El proyecto de fusión en las cámaras

De manera un tanto “inesperada”, el Palacio reintroduce el tema de la fusión MINERD-MESCYT, enviando a las cámaras el mismo. Las interpretaciones salen a flote: se trata de “agarrarnos asando batata” o se trata, más bien, de “diluir y echarle agua al fuego de SENASA”. O las dos cosas al mismo tiempo, por aquello de “matar dos pájaros con un solo tiro”.

El segundo de los temas parece que se irá complicando, si es que las palabras dichas por la procuradora tienen visos de realidad, pues otros implicados serán llamados y es posible que las “sorpresas sean muchas y variopintas” y, como se ha de esperar, las consecuentes “medidas de coerción” despertarán muchos comentarios. Quizás sobre ello volvamos a opinar.

El primero de los temas, la reintroducción de la cuestión de la fusión y lo que podría esperarse de su conocimiento al vapor y aprobación para iniciar el 26 “fundidos”, quiero llamar la atención particularmente a quienes tienen el sartén en las manos ahora: las cámaras de diputados y senadores.

Aunque no soy quien para darles “clases” a quienes componen esa importante instancia del Estado, solo recordarles que están para “crear, modificar y derogar leyes, representar al pueblo, y controlar y fiscalizar al gobierno (Poder Ejecutivo), además de aprobar el presupuesto nacional, ratificar tratados internacionales como elegir altas autoridades, entre otras cosas”.

“El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”. (Constitución del 2024).

Entre sus funciones hay tres a las que me quiero referir: la de legislar, elaborando, discutiendo y aprobando leyes, reformando la Constitución y sancionando leyes de presupuesto y tributarias; la de controlar y fiscalizar, vigilando las acciones del gobierno y sus funcionarios, evaluando y aprobando la gestión del Poder Ejecutivo, interpelando y censurando a ministros, y creando comisiones de estudio e investigación de asuntos complejos.

La función de representación les recuerda que deben representar, principalmente, los intereses de todos los ciudadanos y, en sentido general, a los de la nación, debatiendo, analizando y decidiendo, finalmente, sobre cuestiones de políticas públicas de interés nacional, como es el caso de la fusión de MINERD y MESCYT.

Por sus funciones, su rol en el equilibrio político y en el desarrollo real de la democracia, ustedes juegan un papel fundamental. No tengo dudas de que, en nuestro caso, “representan al partido que los incluyó en su boleta electoral”, pero que desde el mismo momento en que fueron elegidos, su representación es, sin dudas, la de toda la ciudadanía y la nación.

Como ustedes bien saben, la educación es el motor principal del desarrollo económico y social, pues una ciudadanía formada y guiada por los valores que soportan nuestras aspiraciones como país juega un papel de primer orden para hacer posible el país que ustedes y todos los dominicanos soñamos y anhelamos.

Se dice que la fusión hará más racional el gasto en educación y que, por lo tanto, posibilitará alcanzar la tan anhelada expectativa de una educación de calidad, solo que no se explica claramente cómo esto será posible. Más de 30 años de procesos de reformas no han logrado aún alcanzar este deseo. En educación, todos hemos aprendido que los procesos son complejos y de mediano o largo plazo.

Que un niño, una niña y un joven aprendan y desarrollen todas sus potencialidades no es una cuestión de naturaleza mandatoria, es decir, de leyes y normas. Cuando se aprobó la actual Ley de Educación, se llegó a decir que teníamos uno de los instrumentos legales de mayor avanzada en América Latina y el Caribe, pero no bastó y la realidad nos ha dado duro en la cara.

Tampoco bastaron los planes decenales, los pactos, ni la inversión del 4% del PIB por mandato de esa ley, como la cuantiosa inversión o gasto en formación docente, ni los miles y miles de millones en desayuno, merienda y almuerzo escolar. Todos ellos importantes, no tengo la menor duda, como lo es la construcción de aulas y su equipamiento. Pero tampoco bastaron.

En educación las cosas no son como las tablas de multiplicar, pues no siempre dos por dos son cuatro. Aunque la evidencia indica que el factor más contundente al hablar de logros de aprendizajes es el nivel socioeconómico, en los estudios PISA sucedió, en cambio, que en el primero el 11% y luego el 12% o 13% en el segundo, los jóvenes del quintil 1 (más pobre) mostraron mayor logro que los del quintil 5 (más rico). Raro, ¿no?

Todos sabemos que las horas de calidad que deben transcurrir en el aula en el día a día sí son un factor clave, lo que posiblemente explica lo anterior. Sí, hay que invertir más y mejor, pero, sobre todo, hay que asegurar que el tiempo de calidad en el aula sea real. En esos mismos estudios, dicho por estudiantes y maestros, somos el país de la región donde la inasistencia a clases, de maestros y estudiantes, es de las más altas. ¿Cuestión de supervisión? Podría ser.

En este mismo año escolar que va completando su primer período, según se reseña en la prensa local, la interrupción de clases ha sido alta por paros de los maestros, y ello con independencia de las decisiones de la dirigencia nacional del gremio, pues las presidencias provinciales tienen la potestad de hacerlo. Así, el tiempo de clases se ve mermado.

Un superministerio, como imagino, podría llegar a salir de la fusión propuesta, no veo cómo pueda afrontar tales retos.

Por otro lado, la educación básica, como la formación técnica y superior, tiene intencionalidades distintas, al igual que distintos son sus procesos. Las particularidades de las edades conllevan de por sí intereses y necesidades totalmente diferentes.

La educación superior no se puede ver como una continuidad de la educación básica, pues, aunque una es condición obligatoria de la otra, tienen racionalidades e intencionalidades distintas. La primera debe asegurar la formación básica para la vida ciudadana; la segunda, junto a la formación técnica, debe formar y desarrollar las competencias para el mundo del trabajo.

No es una mega institución lo requerido, pero sí un sistema educativo muy bien organizado y articulado, que asegure que en cada momento de la vida los intereses de los sujetos, como las expectativas y necesidades sociales plasmadas en el currículo, puedan comprometerse con el aseguramiento de sus propósitos. Una megainstitución, por sí sola, no lo asegura.

El primero de los temas, la reintroducción de la cuestión de la fusión y lo que podría esperarse de su conocimiento al vapor y aprobación para iniciar el 26 “fundidos”, quiero llamar la atención particularmente a quienes tienen el sartén en las manos ahora: las cámaras de diputados y senadores.

Una mega institución puede verse bloqueada y entorpecida en sí misma y no cumplir con los propósitos de sus diferentes “niveles o subsistemas”. La educación básica, como la técnica y superior, debe estar articulada a un proyecto de nación que suponga y asuma el desarrollo económico nacional, como el de sus ciudadanos en particular.

No actúen por mandato que no fuera el de la propia ley que les obliga, pues nadie está por encima de ustedes más allá que su propia conciencia como ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, y ello así, desde el Artículo 4 de la Constitución: Gobierno de la Nación y separación de poderes, que dice:

“El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”. (Constitución del 2024).