El Tratado de Basilea (1795)

El Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de 1795, fue un acto de realpolitik que selló el destino de la parte española de Santo Domingo y marcó el principio del fin de tres siglos de presencia hispana en la isla. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una guerra —la del Rosellón— que había puesto a España contra las cuerdas, con las tropas francesas ocupando Guipúzcoa, Navarra y Cataluña. Carlos IV y su valido, Godoy, optaron por salvar la piel en la península a cambio de sacrificar la joya antillana. La Corona, que en otros tiempos hubiera defendido sus posesiones ultramarinas con uñas y dientes, prefirió entonces negociar, como si el precio de la paz fuera solo un territorio lejano y no el corazón de un imperio que ya comenzaba a desangrarse.

El artículo IX del tratado fue frío en su redacción: España cedía "en toda propiedad" su parte de la isla, con plazas, puertos y cañones incluidos, como quien entrega las llaves de una casa sin mirar atrás. Pero lo que el papel no decía era el drama humano que se desataría. A los habitantes de Santo Domingo —hispanos, criollos, esclavos— se les concedió un año para abandonar la tierra que habían trabajado y defendido durante generaciones, llevándose consigo sus bienes, sus esclavos y, en teoría, su lealtad. La Corona, en un gesto que sonaba más a limosna que a reparación, ofreció barcos para el traslado. Pero el plazo se reveló insuficiente. La consternación cundió: ¿cómo desarraigar vidas enteras en doce meses? Los hacendados suplicaron prórrogas, el rey accedió a extender el término, y al final, la burocracia y la guerra alargaron la agonía hasta 1801, cuando Toussaint Louverture, ya dueño de hecho de toda la isla, consumó la ocupación contraviniendo la voluntad expresa del Primer Cónsul y obteniendo la autorización manu militari  del comisionado Roume Saint Laurent.

El éxodo fue un desgarramiento. Miles optaron por partir —hacia Cuba, Puerto Rico, Venezuela—, llevando consigo lo que podían: enseres, ganado, esclavos. Otros, los más pobres o los más obstinados, se quedaron, condenados a vivir bajo una bandera que no era la suya. La disputa por los esclavos fue particularmente amarga: para España, eran propiedad privada; para los franceses, hombres libres en suelo revolucionario. Muchos dueños, temiendo perder su "inversión", aceleraron la venta o el traslado de sus esclavos antes de que el plazo expirara. El resultado fue un vacío demográfico y económico. La parte oriental de la isla, que había sido un bastión de la ganadería y el comercio, quedó semidespoblada, sus campos abandonados, sus ciudades reducidas a sombras de lo que fueron.

Cuando el bando real anunció en 1795 que la isla ya no era española, el pueblo sintió que lo vendían como un hato  de reses. El Cabildo de Santiago lo gritó sin rodeos: "Nos han comprado la paz con lágrimas de sangre". No eran súbditos, eran mercancía de trueque, peones en un tablero ajeno. No hubo rebelión —el arzobispo Portillo y Torres lo admitió: "de haber sido menos sumisos, habrían quemado la ciudad"—, pero sí un grito ahogado que resonó en las calles. Una mujer se desplomó muerta, aullando "¡Isla mía, Patria mía!", mientras el resto entendía que tres siglos de lealtad se habían convertido en moneda de cambio por la restitución de  unos territorios peninsulares que a Godoy le preocupaban más que sus vasallos.

Las familias que podían vendieron sus haciendas por monedas y embarcaron hacia Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Prefirieron la miseria en tierra ajena antes que vivir bajo la bandera de una república que abolía esclavos, altares y privilegios. Se llevaron consigo el cerebro, el oro y el orgullo de la colonia. Los que no pudieron escapar, quedaron atrapados en una isla que ya no tenía rey, ni ley, ni futuro.

La evacuación fue un desastre lento y humillante. La Corona prometió tierras y transporte, pero los buques llegaron tarde, cuando ya Toussaint Louverture cerraba el cerco. Primero salieron los ricos, luego los frailes, después los funcionarios. La Real Audiencia, ese último símbolo de orden, zarpó en 1799 hacia La Habana, llevándose los archivos y dejando atrás un territorio sin justicia, sin Dios y sin esperanza. El arzobispo Portillo partió en 1798, no sin antes maldecir el día en que España olvidó a sus fieles.

