El petróleo de Macondo

Hay historias que América Latina parece condenada a contar más de una vez; en ellas cambian los personajes, las materias primas, los gobiernos y hasta las palabras utilizadas para explicar los acuerdos, pero permanece una circunstancia conocida: una parte posee la riqueza mientras la otra llega a la mesa con el poder necesario para decidir cuánto vale, cómo y bajo cuáles condiciones será explotada, quiénes recibirán sus beneficios, qué obtiene a cambio quien la tiene bajo sus pies y, sobre todo, a cuáles cuentas irá a parar el dinero.

El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela devuelve inevitablemente esa imagen. Según lo conocido hasta ahora, comprende 17 campos que reunirían más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, derechos de desarrollo por cien años y una estructura que otorgaría a intereses estadounidenses el control mayoritario de la producción. Faltan por conocerse aspectos jurídicos y financieros importantes, por lo que sería precipitado juzgar definitivamente un contrato cuyo contenido íntegro aún no es público; conocemos, en cambio, algo acaso tan importante como sus cláusulas: las condiciones en que las partes llegaron a negociarlo. Nicolás Maduro preso en Estados Unidos, después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano; Delcy Rodríguez designada sin mediar elecciones en el gobierno y, pocos meses después de aquella operación, Caracas negocia con Washington el destino de una porción considerable de las mayores reservas petroleras probadas del planeta. El petróleo sigue estando en Venezuela; el poder para negociar, evidentemente, no.

Nada de esto resulta nuevo en nuestra historia; Panamá acababa de separarse de Colombia cuando, en 1903, Philippe Bunau-Varilla, un francés que representaba a la recién nacida república, acordó con Washington un tratado mediante el cual Estados Unidos obtuvo amplísimos derechos sobre la Zona del Canal; a cambio, Panamá recibiría diez millones de dólares y una anualidad de 250,000. La ruta interoceánica estaba en Panamá, pero la capacidad para decidir las condiciones bajo las cuales sería utilizada se encontraba en Washington. En otros lugares cambió el producto, no necesariamente la lógica: en Centroamérica fueron los bananos, las grandes extensiones de tierra, los ferrocarriles y los puertos controlados por compañías cuya influencia desbordaba ampliamente sus balances comerciales. Honduras conoció muy bien aquella convivencia entre empresas extranjeras y poderes locales; en Guatemala, cuando la reforma agraria de Jacobo Árbenz afectó propiedades de United Fruit, una operación organizada por la CIA lo derrocó en 1954. No resulta extraño que esa historia terminara entrando en la literatura: la compañía bananera de Cien años de soledad nunca necesitó llamarse United Fruit para que los lectores reconocieran en Macondo un universo paralelo, hecho de trabajadores, enclaves, gobiernos, ferrocarriles y riquezas que tomaban caminos diferentes de aquellos por los que habían llegado.

Los dominicanos tampoco necesitábamos viajar hasta Macondo para entenderlo; en 1905 comenzó la receptoría estadounidense de nuestras aduanas, formalizada por la Convención Dominico-Americana de 1907; en 1916 las fuerzas de Estados Unidos invadieron el país por primera vez y establecieron un gobierno militar que permaneció hasta 1924. De la estructura castrense reorganizada durante aquella ocupación ascendería Rafael Leónidas Trujillo, quien terminaría convirtiendo durante tres décadas enormes porciones de la economía nacional en extensión de su propio patrimonio. El azúcar añadiría otra dimensión: en 1912 la South Porto Rico Sugar Company adquirió miles de acres en La Romana y comenzó allí una explotación que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores complejos azucareros de la región; Gulf + Western adquirió la compañía en 1967 y, desde aquella base, amplió sus intereses hacia otros sectores de la economía dominicana. Dos años antes, en 1965, tropas estadounidenses habían desembarcado nuevamente en Santo Domingo. Para nosotros, la relación entre riqueza, soberanía, capital extranjero y poder político nunca ha sido un ejercicio teórico.

Sería igualmente cómodo, sin embargo, contar esta historia como una sucesión de países indefensos despojados por una potencia extranjera. Las élites latinoamericanas participaron demasiadas veces del reparto, firmaron concesiones ruinosas, utilizaron los Estados como patrimonios particulares, acumularon fortunas y permitieron que la riqueza natural coexistiera con sociedades profundamente desiguales; Trujillo basta para recordar que no siempre hacía falta que el apropiador llegara de fuera.

Hubo momentos en que nuestros países modificaron aquella relación: México lo hizo en 1938, cuando Lázaro Cárdenas expropió los bienes de las compañías extranjeras que dominaban la industria petrolera; Chile recorrió un proceso que culminó en 1971, cuando su Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización de la gran minería del cobre, hasta entonces dominada por empresas como Anaconda y Kennecott. Panamá necesitó mucho más tiempo, pero los tratados Torrijos-Carter de 1977 iniciaron el camino que culminó el último día de 1999 con la transferencia completa del Canal. Nuestra historia no es, por tanto, solamente la de las riquezas que salieron de América Latina, sino también la de los esfuerzos, muchas veces costosos y tardíos, por recuperar capacidad para decidir sobre aquello que se poseía.

