Hay pacientes que llegan al hospital con múltiples diagnósticos.
Hipertensión.
Diabetes.
Insuficiencia renal.
Enfermedad coronaria.
A primera vista parecen enfermedades distintas.
Sin embargo, el médico experimentado sabe que muchas veces todas son manifestaciones de una misma patología sistémica.
La República Dominicana se encuentra hoy frente a una realidad similar.
Corrupción, deuda, salud, educación, combustibles, justicia: creímos que eran crisis separadas. No lo son.
Son síntomas.
Manifestaciones distintas de una enfermedad más profunda.
Después de años estudiando hospitales sin recursos suficientes, escuelas incapaces de cerrar brechas sociales, subsidios convertidos en anestesia política, combustibles utilizados como mecanismo de extracción fiscal, publicidad estatal empleada para fabricar percepción y presupuestos capturados por intereses ajenos al ciudadano, he llegado a una conclusión que resume todo el expediente clínico nacional:
El problema dominicano ya no es solamente quién gobierna.
El problema es cómo está diseñado el Estado.
La enfermedad que produce todas las demás
Existe una palabra en medicina para describir el daño provocado por el propio sistema encargado de curar.
Iatrogenia.
Ocurre cuando el tratamiento termina convirtiéndose en parte de la enfermedad.
Cuando una estructura diseñada para resolver problemas comienza a producirlos.
La República Dominicana padece una forma avanzada de iatrogenia institucional.
Durante décadas construimos organismos para resolver necesidades específicas.
Creamos oficinas para agilizar procesos.
Consejos para coordinar políticas.
Programas para reducir desigualdades.
Subsidios para aliviar dificultades.
Pero el tiempo transformó muchas de esas soluciones en estructuras permanentes que terminaron desarrollando un objetivo propio: sobrevivir.
Así nació un Estado que frecuentemente mide su éxito por el tamaño de su presupuesto, el crecimiento de su nómina o la cantidad de instituciones que administra, en lugar de medirlo por el bienestar que produce.
Y cuando eso ocurre, los incentivos se invierten.
La supervivencia burocrática desplaza la solución de los problemas.
La administración sustituye a la transformación.
Y el ciudadano termina financiando estructuras que no siempre mejoran su vida.
El Estado autorreferencial
Existe un concepto que ayuda a comprender esta realidad.
Lo llamo Estado autorreferencial.
Un Estado autorreferencial es aquel que desarrolla mecanismos extraordinariamente eficientes para garantizar su propia expansión, su financiamiento y su continuidad, pero insuficientemente eficaces para evaluar su éxito según el bienestar de quienes lo sostienen. Promese que no tiene medicamentos. Una Unapic sin médico. Una dirección general con diez subdirectores y ningún resultado medible.
No se trata de una conspiración.
Se trata de una deformación institucional.
El combustible permanece caro porque genera ingresos imprescindibles para sostener estructuras existentes.
Los subsidios regresan parcialmente recursos previamente extraídos y luego son presentados como generosidad gubernamental.
La publicidad institucional crece mientras la confianza ciudadana disminuye.
La burocracia se multiplica mientras los trámites continúan siendo lentos.
Los presupuestos aumentan mientras demasiados indicadores sociales avanzan a una velocidad insuficiente.
No son fenómenos aislados.
Son expresiones distintas de una misma arquitectura.
La pregunta que nunca hemos hecho
Durante décadas hemos formulado la pregunta equivocada.
¿Quién gobernará?
¿Quién ganará las próximas elecciones?
¿Quién controlará el presupuesto?
Son preguntas legítimas.
Pero insuficientes.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Qué necesita cambiar para que la República Dominicana funcione mejor dentro de veinte, treinta o cincuenta años?
Esa pregunta no aparece en ninguna plataforma electoral. Y esa ausencia es parte del diagnóstico.
Porque las naciones no se transforman únicamente cambiando gobiernos.
Las naciones se transforman cuando modifican los incentivos que producen sus resultados.
Una nueva lógica para el bien común
La lógica tradicional del Estado ha sido relativamente simple:
Recaudar.
