Haití: una reflexión que comenzó en una mañana de pesca

Las piezas de una solución ya existen; falta voluntad de unirlas y de romper un círculo que solo favorece a quienes se lucran del desorden.

Aquella mañana de pesca

Corrían los últimos años de la década de los ochenta. Trabajaba entonces en Pepsi-Cola y participaba en una convención de embotelladores del Caribe celebrada en la isla de Granada. Allí conocí a Ed Madsen, uno de los propietarios de la Brasserie Nationale d’Haïti, fabricante de la cerveza Prestige y embotelladora de Pepsi en el país, y a "Ti" Don Moore, uno de sus altos ejecutivos. Ellos me invitaron a salir de pesca.

Lo que parecía una simple excursión terminó marcando mi manera de entender las relaciones entre nuestros dos países. En aquellas horas en el mar conversamos de negocios, de nuestras naciones y de lo que ocurre entre ambos pueblos. Me impresionó descubrir en ellos un profundo resentimiento hacia los dominicanos, fruto del desprecio que percibían de nuestra parte. A pesar de ello, entre nosotros surgió una gran empatía, y quizás por eso aquel resentimiento me caló tan hondo.

Eran empresarios de familias de origen europeo, con posición y trayectoria, y aun así cargaban la misma herida que millones de sus compatriotas. Entendí que no se trataba de personas, sino de la relación entre dos pueblos. Muchos dominicanos lo hemos vivido. Basta conversar con un taxista haitiano en Nueva York o en Florida para que, en cuanto aflora nuestro país de origen, aparezca esa misma distancia, hecha de desconfianza y de algo que no debería existir.

Desde entonces me pregunto qué podríamos hacer los dominicanos, desde el Estado, el empresariado, las iglesias y cada uno de nosotros, y, como pueblo mayoritariamente cristiano, desde los valores que decimos profesar, para transformar las condiciones de vida del otro lado de la frontera y, con ello, nuestra relación como vecinos. No pensaba entonces, ni pienso ahora, en caridad, ni en asumir responsabilidades que corresponden al Estado haitiano. Pensaba en inversión productiva, empleos, educación y transferencia de conocimientos.

La realidad que no podemos ignorar

Compartimos una isla con un país de una población muy parecida a la nuestra: unos 11 millones de habitantes de cada lado. Una mitad vive sumida en la pobreza, la inseguridad y el desorden; la otra, con muchas más posibilidades, carga desde hace décadas con una parte del peso de esa desigualdad. Muchos dominicanos sienten que esa carga no nos corresponde, y no les falta razón. Pero cerrar los ojos ante una realidad no la hace desaparecer.

Con los años entendí que el desprecio y la desconfianza forman un círculo vicioso. El desprecio genera resentimiento; el resentimiento alimenta la desconfianza de ambos lados; y la desconfianza nos empuja a medidas que, sin un plan detrás, agravan lo que pretenden corregir: operativos sin regularización, informalidad que favorece el abuso, una frontera que solo sabemos vigilar. Tampoco el trato nos honra. Human Rights Watch documentó la detención de embarazadas, parturientas y menores, a quienes nuestra ley no permite detener, y el Episcopado Dominicano recordó que aplicar las leyes migratorias es un derecho, pero con justicia y respeto a la dignidad humana. Cada vuelta del círculo confirma los prejuicios de los dos pueblos y deja ganancias a quienes viven del desorden. Lo alimentamos por nuestra torpeza, la del prejuicio que no examinamos, la de la emoción que reemplaza al análisis y la de quienes prefieren mirar para otro lado.

En las redes, los mensajes más encendidos son los que más circulan. Pero también hay voces sensatas. Para Virginia Antares, como explicó en un comentario radial, el caos haitiano tiene beneficiarios. Ganan los traficantes de personas en la frontera, ganan quienes arman a las pandillas y ganan quienes explotan a los que cruzan para sobrevivir. Lo confirma un informe de expertos de la ONU que documentó el desvío de más de 900,000 municiones de arsenales dominicanos, pagados con nuestros impuestos, que en su mayoría habrían terminado en Haití.