El final llegó en enero de 1801, cuando García y Moreno, el último gobernador, entregó las llaves de la ciudad a Toussaint. No hubo gloria, solo silencio. Quedaban menos de 70,000 almas en una tierra que once años antes albergaba a 125,000. No era una colonia, era un cementerio. El vacío demográfico, la desaparición de las instituciones, la aniquilación del poder hispánico eran el preludio del total desvanecimiento del primer asentamiento europeo en America. Aquellos que huyeron pensaron que Santo Domingo desaparecería.

Carlos IV no se conformó con regalar Santo Domingo en Basilea. En un alarde de consistencia en el despropósito, al año siguiente refrendó el Tratado de San Ildefonso (1796), donde España, en un gesto que roza lo grotesco, cambió la Luisiana —dos millones de kilómetros cuadrados de futuro— por el Ducado de Parma para la reina consorte Maria Luisa, un feudo italiano que ni siquiera compensaba el tamaño de la humillación.

Lo irónico es que Francia, en su delirio revolucionario, ni siquiera quería la Luisiana. Los plantadores de Saint-Domingue, cegados por el espejismo de una isla unificada, rechazaron la oferta española de 1795, convencidos de que con Santo Domingo completarían su "emporio de riqueza". Pero Carlos IV, en su proverbial torpeza, insistió. Donde su padre, Carlos III, había visto un baluarte estratégico, él solo vio un trueque conveniente para contentar a su esposa y a don Manuel  Godoy. La Luisiana, que bajo  el esclarecido Carlos III había sido un muro contra los británicos y un contrapeso a las Trece Colonias y un valladar para preservar La Florida, se convirtió en moneda de cambio por un título nobiliario de medio pelo.

Napoleón, por supuesto, no tardó en burlarse del acuerdo. ¿Prohibirle revender la Luisiana? Una cláusula tan ingenua como creer que Francia respetaría algo que no le conviniera. En 1803, la bandera española se arrió en Nueva Orleans para siempre, y Estados Unidos, con un golpe de pluma, duplico su territorio sin disparar un solo tiro. Mientras, España, reducida a espectadora de su propia decadencia, contemplaba cómo su antiguo dominio se esfumaba entre la ambición ajena y su propia incapacidad para entender el juego que estaba perdiendo.

No fue la guerra lo que arruinó a España. Fue la mediocridad de un rey que confundió el gobierno con la gestión de sus caprichos, y una corte que prefirió las intrigas de palacio a la razón de Estado. Carlos III había construido; Carlos IV, en cambio, solo supo regalar. Cuando las tropas de Napoleon penetraron el territorio español en 1808, Carlos IV se refugió en Bayona, y luego apareció como huésped de Tayllerand en el castillo de Valencey. La incompetencia de Carlos IV fue el preámbulo del desplome de todo el imperio español. España se desangro en una guerra de seis años por su independencia, obtenida en el Tratado de Paris de 1814 que puso punto final a todas las concesiones que había hecho a Francia en Basilea.

Joaquin García y Moreno, el ultimo gobernador español  en 1800

El 17 de octubre de 1795, cuando el bando real anunció que la isla  ya no era española, García no se dobló. Publicó la noticia con el gesto frío de un militar, pero el alma de un hombre que sabía que su rey acababa de firmar no un tratado, sino una traición. Y entonces hizo lo único que le quedaba: resistir.

Se negó a entregar las plazas al general Laveaux, ese francés impaciente que exigía la rendición inmediata. "Sin poderes legítimos de la Convención, no cedo ni un palmo", le espetó. No era obstinación, era honor. Mientras, en silencio, organizó lo que España ya no protegía: los 7,500 negros auxiliares, veteranos de las guerras contra Francia, fueron evacuados a Cuba y Florida.  Los negros auxiliares de Carlos IV ocuparon varias porciones del territorio de Saint Domingue. Al igual que los caudillos de la revolución de 1791, Toussaint Louverture había formado parte de estas milicias. Jean Francois  y sus 141 "negros auxiliares"  llegaron a Cadiz, el 17 de marzo de 1796, donde llevaron  a pesar de sus  flamantes uniformes de oficiales una existencia miserable y sin gloria alguna. El caudillo principal, Georges Biassou, fue llevado a San Agustin (La Florida), adonde llego despachado  por el gobernador de La Habana, el 13 de enero de 1796, acompañado de su esposa y un sequito de 23 soldados.

Luego, salvó los símbolos. Bajo su mando los restos de Colón fueron exhumados de la Catedral y enviados a Cuba. "Que no quede ni el polvo de nuestros padres en manos extrañas", ordenó. Y mientras la élite vendía sus haciendas por monedas para huir, él se quedó, retrasando la entrega con excusas de protocolos y arcas vacías, sabiendo que cada día ganado era un día menos bajo la bandera tricolor.