Gastar.
Expandir.
Administrar.
Pero la lógica del bien común exige algo diferente.
La primera pregunta de un Estado moderno no debería ser cuánto dinero puede gastar.
Debería ser cuánto cuesta garantizar dignidad, seguridad y oportunidades para cada ciudadano.
La segunda pregunta debería ser cómo financiar ese objetivo de manera sostenible.
Y la tercera debería ser cómo medir rigurosamente si cada peso invertido produce resultados verificables.
Parece un cambio menor.
No lo es.
Porque desplaza el centro de gravedad del sistema.
Del Estado hacia la persona.
Los siete pilares de la reconstrucción
La República Dominicana no necesita una revolución.
Necesita una reorganización.
Una reconstrucción basada en siete principios simples.
Primero: un Estado pequeño donde sobra y fuerte donde importa.
Menos duplicidades burocráticas.
Más capacidad en salud, justicia, seguridad e infraestructura.
Segundo: presupuestos basados en resultados.
Cada partida debe responder una pregunta elemental:
¿Mejora esto la vida de alguien?
Si la respuesta es no, merece revisión.
Tercero: servicios públicos antes que propaganda.
La legitimidad no se compra.
Se construye.
La mejor publicidad estatal es una institución que funciona.
Cuarto: digitalización integral.
El ciudadano no debe recorrer oficinas para que las oficinas intercambien información.
El Estado debe adaptarse a la vida de las personas y no al revés.
Quinto: transparencia radical.
Compras.
Contratos.
Nóminas.
Indicadores.
Ejecuciones presupuestarias.
Todo aquello que pueda ser visible debe ser visible.
Porque lo que el ciudadano puede ver, el sistema se ve obligado a corregir.
Sexto: prevención antes que reacción.
La República Dominicana administra consecuencias.
Debe comenzar a evitar causas.
En salud.
En educación.
En seguridad.
En infraestructura.
Prevenir siempre cuesta menos que reparar.
Séptimo: instituciones diseñadas para durar.
Las reformas verdaderas no pueden depender de una administración específica.
Una reforma que depende del carácter de quien gobierna no es una reforma institucional. Es una apuesta personal.
Deben sobrevivir a quienes las crean.
La reforma que no aparece en los decretos
Existe, sin embargo, una dimensión aún más importante.
Ninguna reforma administrativa sobrevivirá si la sociedad continúa premiando los mismos incentivos que produjeron el problema.
No habrá meritocracia mientras valoremos más la recomendación que el mérito.
No habrá transparencia mientras la opacidad resulte rentable.
No habrá institucionalidad mientras el privilegio continúe desplazando la igualdad ante la ley.
La reconstrucción nacional también es una tarea cultural.
Y esa transformación comienza cuando dejamos de pedir favores y comenzamos a exigir derechos.
La república que podemos construir
Imagino una República Dominicana donde obtener un documento no requiera intermediarios.
Donde la escuela llegue antes que el abandono.
Donde la atención primaria llegue antes que la enfermedad.
Donde la justicia llegue antes que la impunidad.
Donde el presupuesto responda a prioridades humanas y no a inercias burocráticas.
Donde la tecnología acerque al ciudadano al Estado en lugar de separarlos.
No es una utopía.
Es organización.
Es diseño institucional.
Es voluntad colectiva.
El veredicto
Durante décadas hemos intentado resolver nuestros problemas agregando recursos a una estructura defectuosa.
Más dinero.
Más organismos.
Más programas.
Más burocracia.
Pero ninguna estructura se corrige alimentando las mismas distorsiones que la produjeron.
La tarea histórica de nuestra generación no consiste en administrar mejor el deterioro.
Consiste en reconstruir la república.
Porque los dominicanos ya no necesitan más diagnósticos.
Necesitan instituciones que funcionen.
Y cuando las instituciones funcionan, la política deja de ser una lucha permanente por sobrevivir.
Y comienza, por fin, a convertirse en lo que siempre debió ser: una herramienta al servicio de la dignidad humana.
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