La deuda pendiente del desarrollo dominicano

En 2010, la República Dominicana recibió un documento de gran importancia para su futuro: el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico, dirigido por Jacques Attali. Dos años después, en 2012, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), una hoja de ruta ambiciosa que buscaba transformar al país en una nación más próspera, equitativa y sostenible. Sin embargo, más de una década después, la debilidad en su cumplimiento es evidente.

La END no era un simple documento de intenciones, sino un compromiso de Estado para corregir deficiencias estructurales que limitaban el desarrollo. Se plantearon reformas clave para mejorar la educación, la competitividad, la institucionalidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Se diseñaron pactos fundamentales para garantizar esos cambios, entre ellos el Pacto Educativo (2014), el Pacto Eléctrico (2021) y el Pacto Fiscal, que nunca llegó a materializarse. Sin embargo, la falta de voluntad política y la ausencia de consenso han hecho que muchos de estos compromisos queden en el papel.

El Pacto Educativo buscaba transformar el sistema educativo, garantizando mayores inversiones y mejor calidad en la enseñanza. Se logró el hito de destinar el 4% del PIB a educación, pero los resultados han sido decepcionantes. La calidad del aprendizaje sigue siendo deficiente, con estudiantes que obtienen bajos puntajes en pruebas internacionales y con una formación docente que aún no logra el nivel requerido para un verdadero cambio.

El Pacto Eléctrico, firmado con años de retraso, prometía solucionar los problemas históricos del sector. No obstante, los apagones, las pérdidas de distribución y los elevados costos siguen afectando a la población y a la competitividad de la economía.

El Pacto Fiscal, el más urgente de todos, nunca se firmó. Su objetivo era garantizar un sistema tributario más eficiente y justo, pero la falta de acuerdos ha dejado al país operando con un esquema financiero insostenible. En lugar de contar con una política fiscal equilibrada, el Estado ha recurrido al endeudamiento para cubrir sus gastos. Hoy, más del 30% del presupuesto nacional se destina al pago del servicio de la deuda, reduciendo drásticamente la capacidad de inversión en salud, educación e infraestructura.

Este modelo de financiamiento es una amenaza. A pesar del crecimiento económico sostenido, la República Dominicana ha tenido que recurrir constantemente a préstamos para mantener su funcionamiento, y la deuda pública ya supera el 60% del PIB. Esta dependencia limita las posibilidades de transformar el crecimiento en desarrollo real, perpetuando problemas estructurales y dejando a una gran parte de la población sin acceso a mejores oportunidades.

El país ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con tasas superiores al 5% anual en las últimas décadas. Sin embargo, este crecimiento ha sido profundamente desigual. La brecha entre ricos y pobres sigue siendo enorme, la pobreza aún afecta a una parte significativa de la población y la falta de inversión en servicios básicos mantiene al país en un estado de desarrollo insuficiente.

El mayor peligro de este modelo es que genera un país polarizado, donde una parte de la sociedad se beneficia de la bonanza económica mientras otra sigue atrapada en la precariedad. Esto no solo es injusto, sino que también representa una amenaza para la estabilidad social y económica del país. La falta de oportunidades y el creciente endeudamiento público crean una bomba de tiempo que podría afectar la sostenibilidad del crecimiento en el futuro.

Por demás a incertidumbre generada por las políticas económicas de Trump ha afectado a los mercados financieros. Las constantes tensiones comerciales y las amenazas de nuevas tarifas han provocado volatilidad en Wall Street, con caídas significativas en los índices bursátiles en momentos clave.  Poniendo en grave peligro, la encomia mundial. Los pronósticos son alarmantes.

La República Dominicana esta obligada a corregir el rumbo. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 trazó el camino, pero es necesario retomar su ejecución con determinación. Se deben cumplir los pactos firmados, asumir las reformas pendientes y garantizar una gestión pública más eficiente. De lo contrario, el país seguirá creciendo sin avanzar, acumulando desigualdades y manteniendo una gran dependencia de los factores externos, que podrían comprometer su futuro.

El desarrollo no puede seguir siendo una promesa postergada. Es momento de convertir el crecimiento en bienestar para todos.