención

La mejor evidencia global sobre las tasas de tratamiento en salud mental infanto-juvenil proviene de un metaanálisis publicado en JAMA Network Open (Wang et al., 2023), que analizó 40 estudios con más de 300,000 participantes. La conclusión apunta a que solo el 38% de los niños y adolescentes con trastornos reciben algún tipo de tratamiento, y en países de ingreso medio la cifra es menor, alrededor de un 24%.

Si extrapolamos esa brecha a la República Dominicana, podemos afirmar con fundamento que entre un 60% y un 75% de los adolescentes que necesitan atención no la reciben. Eso significa que, de los 270–360 mil adolescentes con trastornos mentales estimados en el país, solo entre 65,000 y 130,000 reciben algún tipo de atención, y la mayoría de manera fragmentada y limitada.

Las ausencias que duelen

El otro gran vacío está en los espacios más cercanos a la vida cotidiana de los jóvenes, como la escuela y el primer nivel de atención de salud.

El Ministerio de Educación ha implementado iniciativas, tales como los programas de convivencia escolar y los proyectos de vida saludable, pero no existe un protocolo nacional integrado para la detección temprana y derivación de casos. Los psicólogos escolares, cuando existen, no están articulados con el sistema de salud.

Por su parte, la red nacional de Unidades de Atención Primaria carece de protocolos y de recursos humanos formados para identificar y manejar los problemas de salud mental en niños y adolescentes. El resultado es que la mayoría de los casos se detectan tarde, cuando ya hay crisis, conducta suicida o abandono escolar.

Hacia un plan nacional 2026–2030

La República Dominicana necesita un Plan Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, con metas claras, recursos asignados y mecanismos de evaluación. Para ello resulta esencial levantar una encuesta representativa de la salud mental en la población de 10 a 19 años cada cinco años, de modo que permita contar con evidencia sólida para la planificación. A la par, el país debe duplicar en cinco años el número de psiquiatras especializados en infancia y adolescencia y triplicar la disponibilidad de psicólogos clínicos formados en terapia cognitivo-conductual, lo que representa un escalamiento urgente de los recursos humanos. La integración de la atención inicial y de las escuelas es otro eje indispensable, con protocolos nacionales de tamizaje, prevención del suicidio y rutas claras de referencia y contrarreferencia que deben formalizar la articulación entre centros educativos, atención primaria, los servicios especializados y las familias.

En materia de prevención del suicidio, urge fortalecer los programas de vigilancia de intentos, garantizar líneas de apoyo permanentes, implementar programas de postvención y establecer medidas efectivas para limitar el acceso a medios letales.

Finalmente, es clave un financiamiento inteligente que revise el Catálogo de Prestaciones del PDSS en el Seguro Familiar de Salud y promueva la creación de paquetes de pago para intervenciones costoefectivas como la psicoterapia breve, la telepsicología y los programas comunitarios, con incentivos focalizados en las poblaciones más vulnerables.

Limitaciones y desafíos

No obviemos que las estimaciones que hemos compartido parten de prevalencias internacionales aplicadas a denominadores nacionales, lo cual introduce un importante margen de incertidumbre. Además, el subregistro en intentos de suicidio y en utilización de servicios es alto. Sin embargo, estas limitaciones no invalidan las conclusiones centrales.

La República Dominicana enfrenta una carga considerable de enfermedad mental en niños y adolescentes, y sus servicios actuales no alcanzan para cubrir ni una cuarta parte de las necesidades.

La verdadera solución pasa por construir evidencia local de alta calidad, pero sin esperar a tener cifras perfectas para actuar. La ausencia de datos no debe ser excusa para la inacción.

En conclusión

La salud mental de la infancia y la adolescencia en la República Dominicana es un tema invisible en las estadísticas, pero urgente en la realidad. Tenemos leyes que reconocen derechos y catálogos que prometen cobertura, pero carecemos de capacidad instalada, de profesionales suficientes y políticas específicas. La consecuencia es una generación en riesgo, con cientos de miles de jóvenes con sufrimiento no tratado, decenas que mueren cada año por suicidio y un Estado que no asume aún su responsabilidad plena.

No es un lujo hablar de salud mental infanto-juvenil, es una obligación ética, social y política. El país necesita dar el salto de la retórica legal a la acción concreta, midiendo bien, planificando con metas y financiando con visión de futuro. Porque lo que está en juego no es solo la salud de nuestros niños y jóvenes, es el futuro de la nación.

Referencias

• Kieling, C., et al. (2024). Global prevalence of mental disorders among individuals aged 5–24 years in 2019. JAMA Psychiatry, 81(6), 579–592.
• Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual Research Review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 345–365.
• Racine, N., et al. (2021). Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and adolescents during COVID-19: A meta-analysis. JAMA Pediatrics, 175(11), 1142–1150.
• Wang, S., et al. (2023). Treatment rates for children and adolescents with mental disorders: A meta-analysis. JAMA Network Open, 6(9), e2332576.
• Organización Mundial de la Salud (OMS). (2025). Adolescent mental health: Key facts.
• Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Mental Health Atlas 2020 – Country Profile: Dominican Republic.

• Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2024). El suicidio en República Dominicana 2019–2023.
• Ministerio de Salud Pública (MSP). (2019). Plan Nacional de Salud Mental 2019–2022.
• Congreso Nacional de la República Dominicana. (2001). Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
• Congreso Nacional de la República Dominicana. (2006). Ley 12-06 de Salud Mental.
• Worldometer (2023). Archivado desde el original el 24 de marzo de 2024. Consultado el 7 de abril de 2024.
• IQVIA CENCA. (2023). White Paper: Impacto de la salud mental en el sistema de salud dominicano.