La justicia no puede convertirse en una campaña electoral

Hay cosas que uno cree que nunca tendrá que ver. Una de ellas es que la búsqueda de un puesto en un alto tribunal pueda terminar pareciéndose a una campaña política.

Estamos viendo señales que obligan a preguntarse: ¿se gana hoy un asiento en la Suprema Corte con méritos o con apoyos? Aspirar no es el problema. Es legítimo que un profesional del derecho bien preparado quiera ocupar una posición en la judicatura, y hay candidatos con experiencia, solvencia y una trayectoria suficiente para servir al país desde una alta corte.

Lo preocupante es otra cosa: que alrededor de la escogencia de los jueces empiece a desarrollarse una especie de proselitismo, con búsqueda de apoyos, acercamientos y movimientos propios de la competencia por un cargo político.

Un juez no debe llegar a la judicatura porque logró más respaldos de “amigos”. Tampoco porque supo desenvolverse mejor en los pasillos del poder. Ni porque consiguió llamadas, recomendaciones, padrinos o apoyos dentro de los círculos de poder. Mucho menos debe verse obligado a hacer campaña para demostrar que merece el lugar desde donde juzgará a los demás.  La Justicia exige que quien juzga llegue libre de deudas.

El proceso que lleva a cabo actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura pone en juego varias vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay una que es codiciada como el solio pontificio en un cónclave: la presidencia. Quien la ocupe encabezará no solo el máximo tribunal, sino también el Consejo del Poder Judicial, que gobierna la carrera de todos los jueces del país. Y como en Roma, conviene recordar el viejo adagio: quien entra papa, sale cardenal.

Por eso la sociedad tiene derecho a exigir que esa selección atienda a los méritos, la trayectoria, la independencia, la capacidad profesional y la integridad de los aspirantes. No a la influencia que exhiben, a las relaciones que cultivan, a la llamada telefónica conseguida en el momento oportuno, a los favores que se cobran pidiendo firmas en formularios de apoyo ni a la destreza para el cabildeo.

Porque cuando el acceso a la Justicia comienza a parecerse a una campaña electoral, algo esencial se está perdiendo por el camino. Un político necesita votos. Un juez necesita independencia. Esa diferencia debería ser sagrada.

Precisamente por eso resulta tan delicado que un aspirante a juez tenga que comportarse como si estuviera buscando votos para alcanzar una posición desde la cual tendrá que decidir sobre derechos, conflictos, intereses económicos, libertades y responsabilidades.

¿Quién puede confiar plenamente en un juez si antes de llegar al cargo tuvo que construir una red de compromisos?  ¿Quién puede sentirse tranquilo frente a una decisión judicial si empieza a preguntarse quién recomendó al magistrado? ¿Quién puede creer en la independencia de la Justicia si alrededor de cada designación comienzan a aparecer grupos, intereses y padrinazgos?

Todas apuntan al sistema, y conviene planteárnoslas ahora, cuando todavía estamos a tiempo de impedir que ciertas prácticas se conviertan en costumbre.

La transparencia no puede limitarse a publicar nombres y celebrar entrevistas públicas. La verdadera transparencia comienza cuando la sociedad puede tener confianza en que nadie necesita hacer una campaña privada para conseguir un puesto que, por su naturaleza, exige independencia. Porque una cosa es presentar una candidatura. Otra muy diferente es hacer proselitismo para conseguirla. Y entre ambas cosas existe una frontera que no deberíamos permitir que se borre.

Durante demasiado tiempo hemos aceptado que en este país casi todo cargo importante tenga padrinos. Nos acostumbramos a que para llegar a determinados lugares haya que conocer a alguien, tener una recomendación, pertenecer a un grupo o demostrar cercanía con quienes tienen capacidad de decisión.

Pero si esa lógica entra definitivamente en la Justicia, el problema deja de ser político. Se convierte en institucional. Porque un juez que llega dependiendo de alguien puede terminar sintiendo que tiene una deuda que pagar.

Un juez no puede tener deudas políticas ni deberle su posición a un partido, a un grupo económico o a una persona poderosa, y mucho menos a abogados en ejercicio. A nadie, en suma. Su única deuda es con la Constitución, la ley y su conciencia.

Eso es lo que significa independencia judicial. Precisamente por eso hay algo que la sociedad debe observar con mucho cuidado: la diferencia entre un proceso legítimo de postulación y una competencia de influencias.

El proceso debe permitir que la sociedad pueda conocer los expedientes, las trayectorias y las actuaciones de quienes aspiran a ocupar las posiciones más importantes de nuestra Justicia. Estamos hablando de personas que mañana podrían tener en sus manos decisiones que afectan la vida de ciudadanos, empresas, instituciones y hasta la propia interpretación de la Constitución.

No se trata de elegir a un director de departamento ni a un funcionario administrativo, sino a jueces. Un juez no debería necesitar popularidad, maquinaria de promoción, padrinos ni compromisos. Necesita autoridad moral, independencia, méritos y libertad para decidir.

Por eso la sociedad tiene derecho a exigir que esa selección atienda a los méritos, la trayectoria, la independencia, la capacidad profesional y la integridad de los aspirantes. No a la influencia exhibida, a las relaciones cultivadas, a la llamada telefónica conseguida en el momento oportuno, a los favores cobrados con firmas en formularios de apoyo ni a la destreza para el cabildeo. Tampoco a un título de doctor ostentado sin haberlo obtenido.

Que no se convierta la Justicia en una campaña electoral. Porque el día que tengamos que preguntarnos quién hizo más proselitismo para llegar a una alta corte, habremos comenzado a perder de vista lo verdaderamente importante: que quienes llegan allí no llegan para representar a nadie, sino para ejercer su función con ética.

Quien tiene que juzgar a todos no puede llegar debiéndole el cargo a nadie. La República Dominicana necesita una justicia fuerte, independiente y respetada. Para eso hay que comenzar por algo elemental: que los jueces sean escogidos por lo que son, por lo que han hecho y por lo que pueden aportar a la Justicia, no por la cantidad de puertas que lograron tocar antes de llegar a ella.

El tren judicial no necesita candidatos haciendo campaña. Necesita magistrados capaces de impartir justicia con dignidad.