El abismo entre el discurso y los hechos

A pesar de los múltiples discursos institucionales, promesas de campaña y compromisos internacionales, en América Latina y el Caribe —y de manera especial en la República Dominicana— persiste una profunda disonancia entre lo que se afirma y lo que efectivamente ocurre en materia de salud, seguridad social y protección de los derechos fundamentales. En el año 2025, este desfase entre el discurso y los hechos no solo compromete la credibilidad del sistema, sino que también vulnera los cimientos de la cohesión social, la equidad y el desarrollo humano.

La República Dominicana declara haber alcanzado cobertura universal de aseguramiento en salud mediante el Seguro Familiar de Salud (SFS), con más de 10.8 millones de personas afiliadas. No obstante, esta cobertura formal no se traduce en una verdadera protección financiera. De hecho, el gasto de bolsillo de los hogares dominicanos ascendió a RD$181,428 millones (US$3,240 millones) en 2022, equivalente al 2.9% del PIB nacional. Este nivel de gasto es una de las principales fuentes de empobrecimiento secundario, afectando desproporcionadamente a los quintiles más bajos. La mayor parte de este gasto no se destina a tecnología de punta ni a hospitalizaciones complejas, sino a copagos arbitrarios, medicamentos ambulatorios, estudios diagnósticos y urgencias, muchas veces sin recibo ni regulación tributaria alguna.

El sistema de aseguramiento, en lugar de servir como mecanismo redistributivo y protector, ha terminado capturado por intereses corporativos y gremiales, incluyendo a las propias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), prestadores privados, grupos médicos y actores públicos que operan bajo una lógica de intermediación y fragmentación. La estructura tarifaria favorece el sobreconsumo de servicios, la subvaloración del primer nivel de atención y la concentración de recursos en atenciones curativas, dejando rezagadas las inversiones en prevención, promoción de la salud y atención integral en salud mental. A pesar de los avances en la formalización de la cobertura, persiste la informalidad laboral —que afecta al 45.5% de la población ocupada—, lo que dificulta la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

Desde la perspectiva macroeconómica, la inversión pública en salud continúa siendo insuficiente. En 2023, el gasto público en salud en República Dominicana representó apenas el 3.29% del PIB, muy por debajo del mínimo recomendado del 6% por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En contraste, países como Uruguay o Costa Rica ya superan ese umbral desde hace más de una década, logrando mejores indicadores de salud poblacional. En términos per cápita, la inversión estatal es apenas una fracción de lo que invierten naciones con estructuras sanitarias más equitativas y funcionales.

En el ámbito farmacéutico, el acceso a medicamentos esenciales sigue siendo uno de los talones de Aquiles del sistema. Aunque PROMESE/CAL reporta una distribución anual cercana a los RD$3,000 millones en medicamentos subsidiados, el gasto privado en este rubro asciende a más de US$400 millones anuales, representando el 30-40% del total del gasto de bolsillo. Esto refleja una fuerte dependencia del mercado, escasa regulación efectiva de precios y débil presencia de políticas de uso racional del medicamento. La incorporación de tecnologías sanitarias de alto costo sin criterios explícitos de costo-efectividad —como lo exige un sistema basado en la equidad— distorsiona la asignación eficiente de los recursos.

La infraestructura hospitalaria, por su parte, presenta un rezago importante tanto en cantidad como en calidad. En zonas rurales, los hospitales no cuentan con personal médico suficiente ni con los equipos requeridos para brindar una atención integral. En el Gran Santo Domingo, centros de tercer nivel están saturados por demandas que podrían resolverse en un primer nivel fortalecido, pero este último continúa subfinanciado, desarticulado y con escasa autonomía de gestión. Aunque se han realizado esfuerzos de modernización, incluyendo hospitales públicos dotados con equipos de última generación, estos avances no han logrado cerrar las brechas territoriales ni garantizar continuidad del cuidado.

La situación se agrava al considerar los determinantes sociales de la salud. En 2023, el 23.0% de la población dominicana vivía bajo la línea de pobreza monetaria, y el 13.6% se encontraba en pobreza extrema. La inseguridad alimentaria, la vivienda inadecuada y el bajo nivel educativo de amplios sectores de la población limitan severamente la eficacia de cualquier política de salud que no sea intersectorial ni que vincule salud, empleo, nutrición, educación y medio ambiente. A esto se suma una inversión aún tímida en capital humano para el sector salud: no se ha logrado cubrir las brechas de personal en comunidades marginadas, y los programas de formación siguen desvinculados de las reales necesidades del sistema.

A nivel regional, la situación de la República Dominicana no es una excepción. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que la región enfrenta una “crisis silenciosa” en salud, con sistemas profundamente segmentados, ineficientes, y fuertemente mercantilizados. A pesar de una aparente recuperación económica pospandemia, el gasto público social no ha crecido al ritmo de las necesidades sanitarias acumuladas. Muchos países de la región han reducido su gasto sanitario como porcentaje del PIB con respecto al año 2020, en una peligrosa apuesta por la austeridad en sectores vitales.

Si se quiere realmente cerrar el abismo entre el discurso y los hechos, será necesario transitar hacia un nuevo modelo de salud y protección social que articule la garantía de derechos con la sostenibilidad financiera, la equidad territorial y la eficiencia institucional. Esto implica reformas profundas, entre ellas: el rediseño del sistema de pago por servicios, la transformación del modelo de atención, una ley de medicamentos basada en evidencia y transparencia, la profesionalización de la rectoría pública y la inversión decidida en el primer nivel de atención como columna vertebral del sistema.

En última instancia, no se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. La salud debe dejar de ser vista como un gasto y asumirse como inversión en capital humano, base de la productividad nacional, del desarrollo sostenible y del pacto de dignidad entre el Estado y su ciudadanía.

Referencias

Banco Central de la República Dominicana. (2023). Informe Económico Anual 2022-2023. Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana.

https://www.bancentral.gov.do

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? (LC/FDS.8/3). Santiago de Chile: CEPAL. https://www.cepal.org

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). (2024). Informe de Ejecución Presupuestaria del Sector Salud 2023. Santo Domingo: Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. https://www.digepres.gob.do

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2024). Panorama social de la República Dominicana 2023. Santo Domingo: MEPyD.

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2023). La salud universal en América Latina y el Caribe: avances, desafíos y propuestas. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org

Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL). (2024). Memoria Institucional 2023. Santo Domingo: PROMESE/CAL. https://promesecal.gob.do

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). (2024). Informe Estadístico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2023. Santo Domingo: SISALRIL. https://www.sisalril.gob.do

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). (2024). Boletín de Indicadores de Pobreza Monetaria 2023. Santo Domingo: SIUBEN. https://siuben.gob.do