La tarea de regular los alojamientos no hoteleros en nuestro país parece haberse convertido en una promesa difícil de cumplir. En julio del 2022, el gobierno anunció que iniciaría un plan para regular estas modalidades de hospedaje —apartamentos, villas y casas privadas rentadas a través de plataformas en línea como Airbnb o Booking.com— con el fin de garantizar calidad y seguridad, además de evitar la competencia desleal que representan frente al sector hotelero formal.
Sin embargo, tres años después, aquella promesa continúa sin materializarse.
Los datos más recientes del Banco Central evidencian la urgencia de actuar: hasta octubre, el país había recibido 5,976,990 turistas, de los cuales 1,191,080, es decir, uno de cada cinco, se alojó en establecimientos no hoteleros. Este fenómeno, lejos de ser marginal, representa ya un segmento de mercado real, dinámico y en crecimiento que opera sin ningún tipo de regulación.
Ese vacío normativo no es un detalle sin importancia; constituye un riesgo estructural para nuestro país, que goza el privilegio de ser el destino turístico más exitoso del Caribe.
La expansión acelerada de alojamientos turísticos alternativos plantea interrogantes esenciales: ¿Cómo se garantiza la seguridad del huésped? ¿Quién vela por estándares mínimos de calidad? ¿Cómo se asegura el cumplimiento fiscal?
Mientras en nuestro país seguimos discutiendo la conveniencia de regular, países competidores han avanzado con pasos firmes.
Sabemos que los hoteles y cadenas hoteleras establecidas en el país invierten en infraestructura, seguridad, mantenimiento, formación del personal, medidas ambientales, seguros, impuestos y estándares internacionales. Los alojamientos no regulados no asumen esos costos, pero compiten en el mismo mercado.
Permitir que este sector continúe operando sin un marco regulatorio claro implica múltiples riesgos.
La ausencia de regulación implica que miles de unidades no declaren correctamente sus ingresos, generando pérdidas sustanciales para el Estado, que deja de percibir recursos esenciales para seguridad, infraestructura turística y servicios públicos.
Sin estándares ni supervisión, proliferan unidades sin controles sanitarios, sin medidas de seguridad y sin garantías mínimas para el huésped. Un incidente grave en un alojamiento no regulado afectaría al destino completo, no solo al propietario.
Sin regulación, los alquileres turísticos encarecen la vivienda, desplazan a residentes, saturan barrios residenciales y generan gentrificación, como ha ocurrido en Barcelona, Lisboa o Ciudad de México.
Regular no es limitar. Es ordenar. Es proteger.
Mientras en nuestro país seguimos discutiendo la conveniencia de regular, países competidores han avanzado con pasos firmes.
México ha logrado dar pasos certeros para la regulación de este tipo de alojamiento. El pasado año 2024 se aprobó una reforma a la ley de turismo que regula el alquiler a corto plazo y se creó un Padrón de Anfitriones obligatorio, así como un registro de plataformas tecnológicas que operan intermediando este tipo de alojamientos.
Además, la norma fija un tope: las propiedades podrán ser alquiladas como alojamiento turístico solo hasta un máximo de 180 noches al año (es decir, 50% del año). Quienes excedan ese límite deben esperar un año completo para volver a operar.
La justificación oficial apunta a equilibrar la competencia con hoteles tradicionales, evitar efectos negativos sobre vivienda local y proteger comunidades residenciales.
Es necesario señalar que esta regulación ha generado polémica: las plataformas han alegado que restricciones tan severas pueden perjudicar a pequeños anfitriones y no redundar necesariamente en mayores oportunidades de vivienda a largo plazo.
En España, a partir del 1 de julio de este año, entró en vigor un sistema de Registro Único de Alquiler Turístico y de Temporada. Toda vivienda destinada a alquiler vacacional debe estar inscrita y obtener un Número de Registro de Alquiler (NRA) antes de poder publicarse en plataformas de reservas.
El sistema busca combatir la oferta ilegal, garantizar estándares mínimos de calidad y seguridad, proteger a los huéspedes, controlar precios, facilitar tributación correcta y evitar competencia desleal frente a alojamientos regulados.
A su vez, se han reforzado derechos de las comunidades de vecinos: desde abril de 2025, dichas comunidades pueden prohibir nuevos alquileres turísticos en sus edificios mediante votación (mayoría simple de 60 %). Incluso pueden imponer recargos en los gastos comunes si un propietario decide operar como alquiler turístico.
Estas medidas pretenden ordenar la oferta turística, preservar la vivienda habitual, asegurar calidad y convivencia vecinal, y ofrecer mayor transparencia al mercado.
En los dos ejemplos, Ciudad de México y España, se aprecia una tendencia clara: regular la oferta extrahotelera, establecer límites, registros obligatorios, control de calidad, requisitos de seguridad, obligaciones fiscales y mecanismos de supervisión.
Nuestro país, profundamente dependiente del turismo, no puede darse el lujo de ignorar esta realidad. Regular no es una opción ideológica ni un capricho administrativo: es una necesidad económica, social y estratégica.
Si casi 20% de los visitantes del país se alojan en un sector sin supervisión, entonces la regulación dejó de ser deseable: se ha convertido en indispensable.
Los alojamientos alternativos no desaparecerán por ser regulados. Por el contrario, la regulación puede integrarlos de forma ordenada al ecosistema turístico dominicano, ofreciendo garantías al turista, ingresos justos al Estado, equidad al sector hotelero y estabilidad a las comunidades.
Lo que no podemos seguir permitiendo es que gran parte del alojamiento turístico de la nación funcione sin reglas, sin controles, sin responsabilidad y sin aportar de manera equivalente al desarrollo colectivo.
El turismo dominicano ha sido, y seguirá siendo, un motor de prosperidad. Pero su crecimiento debe apoyarse en bases sólidas, claras y justas. La regulación prometida en 2022 no puede seguir esperando.
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