El final llegó en enero de 1801, cuando Toussaint Louverture —ese general negro que Francia nunca autorizó— sitió la capital. García negoció la rendición con la dignidad de quien sabe que ha perdido, pero no se rinde. El 26 de enero, entregó las llaves de la ciudad, pero se quedó veinte días más, supervisando que el último soldado y el último funcionario zarparan hacia Cuba. Solo entonces, el último gobernador español de Santo Domingo embarcó hacia Maracaibo, tras veintisiete años en la isla. No llevaba equipaje, solo el peso de haber sido el hombre que apagó las luces de un imperio.

El Tratado de Basilea no solo cedió tierra: arrancó de raíz a un pueblo. Quedaron los muros de las ciudades fundadas por los Borbones, los ingenios paralizados, los puertos silenciosos. No era una colonia, era una escombrera.

La pregunta que aún duele no es cuántos se fueron, sino qué quedó después de que se fueran. Y la respuesta, en los registros de la época, es contundente: una sociedad desmembrada, una economía en ruinas y un pueblo condenado a reconstruir, desde cero, lo que tres siglos de historia hispánica habían construido. Basilea no fue el fin de una guerra, sino el principio de un colapso. La isla que había sido la primera colonia de América quedó reducida a un territorio sin rumbo, donde los que se quedaron tuvieron que aprender bajo una bandera que no era la suya, en una tierra que ya no reconocían.

Los Borbones y el sueño roto de Santo Domingo

• Mientras Carlos IV y Manuel Godoy, en su afán de conservar unos territorios peninsulares amenazados, firmaban en Basilea la entrega de Santo Domingo como quien regala un hato de ganado, lo que realmente sacrificaban era el proyecto colonial más ambicioso y exitoso del siglo XVIII en América. Gutiérrez Escudero ( (1994). Asentamientos Urbanos, Poblaciones y Villas de La Española, 1664-1778) lo deja claro: lo que se perdió en 1795 no fue solo una colonia, sino el resultado de un siglo de política fundacional sin parangón en el continente, una obra de ingeniería social y estratégica que había convertido a la parte española de la isla en el baluarte más sólido de la hispanidad en el Caribe.

Los Borbones —Felipe V, Fernando VI y, sobre todo, Carlos III— no gobernaron Santo Domingo por inercia, sino con una visión geopolítica que hoy admiraríamos en cualquier estadista. Entendieron que la supervivencia de la colonia dependía de dos frentes: contener el avance francés por tierra y dominar el mar Caribe. Y actuaron en consecuencia.

En la frontera con Saint-Domingue, doce villas surgieron como fortalezas vivas entre 1704 y 1768: Hincha (1704), fundada para frenar a los colonos franceses que avanzaban como verdolaga; San Joaquín de Dajabón (1740), clave para controlar el norte; San Rafael de la Angostura (1761), que cortaba el paso hacia el Cibao; San Miguel de la Atalaya (1768), centinela en las montañas. No eran pueblos al azar: eran un muro de carne y piedra, diseñado para detener el expansionismo galo. Cada villa era un eslabón en una cadena que impedía que los franceses cerraran el cerco sobre la isla.

Pero los Borbones no se conformaron con la frontera. Samaná y Puerto Plata fueron sus movimientos maestros en el tablero caribeño. La primera, fundada en 1756, evitó que los franceses se apoderaran de la bahía más estratégica del Caribe; la segunda, repoblada en 1737, rompió el monopolio comercial de la capital y abrió el norte al comercio legal. Sin Samaná en manos españolas, la isla entera habría caído en poder de Francia décadas antes.

Y luego estuvo la sangre nueva: los canarios. No fueron colonos pasivos, sino soldados de la hispanidad, trasladados en "barcadas" —viajes donde la muerte por hambre y enfermedad era tan cierta como el destino— para poblar la frontera. Llegaban en condiciones de miseria, pero traían consigo el idioma, la fe y las costumbres que hacían de Santo Domingo una extensión de España. Gutiérrez Escudero no oculta el costo humano, pero tampoco duda de su papel providencial: sin ellos, la frontera se habría desvanecido en el siglo XVIII, y con ella, la isla entera.

