En nuestro país, los cambios de ministros suelen venir acompañados de movimientos de personal que van mucho más allá de los puestos de confianza. Llegan nuevos equipos, se desplazan funcionarios, se interrumpen proyectos y, a veces, se comienza de nuevo lo que ya estaba encaminado. Si un ministro pasa a otra institución, puede llevarse consigo parte de su equipo, mientras otra cohorte ocupa los puestos que quedaron vacantes. Como si cada ministerio fuera una propiedad que se entrega con derecho a cambiar los muebles y buena parte de sus ocupantes.

No se trata de negar a un ministro el derecho a escoger colaboradores de confianza. El problema surge cuando la lealtad personal o las necesidades partidarias pesan más que la experiencia y la competencia. Cada sustitución tiene un costo que rara vez se calcula: tiempo perdido, conocimientos desaprovechados, proyectos abandonados y una memoria institucional que se debilita. Todo eso, también, lo pagamos entre todos.

A esta inestabilidad se añade la prepotencia de ciertos funcionarios. Hay quienes parecen experimentar una transformación apenas reciben su nombramiento. El título adquiere una importancia desmesurada, las opiniones ajenas pierden valor y cualquier desacuerdo puede interpretarse como una falta de respeto. Cuanto más importante se considera un dirigente, más fácilmente olvida que la importancia corresponde a la función y no a su persona. El cargo le ha sido confiado temporalmente, pero se comporta como si fuera una distinción personal, casi un título nobiliario.

De ahí esas pequeñas batallas por el protagonismo que acompañan tantas actividades oficiales. Quién preside, quién representa, quién habla primero, quién aparece en la fotografía.

Las reuniones internacionales ofrecen a veces un espectáculo revelador: mientras se debaten problemas de los que puede depender el futuro de la humanidad, algunos representantes siguen enfrascados en pequeñas luchas de ego y jerarquía. Da hasta inquietud que quienes se reúnen para afrontar desafíos de semejante magnitud no logren superar sus propias pequeñeces.

Pero sería injusto meter a todos los funcionarios en el mismo saco. Hay servidores públicos que conocen profundamente sus instituciones, trabajan con rigor y entienden que su responsabilidad es con el Estado, no con la persona que ocupa temporalmente el despacho principal. No necesitan recordar a cada paso el cargo que desempeñan ni rodearse de personas que les den siempre la razón. Su autoridad nace de su competencia y del respeto que inspiran.

Son ellos quienes garantizan la continuidad de las instituciones, conservan la experiencia acumulada y permiten que los proyectos sobrevivan a los cambios políticos.  Mientras unos se preocupan por ocupar el primer plano, otros se ocupan de que las cosas funcionen.

La Ley de Función Pública reconoce la carrera administrativa y establece principios de profesionalización y estabilidad. Pero tampoco bastan las leyes. Hace falta una formación ciudadana que nos enseñe, desde la escuela, qué significa lo público, a quién pertenecen las instituciones y qué responsabilidades asumen quienes las dirigen. La expresión «servidor público» no debería ser una fórmula vacía. Encierra una idea sencilla: el funcionario está al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio del funcionario.

Quien asume un cargo público no llega a una institución para estrenarla. Llega para asumir una responsabilidad temporal, continuar lo que funciona, corregir lo que no funciona y dejar, si es posible, algo mejor de lo que encontró.

Los gobiernos pasan, sus dirigentes también. El Estado, en cambio, permanece. Su fortaleza  se mide por la calidad de sus instituciones y de quienes las hacen funcionar.

Elisabeth de Puig

Abogada

Soy dominicana por matrimonio, radicada en Santo Domingo desde el año 1972. Realicé estudios de derecho en Pantheon Assas- Paris1 y he trabajado en organismos internacionales y Relaciones Públicas. Desde hace 16 años me dedicó a la Fundación Abriendo Camino, que trabaja a favor de la niñez desfavorecida de Villas Agrícolas.

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