Galeano encontró para ese recorrido una imagen que ha sobrevivido incluso a las numerosas discusiones sobre su interpretación económica: por Las venas abiertas de América Latina circulan el oro, la plata, el azúcar, el caucho, el café, el cobre y el petróleo, distintos productos recorriendo caminos que con demasiada frecuencia se parecen. Howard Zinn propuso, desde la otra orilla, mirar la expansión de Estados Unidos no exclusivamente desde la nación que avanzaba, sino también desde los territorios y las poblaciones sobre los cuales aquel avance producía consecuencias. García Márquez hizo algo diferente: convirtió la repetición en literatura; en Macondo cada generación parecía destinada a encontrarse, bajo otros nombres, con acontecimientos que ya habían ocurrido.

Venezuela pertenece a esa genealogía, pero sería intelectualmente irresponsable comenzar su historia con Hugo Chávez. La democracia nacida después de 1958 produjo uno de los períodos de estabilidad política más prolongados de la región y el sistema de Punto Fijo tuvo méritos que no pueden borrarse; también fue agotando su legitimidad entre clientelismo, corrupción, deterioro económico, desigualdad y partidos que parecieron incapaces de comprender la distancia creciente que los separaba de parte de la sociedad. El Caracazo de 1989 dejó aquella fractura expuesta de la manera más violenta; Carlos Andrés Pérez, figura central de la democracia venezolana y presidente durante la nacionalización petrolera de 1976, acabaría separado del poder y condenado por malversación. Chávez no apareció en el vacío: primero intentó alcanzar el poder mediante las armas y, años después, llegó por los votos prometiendo acabar precisamente con el sistema que había perdido una parte sustancial de su autoridad moral, en medio de profundas desigualdades sociales; paradójicamente, se trataba de un país que había disfrutado de una riqueza petrolera y una estabilidad política excepcionales dentro de la región.

El chavismo construiría luego sus propias élites, concentraría el poder, debilitaría instituciones y conduciría una administración de la riqueza petrolera cuyos resultados terminarían agravando el deterioro económico del país; Maduro profundizó aquel proceso y las sanciones estadounidenses agravaron posteriormente una economía que ya arrastraba problemas severos. Reducir la tragedia venezolana al chavismo, sin embargo, serviría para absolver retrospectivamente a quienes habían preparado las condiciones de su aparición. Una élite desacreditada abrió el espacio para otra que prometió sustituirla; la nueva reprodujo algunos de los vicios que había denunciado, creó otros y terminó dejando al país todavía más debilitado. Ahí comienza a aparecer Macondo.

Porque Venezuela no fue siempre un país incapaz de negociar su petróleo; fue uno de los fundadores de la OPEP, nacionalizó su industria en 1976 y durante décadas tuvo suficiente capacidad política e institucional para discutir las condiciones bajo las cuales el mundo accedería a su principal recurso. Medio siglo después conserva bajo tierra una riqueza formidable y, sin embargo, llega a esta negociación desde una posición radicalmente distinta. Esa paradoja importa más que cualquier consigna: poseer una riqueza no equivale a tener poder sobre ella. Ese poder requiere instituciones, capital, tecnología, legitimidad, estabilidad, mercados y, acaso por encima de todo, la posibilidad real de levantarse de una mesa cuando las condiciones propuestas resultan inaceptables.

Canadá acaba de ofrecer, frente al mismo interlocutor, una demostración de lo que significa disponer de esa posibilidad: el 21 de agosto suspendió sus negociaciones comerciales con Washington al considerar que las nuevas condiciones propuestas por Estados Unidos eran injustas y económicamente inconvenientes; prefirió asumir el costo de nuevos aranceles antes que aceptar un acuerdo que juzgaba contrario a sus intereses. No se trata, naturalmente, de comparar situaciones económicas ni políticas equivalentes, sino de advertir la diferencia fundamental entre tener alternativas y carecer de ellas.

Tal vez por eso Macondo continúa resultándonos tan familiar; allí no estaba únicamente Colombia: estaban Panamá y Guatemala, Honduras y República Dominicana, México y Chile; estaba Venezuela y, de distintas maneras, estaba buena parte de nuestra historia. Cambian el oro, el azúcar, el banano, el cobre y el petróleo; cambian las empresas, los presidentes, las doctrinas y los tratados. Lo que América Latina ha tenido muchas más dificultades para cambiar es la distancia entre poseer la riqueza y disponer del poder necesario para negociar con ella.

García Márquez comprendió que la tragedia de Macondo no consistía solamente en que la historia estuviera escrita de antemano en los pergaminos de Melquíades, sino en que cada generación terminara encontrándose con ella bajo un nombre diferente. Esta vez no ha llegado una compañía bananera: son 17 campos petroleros y más de 65,000 millones de barriles. Tampoco estamos en Macondo, aunque la historia resulte conocida. El petróleo está en Venezuela; en alguna parte, sin embargo, parece que todavía seguimos esperando frente a aquella estación de ferrocarril.