Otra voz sensata es la del exsenador Héctor Rodríguez Pimentel. Tras la victoria de Haití en el Estadio Olímpico, un jugador haitiano gritó "La Hispaniola es Haití", y el Ministerio de Deportes respondió prohibiendo que cualquier equipo haitiano juegue en el país, aunque nuestra propia federación reconoció las fallas de organización. Rodríguez Pimentel propuso lo correcto: llevar el caso a la Concacaf y sancionar al responsable, porque compartimos una isla, no una soberanía. Castigar a todo un pueblo alimenta el círculo y nos expone ante la FIFA y la Concacaf, a las que el ministro notificará la medida. La lección es firmeza en la defensa de la soberanía y conciliación en el trato, nunca confrontación.

La solución debe tomar en cuenta al otro lado

Nadie abandona su tierra por gusto. Los haitianos lo hacen porque allí no encuentran trabajo, seguridad ni horizonte. Los controles fronterizos y la aplicación de la ley son necesarios, pero no cambian esa ecuación. La cambia el empleo.

El historiador Laurent Dubois rastrea las causas en la deuda impuesta por Francia y en las intervenciones extranjeras; el politólogo Robert Fatton, en unas élites que hicieron del Estado una fuente de renta. En 2022, Canadá sancionó a magnates haitianos por presuntos nexos con pandillas. La salida es atraer inversión productiva a Haití con un modelo que ya funcionó, aquí con CODEVI y en Jordania y Egipto, con otra lógica, la de generar empleo, formar personas y compartir el progreso.

La prueba más cercana es CODEVI, el parque del Grupo M de Fernando Capellán en Juana Méndez, que llegó a emplear a unas 20,000 personas, 19,000 de ellas haitianas. Según estimaciones del grupo, por cada tres empleos creados allá se genera uno aquí, en nuestros puertos, transportistas y proveedores de telas, hilos e insumos. El empleo en Haití también produce empleo aquí. CODEVI, además, forma en disciplina, productividad y calidad, y el norte haitiano donde opera demuestra que la seguridad es posible. De Cabo Haitiano a Juana Méndez, recuerda Capellán, no hay pandillas ni extorsión. Las exportaciones dominicanas a Haití rondaron US$1,200 millones en 2025, y Capellán insiste en manejar esa relación de forma estratégica, no táctica. Un Haití con más oportunidades es un mercado más grande y una frontera más tranquila.

La ruta que debemos procurar

Estados Unidos acaba de extender hasta 2028 los programas HOPE/HELP, que dan acceso preferencial a las confecciones hechas en Haití. Capellán propone ir más lejos, con una visión que deberíamos abrazar como país: una renovación de largo plazo atraería industrias de capital intensivo y empleo a ambos lados de la frontera. Washington ya concedió a Jordania y Egipto las Zonas Industriales Calificadas (QIZ, por sus siglas en inglés), con acceso libre de aranceles a condición de incorporar insumos de su vecino. Las exportaciones jordanas pasaron de unos 15 millones de dólares a más de mil millones. Un régimen similar para Haití, con insumos dominicanos obligatorios y garantías laborales, desataría una dinámica virtuosa: la inversión llega a Haití, el empleo reduce la presión migratoria, los salarios regresan como compras a nuestras empresas, y la frontera deja de ser solo una línea que vigilar para convertirse en un corredor de producción.

Esa dinámica también serviría a nuestra confección. Este año se confirmó el cierre de la planta de Gildan-Hanes en Bonao, con unos 2,000 empleos, y parte de esa producción podría instalarse en parques fronterizos, sin que eso implique renunciar a exigir a Washington que elimine el arancel adicional de 12.5% y nos devuelva al arancel cero del DR-CAFTA.

Alrededor de esos polos productivos, con una propuesta bien articulada, podríamos atraer fondos internacionales para hospitales, escuelas, politécnicos, energía limpia y la seguridad necesaria. Sería un plan de reconstrucción para la frontera binacional, distinto de los anunciados tras el terremoto de 2010 porque estaría anclado en empleos reales y proyectos medibles. El Gobierno ha dado pasos. El canciller Víctor Bisonó se reunió con su homóloga haitiana en CODEVI e impulsa los puertos secos fronterizos, con el corredor Comendador–Belladère como piloto. Pero del dicho al hecho hay un abismo.

No se trata de caridad, sino de interés mutuo: cada empleo digno en Haití es una razón menos para cruzar de forma irregular y un paso hacia la confianza entre vecinos.