Pero lo más brillante —y lo que Basilea destruyó— fue el sistema cultural. Cada villa llevaba consigo su iglesia, su cabildo, su escuela parroquial, donde se enseñaba el castellano  pulcramente y se inculcaba el catolicismo como muralla espiritual contra el protestantismo inglés y el vudú haitiano. No eran solo pueblos: eran bastiones de identidad. Y funcionaron: durante un siglo, Santo Domingo resistió como la reserva espiritual de España en el Nuevo Mundo, mientras el resto de las colonias se desdibujaba bajo influencias ajenas.

Y entonces llegó Basilea. Carlos IV y Godoy, en su miopía, regalaron en 1795 lo que tres generaciones de Borbones habían construido con sangre, sudor y visión estratégica. No fue un error: fue un crimen contra el futuro. Porque lo que se perdió no fueron solo tierras, sino el proyecto de nación más sólido que España tuvo en América.

Toussaint Louverture no entró en Santo Domingo en enero de 1801 como delegado de Francia, sino como conquistador de un vacío. Francia, enredada en sus guerras europeas, no pudo enviar tropas, y él, con astucia de caudillo, ocupó el espacio que el abandono español dejó. Joaquín García le entregó las llaves de la ciudad, pero Toussaint no juró lealtad a la Constitución francesa: para él, la soberanía ya era un hecho desde 1795. No era un subordinado, sino un gobernante que actuaba por su propia autoridad.

Su ocupación no fue solo militar, sino un experimento de ingeniería social. La Real Audiencia, último vestigio del orden español, intentó mantener un sistema judicial híbrido: alcaldes para los hispanos, jueces de paz para los franceses, y una Audiencia Imperial que mezclaba ambos derechos. Pero era un parche sobre una herida abierta.

La Iglesia, siempre estratégica, fue usada como herramienta de pacificación. Roume intentó convencer al arzobispo Portillo de que el catolicismo no corría peligro bajo la República, pero Portillo prefirió el exilio en Cuba antes que someterse a un régimen que olía a herejía. Los sacerdotes que se quedaron lo hicieron por inercia, no por convicción.

El ejército español, reducido a una sombra, aún cumplía una función: mantener el orden mientras duraba la transición. Pero el verdadero enemigo no era la indisciplina, sino el bandidaje, esos grupos de negros rebeldes que asolaban el campo. La fuerza española, en sus últimos estertores, intentó contenerlos, pero era como tapar el sol con un dedo.

El sistema de propiedad se convirtió en un campo de batalla jurídico. Los españoles, amparados en el Tratado de Basilea, reclamaban el derecho a llevarse sus "bienes" —incluidos los esclavos—. Pero Toussaint, heredero de la Revolución Francesa, proclamaba que en suelo francés no podía haber esclavos. La contradicción era insostenible: ¿cómo conciliar el derecho español con los principios revolucionarios? Mientras, el Real Erario seguía cobrando deudas y vendiendo bienes confiscados, como si nada hubiera cambiado.

La enseñanza, por su parte, se desmoronaba. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, antaño faro del saber colonial , languidecía. Los catedráticos emigraron, los alumnos desaparecieron, y las aulas quedaron vacías. ¿Para qué estudiar bajo un régimen que podía desaparecer mañana?

Toussaint, al unificar la isla y proclamarse gobernador vitalicio, no solo desafió a Napoleón, sino que aceleró su propia caída. Su Constitución de 1801, donde se autoproclamaba dictador, fue la gota que colmó el vaso. El Primer Cónsul no podía tolerar que un antiguo esclavo gobernara como soberano en lo que aún consideraba territorio francés. La expedición de Leclerc ya estaba en camino, y con ella, el fin de Toussaint.

En menos de un año, Santo Domingo pasó de ser una colonia española en decadencia a un laboratorio de contradicciones: justicia híbrida, religión instrumentalizada, propiedad en disputa, educación en ruinas. Toussaint creyó que podía moldear la historia a su imagen, pero la historia, como siempre, tenía otros planes.

Referencias bibliográficas

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• Chinchilla Galarzo, A. (2022). Las relaciones diplomáticas hispanofrancesas (1795-1808). Las exigencias del pragmatismo político: el Pacto de Familia, pero sin familia (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
• Gutiérrez Escudero, A. (1994). Asentamientos Urbanos, Poblaciones y Villas de La Española, 1664-1778. Temas Americanistas, (11), 58-65.
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• Pinto Tortosa, A. J. (s.f.). El primer tropiezo histórico de Bonaparte: la reconquista de Santo Domingo. Cuadernos de Historia Contemporánea.

Rodríguez Demorizi, E. (Ed.). (1958). Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García, Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros, 1795-1802 (Vol. XIV). Ciudad Trujillo, D.N.: Impresora Dominicana.