Durante los días 3 y 6 de noviembre de 2025, el Consejo Económico y Social (CES) convocó dos talleres nacionales para analizar el informe “Diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014–2030)”, elaborado por la economista Magdalena Lizardo.
Este documento ofrece una evaluación rigurosa de los avances, estancamientos y desafíos en la ejecución del Pacto Educativo suscrito en 2014, que comprometió al Estado, la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales en un esfuerzo conjunto por transformar la educación dominicana.
El informe llega en un momento clave: cuando se cumplen diez años de aquel compromiso y el país necesita decidir si la educación continuará avanzando sobre una base de aprendizaje institucional o volverá a los ciclos de improvisación que históricamente han frenado su progreso.
El informe documenta progresos tangibles en áreas estructurales. La cobertura educativa se amplió en todos los niveles, con un crecimiento notable en la educación inicial, la consolidación de la Jornada Escolar Extendida, la mejora de la infraestructura escolar y la expansión de los servicios del INAIPI. El cumplimiento sostenido del 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria ha permitido un nivel de inversión sin precedentes. También se observan avances en inclusión educativa, alfabetización y programas de apoyo social a la permanencia escolar.
Sin embargo, del análisis de la evaluación se desprende que el país ha expandido su sistema, pero no su capacidad de aprender de sí mismo. Detrás del aumento en cobertura y gasto, los resultados de aprendizaje continúan rezagados: las evaluaciones nacionales e internacionales —como las pruebas nacionales, las pruebas diagnósticas, PISA y ERCE— muestran déficits persistentes en lectura, matemáticas y ciencias. La profesionalización docente, a su vez, avanza con lentitud, y la gestión educativa sigue siendo centralizada, burocrática y débilmente articulada con los niveles regional y escolar.
Podemos decir, a partir de la evidencia aportada por el informe y por la documentaciòn que le sirve de referencia, que la República Dominicana ha construido un sistema educativo más grande, pero aún no un sistema educativo más inteligente. Ese diagnóstico es la clave de la renovación que hoy se discute: el país no necesita otro pacto para comenzar de nuevo, sino una nueva manera de aprender de lo ya hecho.
El diálogo convocado por el CES abre la posibilidad de proyectar el Pacto hacia un nuevo horizonte temporal: 2025–2034, en coherencia con el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034 aprobado por el Ministerio de Educación (MINERD). Esta sincronización de plazos no es un mero ajuste técnico: permitiría alinear la planificación del MINERD, el MESCyT y el INFOTEP, asegurando que los tres subsistemas —educación preuniversitaria, superior y técnico-profesional— trabajen bajo una visión de Estado compartida, evitando duplicidades, contradicciones y dispersión de esfuerzos.
Sin embargo, para renovar el Pacto no basta con cambiar las fechas o redactar nuevos compromisos. Para recorrer con éxito el trecho pendiente, el país necesita dotarse de una teoría del cambio: un marco estratégico que vincule la evidencia con la acción, defina cómo y por qué deben ocurrir los cambios, y garantice que las políticas funcionen como partes coherentes de un mismo sistema.
Una teoría del cambio, aplicada al Pacto Educativo, es mucho más que un documento técnico.
Es una brújula política y pedagógica que permite conectar los fines con los medios, ordenar las prioridades y aprender en el proceso de implementación. Ayuda a responder preguntas esenciales:
¿Qué debe cambiar primero para que los resultados mejoren? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que una política educativa funcione? ¿Cómo se mide y se corrige el avance hacia las metas?
En contextos complejos como el dominicano, donde las políticas suelen multiplicarse sin coordinación, la teoría del cambio cumple una función crítica: garantizar la coherencia entre las decisiones y los resultados. Permite pasar del diagnóstico a la acción, de los planes a la práctica, y de la administración de programas al aprendizaje institucional. En un sistema educativo que todavía carece de retroalimentación sistemática, esta herramienta se convierte en la llave para cerrar el ciclo entre evidencia, decisión y mejora continua.
Desde el CIEDHUMANO-PUCMM estamos trabajando en una propuesta de Teoría del Cambio para el Pacto Educativo Renovado (2025–2034), que presentaremos oportunamente, primero a las organizaciones de la sociedad civil integradas en el Pacto, como el ForoSocioeducativo e IDEC, para onsensuar una visión que podamos aportar a la Asamblea del CES. Las reflexiones se orientan, hasta este momento, en ver como pasamos de un sistema que administra políticas a un sistema que aprende de sus resultados. Hasta el momento la reflexiòn se estructura en cuatro ejes interdependientes, que ha medida que avance la reflexiòn y la consulta de los demas actores puede variar,:
- Coherencia sistémica entre currículo, enseñanza y evaluación;
- Empoderamiento del centro educativo como unidad de cambio y aprendizaje;
- Articulación interinstitucional entre los tres subsistemas educativos; y
- Ética evaluativa como principio de transparencia, rendición de cuentas y mejora continua.
Estos ejes, acompañados de condiciones transversales —despolitización, gobernanza adaptativa, cultura de evidencia y participación social— constituyen la arquitectura conceptual de un sistema educativo que no solo crece, sino que aprende a aprender.
A la par de los avances logrados, uno de los mayores riesgos que enfrenta la renovación del Pacto es volver a la lógica de la fragmentación, es decir, pretender concentrar los esfuerzos nacionales en uno o dos programas emblemáticos, relegando todo lo demás. Esa tentación ha sido recurrente en la historia educativa dominicana: en cada período se elige un programa “estrella” —la Jornada Extendida, la alfabetización, las tablets, la infraestructura, la formación docente— y se concentra en él la mayor parte del capital político y financiero, como si fuera el motor exclusivo del cambio.
