Son disímiles las versiones que ha generado el informe rendido por el Consejo Económico y Social (CES). Por un lado, hay sectores que lo han valorado positivamente, como vía de consenso para obtener soluciones a los sensibles e importantes puntos abordados, como la mano de obra extranjera y la seguridad nacional; por otro lado, han surgido críticas severas, donde a su juicio, se expresan debilidades y errores estratégicos, producto de la imposición de intereses empresariales y riesgos en la implementación de algunas de las medidas, sesgos o descalificaciones de algunos de los firmantes, e incluso, se ha cuestionado la competencia de este cuerpo.
Es por esto que hemos realizado un análisis jurídico-social que establezca el origen y objeto del Consejo Económico y Social. Lo primero es que tiene rango constitucional, contemplado en el artículo 241 de la Constitución dominicana, el cual indica que “el Poder Ejecutivo, previa consulta a este Consejo y a los partidos políticos, deberá someter al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo nacional”. Lo segundo es que está concebida en la Ley No. 142-15, la que le otorga al CES personalidad y operatividad, definiéndolo como órgano de concertación social y de consulta del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral.
Según lo previsto en el artículo 8 de la ley 142-15, el Consejo está integrado por representantes del gobierno, del sector laboral, empresarial y social, cada uno con quince delegados, además del presidente y secretario general. Este órgano incluye organizaciones sociales, las iglesias, instituciones académicas y organizaciones comunitarias, que serán seleccionadas por sus propios sectores cada 4 años.
El referido informe rendido por este Órgano contiene cinco áreas temáticas que fueron abordadas por las comisiones conformadas por el ejecutivo, como son: 1. Migración y control fronterizo; 2. Trabajadores temporeros y mercado laboral; 3. Seguridad nacional y soberanía; 4. Economía, comercio y relaciones bilaterales y 5. Derechos humanos y cooperación internacional.
El Consejo Económico y Social no es un órgano decisorio, sino consultivo y de concertación
Después de numerosas sesiones laborales, cada Comisión estaba obligada a rendir un informe final al Consejo, el que procedería a organizar las diferentes propuestas y a conjugarlas en un informe final, con el debido dictamen motivado, sobre los consensos y disensos de los diferentes bloques de trabajo, lo que pude comprobar como miembro de una de las comisiones. El referido informe no es una decisión de la Comisión; esta actuó como procesadora de los insumos conclusivos entregados por las diferentes comisiones, en razón de que no es un órgano decisorio, sino consultivo y de concertación. Por cuanto no es correcto imputarle la responsabilidad de las fortalezas o debilidades de los informes.
Es relevante que, en esta ocasión, la Comisión diera participación activa a los expresidentes de la República Dr. Leonel Fernández, Ing. Hipólito Mejía y Lic. Danilo Medina, cada uno asistido por dos representantes. En un país tan politizado como el nuestro, esa integración resultaba necesaria para dotar de legitimación política el proceso, mostrando interés en problemáticas colectivas, donde fueron asumidas por las cúpulas de los principales partidos, a manera de empoderamiento de temas nacionales, como muestra del alto nivel de la madurez alcanzada en nuestro sistema democrático.
Aunque el debate de estos temas concita pasiones, dentro de las mesas prevaleció un espíritu de razonamiento y búsqueda de consensos. Era de esperarse que el informe desataría una guerra mediática, producto de los celos e intereses, sobre todo en la radicalización de los diferentes enfoques que entraña la defensa nacional, la seguridad fronteriza y la política migratoria. Si bien es cierto que las propuestas pueden entrañar alguna falla, no es menos cierto que, dependiendo de los temores y posiciones que los sectores tengan en el ajedrez, le darán la interpretación conforme a sus convicciones. Pero algo sí es claro: el resultado es producto del criterio de los comisionados, conformados por grupos heterogéneos, confrontativos y libres pensadores, que, inmersos en la búsqueda de soluciones nacionales a problemas críticos, han estado conscientes del riesgo del fanatismo y que su única compensación es el deber cumplido.
Desde mi experiencia como miembro de la mesa de trabajadores temporeros, bajo la dirección del Dr. Franklin Holguín Hache, soy testigo de que cada posición fue discutida con vehemencia y madurez, donde al final primó la razón a pesar de los puntos encontrados, pero siempre con la fe de generar consenso en beneficio de los mejores intereses del país, sin perder de vista la realidad dominicana de manera objetiva y responsable.La crisis haitiana no debe servir como excusa para posponer las responsabilidades internas de la República Dominicana
El informe contenido en esta mesa evidencia la necesidad urgente de que la República Dominicana asuma su propio orden interno. La propuesta procura diferenciar: a). Aquellos extranjeros que cumplen con las normas y aquellos cuya permanencia no es sostenible; b). Implementar retornos ordenados para quienes no poseen estatus legal; c). Combatir frontalmente las mafias migratorias, históricamente responsables de lucrarse del descontrol fronterizo y d). Fortalecer las instituciones y diseñar una política migratoria integral, basada en la soberanía nacional, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
He demostrado en escritos y ponencias anteriores que, con las leyes actuales, es posible un manejo adecuado a una política de reestructuración integral de la realidad migratoria laboral. Particularmente, considero que, si bien es legítimo reconocer el peso de la crisis haitiana, es un error sustentar la estrategia de desarrollo dominicana únicamente en función de la realidad haitiana o de su descomposición social. La República Dominicana tiene desafíos propios que debe asumir con responsabilidad institucional frente a nuestra problemática interna.
En conclusión, la crisis haitiana no debe servir como excusa para posponer las responsabilidades internas de la República Dominicana. El Consejo Económico y Social, como órgano constitucionalmente reconocido y legalmente estructurado, cumple un papel de mediación y consulta. Sin embargo, corresponde al Estado dominicano, en ejercicio de su soberanía, implementar medidas claras, firmes y sostenibles que respondan a las necesidades de su pueblo, sin vivir de espaldas a la realidad ni a los desafíos que impone la geopolítica regional del momento.
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