El eco de la ausencia: la urgencia de articular la búsqueda

Recientemente más de 50 mil personas se lanzaron a las calles de Culiacán de Sinaloa, México bajo el reclamo: “Sinaloa, ponte de pie”. Se dice que es la marcha más multitudinaria que se haya visto en ese estado mexicano pidiendo una sola cosa: Paz y Justicia.

A finales de agosto y principio de septiembre del año pasado una multitud de personas en Yakarta, Indonesia, se lanzó a las calles, quemando incluso las sedes parlamentarias, indignadas por los fuertes incrementos en los subsidios y sueldos de los legisladores.

Hace apenas dos semanas el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, organizó un panel reflexivo tras la presentación del “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones Involuntarias en la República Dominicana”. Un estudio multidimensional que se hizo para evaluar la respuesta de los organismos del Estado frente a este gran problema.

El estudio fue realizado y presentado por su investigador principal, Gustavo Oliva Álvarez, y el panel estuvo integrado por Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, Julio Valeirón, profesor titular de INTEC, la diputada Liz Mieses e Indiana Castillo, coordinadora interinstitucional de Alertas RD.

En sus palabras introductorias el Defensor del Pueblo señaló: “la desaparición de una persona transciende el ámbito administrativo y compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral”. Asimismo, Ulloa destacó:

“La carga de la búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda, movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan seguimiento a las autoridades”.

Tal y como él señaló ratificado por cada uno de los panelistas, el problema “no puede abordarse exclusivamente como un asunto policial”, pues la secuela de consecuencias que acarrea involucra cuestiones de derechos fundamentales, salud mental, protección y seguridad social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, responsabilidad pública, como a la justicia.

Todos estos aspectos en su conjunto involucran un sinnúmero de instituciones gubernamentales que deben coordinarse, poner sus capacidades al servicio y ofrecer las informaciones necesarias y precisas, oportunas, sostenidas y verificables, a fin de responder con transparencia a la sociedad, pero, sobre todo, a las familias afectadas.

Los familiares de la persona desaparecida, aferrándose a la vida, viven una situación dolorosa que impacta de manera profunda su estabilidad emocional que no encuentra sosiego mientras los días transcurren y no cuentan con informaciones precisas de los organismos del Estado que están para ello.

Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando veamos algunas cifras importantes entre los años 2018 al 2026: de las 4,171 personas desaparecidas y registradas, 3,398 fueron encontradas con vida, pero 532, por el contrario, fueron halladas muertas. 241 continúan sin resolver. Cerca de la mitad menores de 40 años.

¿Dónde está? ¿Qué ha sido de él o de ella? ¿Sigue con vida? Es la pregunta, generalmente sin respuesta, que late en la conciencia de cada uno de sus parientes y personas amigas. Estas desapariciones sin respuestas claras y precisas se constituyen en una deuda invisible que no parece saldarse nunca: el eco de la ausencia, que no parece tener fin.

Aunque se valoró de forma positiva la Ley 25-26 sobre la Alerta Nacional de Búsqueda, mejor conocida como “Alerta RD”, se advirtió que emitir una alerta de desaparición es solo el comienzo del protocolo y, por supuesto, no el final de la labor del Estado. Se hace necesario según planteó Ulloa:

“Una política integral que contemple responsabilidades claramente definidas, protocolos comunes, intercambio oportuno de información, capacidades tecnológicas y forenses, acompañamiento psicosocial de las familias y allegados, y canales permanentes de comunicación con las familias”.

A las desapariciones involuntarias se suman como una cadena la ideación suicida en adolescentes, la ineficiencia e ineficacia del sistema educativo, que no solo enseña poco, sino que excluye a muchos jóvenes que ni estudian ni cuentan con un trabajo digno. Son situaciones que atentan contra la paz y la justicia de manera permanente.

No basta con que el país mantenga una economía que muestra años tras años un importante crecimiento de su producto interno bruto, como que seamos testigos de la construcción de grandes torres y centro comerciales, sistemas de transporte y carreteras, si una gran parte de la población aún vive en la incertidumbre de su vida y la pobreza.

Lo que aconteció en Yakarta y Culiacán, al final de cuentas, no es más que un recordatorio de lo que ocurre cuando las sociedades rebasan su límite de tolerancia ante la impunidad, la injusticia, la exclusión y el bienestar de su población. Vivir en paz es un derecho fundamental de todos; una razón ética para quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas, haciendo lo que les obliga sus funciones.

Como hemos planteado en entregas anteriores son estos y muchos otros problemas los principales atentados contra la democracia que decimos vivir. No hay excusas que valgan la pena argumentar cuando se trata del bienestar y de la vida de todos los ciudadanos, que son la razón de ser de quienes ostentan las funciones públicas.