El resultado, una y otra vez, ha sido una reforma visible pero incompleta, incapaz de transformar el sistema en su conjunto. Las políticas aisladas producen efectos parciales, pero cuando no se articulan con las demás dimensiones —currículo, evaluación, carrera docente, gobernanza, financiamiento— terminan creando nuevos desequilibrios. En educación, no hay un único frente que pueda resolverlo todo: lo que existe es una red de interdependencias donde cada componente —la escuela, el maestro, el currículo, el liderazgo, la gestión— solo cobra sentido en relación con los demás.
El Pacto Nacional de 2014 nació precisamente para romper esa lógica de programas dispersos.
Su fuerza original radicó en haber propuesto una visión integral: desde la primera infancia hasta la educación superior; desde la formación docente hasta la cultura de evaluación; desde la equidad en el acceso hasta la pertinencia de los aprendizajes. Reducir esa visión a un puñado de iniciativas visibles pero inconexas sería una regresión peligrosa, una vuelta al pasado de reformas episódicas que comienzan con entusiasmo y terminan sin continuidad.
Una teoría del cambio protege al Pacto de ese riesgo porque mantiene viva la perspectiva sistémica. Permite comprender cómo cada acción se conecta con otras, cómo las políticas interactúan entre sí, y cómo los resultados en un área —por ejemplo, la formación docente— dependen de los avances simultáneos en otras, como la evaluación, la gestión escolar o la cultura institucional. En lugar de preguntar “¿qué programa vamos a impulsar?”, la teoría del cambio obliga a preguntarse “¿qué tipo de sistema estamos construyendo y cómo cada pieza contribuye a su coherencia interna?”.
El peligro de volver a una mirada fragmentada no es solo técnico; es también político.
Cada vez que un gobierno redefine sus prioridades sin continuidad con el ciclo anterior, se interrumpe el aprendizaje institucional, se pierde información acumulada y se desarticulan equipos y programas. La educación, como el conocimiento, se construye sobre lo que se aprende; no puede rehacerse cada cuatro años.
La experiencia de la última década demuestra que el país es capaz de generar políticas educativas ambiciosas, pero no siempre de convertirlas en aprendizajes duraderos. Ese es, precisamente, el papel de la teoría del cambio: transformar la gestión pública en un proceso de aprendizaje colectivo.
Adoptar esta perspectiva significa asumir que cada programa, cada evaluación y cada política generan conocimiento útil para el sistema, y que ese conocimiento debe ser sistematizado, compartido y utilizado para mejorar. Es pasar de la administración de proyectos a la gobernanza del aprendizaje: un modelo donde los ministerios, las regiones, los distritos y los centros educativos funcionan como partes de un mismo circuito de retroalimentación.
Cuando las políticas nacionales se traducen en prácticas locales, y las experiencias locales retroalimentan las políticas nacionales, el sistema se vuelve verdaderamente inteligente.
El modelo que desde CIEDHUMANO estamos comenzando a desarrollar, y que está en pañales, plantea precisamente eso: convertir el Pacto en un sistema que aprende, con centros educativos empoderados, liderazgo pedagógico fortalecido y evaluación ética. Una educación que mejora porque se observa, que se observa porque se evalúa, y que se evalúa porque quiere aprender.
La renovación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa debe entenderse como una segunda generación de compromisos, no como una repetición del acuerdo original.
El país ya superó la fase de expansión: ahora necesita una fase de consolidación cualitativa, donde la prioridad no sea solo construir más aulas o contratar más docentes, sino elevar el sentido, la coherencia y la calidad del aprendizaje.
El CES ha cumplido su función al convocar la reflexión y promover la rendición de cuentas.
Corresponde ahora al Estado —a través del MINERD, el MESCyT y el INFOTEP— dar el siguiente paso: traducir la evaluación en transformación, alineando sus planes estratégicos y presupuestos al horizonte 2034 y construyendo una visión de país en torno a la educación.
Pero para que ese propósito se cumpla, es indispensable no caer en dos trampas:
- La trampa del inmediatismo, que busca resultados rápidos a costa de la coherencia, y
- La trampa del reduccionismo, que confunde la política educativa con un solo programa visible.
El camino que tenemos por delante exige mirada de largo plazo, consistencia técnica y liderazgo ético. La teoría del cambio no sustituye la voluntad política, pero la orienta; no reemplaza la acción, pero la encauza. Es el instrumento que permite que cada paso tenga dirección, cada decisión tenga fundamento y cada logro se traduzca en aprendizaje institucional.
A diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el balance no debe ser de agotamiento, sino de aprendizaje. El país cuenta hoy con información, recursos y consensos como nunca antes.
Lo que falta no es voluntad, sino una brújula que asegure coherencia y continuidad.
Esa brújula puede ser, a nuestro entender, una sólida y coherente teoría del cambio que sirva de base al pacto renovado: el marco que conecta la visión con la práctica, el compromiso con la acción y las políticas con los resultados. Solo con ella será posible evitar que el “Pacto Renovado” se diluya en programas aislados o en promesas coyunturales, y lograr que la educación dominicana avance hacia un modelo verdaderamente integrado, equitativo y sostenible.
Renovar el Pacto es, en definitiva, renovar la esperanza en la educación dominicana: no como promesa abstracta, sino como camino verificable hacia una escuela que enseña mejor, un Estado que aprende de su experiencia y una sociedad que confía en el poder transformador del conocimiento.
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