La paz en Haití necesita un escudo hemisférico

De la desarticulación de las estructuras criminales al restablecimiento de la gobernabilidad y la reconstrucción institucional.

La crisis haitiana ha dejado de ser un problema exclusivamente interno. Su prolongación amenaza la seguridad del Caribe, altera los movimientos migratorios, afecta la estabilidad económica regional y somete a prueba la capacidad de los organismos internacionales para responder a la descomposición de un Estado.

Haití ocupa una posición geográfica estratégica, comparte una frontera terrestre con República Dominicana y se encuentra en un espacio donde convergen intereses comerciales, políticos y de seguridad de las principales potencias. Sin embargo, su importancia geopolítica no ha conseguido movilizar una respuesta internacional proporcional a la gravedad de su crisis. Una contradicción que impacta al continente.

Detrás de las organizaciones armadas, opera una economía criminal que las financia, abastece y reproduce. Secuestros, extorsiones, tráfico de armas y drogas, contrabando de combustible, cobros ilegales por el tránsito de mercancías y control de rutas comerciales integran una estructura que trasciende las fronteras haitianas. Naciones Unidas ha documentado las conexiones entre estas actividades, los circuitos financieros y las redes de protección que sostienen el poder de las bandas.

Recuperar territorios sin desarticular esas estructuras puede representar apenas una victoria transitoria. Al delincuente se le golpea que es donde más le duele, en su economía. Por eso, las operaciones de seguridad deben acompañarse de inteligencia financiera, investigación patrimonial, control del tráfico de armas, vigilancia de puertos y fronteras y cooperación judicial.

No basta con perseguir a quienes empuñan las armas; hay que identificar a quienes las suministran, financian, protegen y se benefician de la inseguridad. La lucha contra las bandas debe alcanzar toda la cadena criminal, con protección de la población civil y respeto a los derechos humanos.

El Panel de Expertos de Naciones Unidas estimó que el desplazamiento interno alcanzó aproximadamente 1.5 millones de personas. Detrás de esa cifra hay familias expulsadas de sus hogares, comunidades desarticuladas y ciudadanos privados de servicios esenciales. No estamos ante una crisis migratoria convencional, sino ante una emergencia de seguridad, gobernabilidad y protección humana.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, constituye un instrumento necesario, pero su existencia no garantiza por sí sola resultados. La Resolución 2829, de septiembre de 2026, prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá después?

La seguridad haitiana no puede quedar sometida a renovaciones periódicas de mandatos, aportes inciertos y compromisos que se diluyen con el tiempo. Se necesitan financiamiento previsible, equipamiento, inteligencia, transporte, comunicaciones y sostenimiento operacional. Una misión sin continuidad puede recuperar espacios que las estructuras criminales volverán a ocupar.

La experiencia de El Salvador también debe servir de advertencia. La desaparición de cuatro técnicos salvadoreños y el posterior envío de efectivos militares para apoyar su búsqueda pusieron de manifiesto los riesgos de operar en un territorio donde las organizaciones criminales conservan capacidad de acción. Esa respuesta, distinta de la participación salvadoreña en el esfuerzo multinacional, no debe confundirse con una estrategia permanente. La seguridad de Haití no puede descansar en el sacrificio circunstancial de un solo país.

En este esfuerzo, México puede desempeñar un papel relevante. Su cooperación incluye formación de personal militar haitiano y donación de equipos de protección. Pero su contribución puede ir más allá de la asistencia bilateral. Por su peso diplomático y capacidad de interlocución, puede ayudar a convocar a los Estados y organismos internacionales alrededor de una agenda hemisférica. No todos tienen que aportar contingentes militares: la inteligencia, la tecnología, la cooperación judicial, el financiamiento y la asistencia logística son igualmente indispensables.

La OEA, la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) y el Escudo de las Américas ofrecen espacios complementarios para esa articulación. La conferencia de la A3C celebrada en Santo Domingo, con representantes de 19 países, demuestra que existe capacidad de convocatoria frente a las amenazas criminales transnacionales. Haití debe ocupar un lugar expreso en esa agenda. No se trata de crear una autoridad militar supranacional ni de sustituir el mandato de Naciones Unidas. Se trata de coordinar capacidades y recursos dentro de las competencias y obligaciones jurídicas de cada Estado.

República Dominicana tiene razones particulares para impulsar esta iniciativa. La crisis haitiana repercute directamente en su seguridad fronteriza, su economía y sus servicios públicos. Según la OIM, durante 2025 se registraron 270,214 retornos forzosos hacia Haití, de los cuales 265,215 procedieron de territorio dominicano, reflejo de la intensidad de la movilidad a través de la frontera terrestre que comparten ambos países. Pero la respuesta dominicana y regional no puede limitarse a contener los desplazamientos migratorios. También debe contribuir a que los ciudadanos haitianos encuentren en su propio país seguridad, estabilidad y oportunidades para vivir dignamente.

La seguridad, sin embargo, no puede convertirse en un propósito indefinido. Su razón de ser es devolverle al Estado haitiano la capacidad de ejercer autoridad, administrar justicia, garantizar servicios públicos y recuperar la actividad económica. La operación de seguridad debe tener un horizonte político: que Haití pueda volver a gobernarse.

Es precisamente en esa transición donde adquiere sentido la propuesta de fideicomisos internacionales que hemos planteado anteriormente. Estos mecanismos, por su transparencia, auditabilidad y participación haitiana, permitirían administrar los recursos destinados a la reconstrucción y fortalecer progresivamente las instituciones nacionales. Su diseño debe comenzar desde ahora, porque la planificación de la reconstrucción no puede esperar a que concluyan las operaciones de seguridad.

Haití necesita algo más que declaraciones de solidaridad: necesita que los Estados conviertan su preocupación diplomática en compromisos políticos, financieros, técnicos y operativos.

No basta con contener la violencia ni con administrar sus consecuencias. Hay que desmontar las estructuras que la sostienen, recuperar la autoridad pública y crear las condiciones para que el pueblo haitiano pueda reconstruir su país.

La paz de Haití no es solamente una aspiración del pueblo haitiano; es un reclamo del pueblo dominicano, una necesidad estratégica del Caribe y una responsabilidad compartida del continente.