Una conversación que nos debemos

Sé que este tema despierta emociones legítimas. La preocupación por la soberanía, por el orden y por el peso de la migración irregular sobre nuestros servicios públicos es comprensible, y la comparto.

Pero cuando esa preocupación se convierte en un rechazo automático a cualquier propuesta, terminamos sin poder conversar con serenidad. Le ocurre a la palabra regularización. A muchos les suena a puerta abierta, cuando en realidad es la herramienta que permite saber quién trabaja en el país, dónde y para quién. Sin registro no hay control; sin contratos, se impone la informalidad.

Nuestra producción depende de la mano de obra haitiana. Según el Instituto Nacional de Migración, los trabajadores extranjeros, en su mayoría haitianos, cubren más de la mitad de la demanda en el arroz y casi tres cuartas partes en el plátano, y un estudio del UNFPA estimó en 2019 que los nacidos en Haití generan el 7.4% del valor agregado. Mientras las deportaciones superan las 250,000 este año, los arroceros piden regularizar esa contratación. Sustituirlos no es fácil: en junio, los bananeros buscaron 24,000 trabajadores y solo se presentaron 125. Muchos dominicanos no quieren esas labores: el motoconcho o la economía informal ofrecen lo que el campo y la obra no pueden igualar.

El Código de Trabajo exige que al menos el 80% de los trabajadores sean dominicanos, pero en el campo y en la obra la realidad es otra, y la informalidad no le conviene a nadie, porque el trabajador queda sin protección y el empleador, expuesto a accidentes y demandas. Constructores, bananeros y empresarios de zonas francas coinciden en la salida: permisos temporales vinculados a un empleador, con contrato, seguridad social y garantía de retorno. El Pacto Nación de 2023 prevé permisos con límites anuales por sector, pero ahí está la paradoja: la ley protege al trabajador siempre que tenga estatus regular, y es el propio sistema el que casi le impide alcanzarlo; aun quien lo logra no tiene garantizados sus derechos básicos. Así no se resuelve ni el problema migratorio ni el de nuestros sectores productivos. Regularizar el trabajo que necesitamos y crear empleos en Haití no son ideas opuestas, sino dos mitades de una misma política.

Las piezas existen; falta articularlas. Si miramos nuestra isla como dos economías soberanas que pueden complementarse, lo que hoy vemos como una carga puede beneficiar a ambos pueblos.

Aquí veo una oportunidad para el presidente Abinader. Ha insistido con razón ante la ONU en que no existe una solución dominicana a la crisis haitiana. Una propuesta como esta tendría más legitimidad que limitarnos a decir lo que no nos corresponde, porque mostraría lo que estamos dispuestos a impulsar. Su estrategia Meta RD 2036 ya reconoce que la mano de obra haitiana es esencial en la construcción y la agricultura, pide reglas migratorias claras y propone complementar el muro físico con un "muro económico" de zonas fronterizas como CODEVI. Yo añadiría un tercero, como propone Virginia Antares: un muro institucional que cierre el paso a las redes mafiosas. Físico, económico e institucional: cada uno por sí solo es insuficiente; juntos forman una política. Esas ideas, sin embargo, no aparecen en la presentación técnica del plan ni entre sus prioridades. El diagnóstico está escrito; el siguiente paso es convertirlo en una ruta que el país presente ante la comunidad internacional.

La pregunta que me acompaña desde aquella mañana de pesca sigue vigente: ¿cuánto más habríamos logrado si, en lugar de ver los problemas de Haití solo como un peligro, hubiéramos dedicado nuestra inteligencia, nuestro liderazgo político y empresarial, nuestros recursos y talentos a contribuir a sus soluciones?

Esta es nuestra encrucijada: seguir en círculos que no solucionan ni la crisis haitiana ni la nuestra, o apostar por empleos a ambos lados de la frontera y por una regularización que ordene la migración, asegure un trato digno y proporcione a la producción nacional los trabajadores necesarios. No se trata de resolverle la vida a Haití, sino de reconocer que su desarrollo también es de interés nacional. No podemos cambiar la geografía que compartimos, pero sí nuestra relación. De ello depende, en buena medida, el futuro de ambos pueblos.