Del diagnóstico a una agenda regional

Durante décadas, América Latina y el Caribe han producido diagnósticos cada vez más sofisticados sobre los problemas estructurales de su sistema de ciencia y tecnología. Disponemos de más datos, más estudios, más indicadores y más capacidades analíticas que en cualquier otro momento de nuestra historia. Sin embargo, persiste una sensación inquietante: conocemos cada vez mejor los desafíos, pero seguimos teniendo dificultades para transformarlos en políticas sostenidas y resultados duraderos.

El diagnóstico de una enfermedad crónica que no se acompaña de la cura correspondiente corre el riesgo de ser, más que un diagnóstico, una autopsia adelantada. Describe con precisión el problema, identifica sus causas y anticipa su evolución, pero no logra modificar el desenlace. La imagen puede parecer dura, pero es útil para comprender una realidad que volvió a aparecer con fuerza en dos debates recientes organizados por la CEPAL y por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), este último en colaboración con los gobiernos de Colombia y Jamaica, a los cuales asistí virtualmente.

Los dos encuentros abordaron temas diferentes: Pensar el futuro en CTI: Fundamentos de la prospectiva y la vigilancia tecnológica, organizado por la CEPAL, y Fortalecimiento de la cooperación científica regional para la soberanía del conocimiento climático y la resiliencia en las Américas y el Caribe, organizado por el IAI.

A pesar de esas diferencias y de la aparente especificidad del segundo, ambos debates compartieron un hilo común: la preocupación por la brecha entre diagnóstico y acción, entre la producción de conocimiento y la capacidad de convertir ese conocimiento en decisiones estratégicas, programas permanentes y acciones coordinadas a escala regional.

En el encuentro de la CEPAL, parte de una serie dedicada a la prospectiva y la vigilancia estratégica para las políticas científicas, se discutió la importancia de anticipar tendencias tecnológicas, identificar riesgos emergentes y construir capacidades de planificación de largo plazo. El debate puso de manifiesto una realidad conocida: la región sigue prisionera de ciclos políticos y presupuestarios breves que dificultan abordar desafíos cuya naturaleza es necesariamente intergeneracional.

Por su parte, el encuentro promovido por el IAI abordó la cooperación regional como herramienta para enfrentar desafíos compartidos. Aunque la discusión se desarrolló en torno a cuestiones ambientales y climáticas, centradas en temas concretos, el estudio del caso del huracán Melisa y la perspectiva de un Super Niño el año entrante, las conclusiones trascienden ampliamente ese ámbito.

Lo que se destacó fue una pregunta mucho más amplia: ¿cómo construir mecanismos regionales capaces de transformar conocimiento científico en capacidad efectiva de acción?

Las respuestas apuntaron reiteradamente hacia un mismo problema. América Latina y el Caribe no carecen de diagnósticos, pero enfrentan la incapacidad de traducir evidencia en políticas duraderas.

Las causas son bien conocidas. La financiación suele depender de proyectos puntuales y temporales más que de programas permanentes. Los cambios de gobierno alteran prioridades y debilitan procesos de largo plazo. La investigación científica se evalúa frecuentemente por su potencial impacto social, pero los mecanismos que deberían conectar el conocimiento con la formulación de políticas públicas siguen siendo débiles. A ello se suma una limitada cultura de prospectiva dentro de muchas estructuras gubernamentales, donde la urgencia cotidiana desplaza sistemáticamente la planificación estratégica.

Esta debilidad contrasta con la experiencia de muchos países desarrollados, donde la prospectiva tecnológica y estratégica forma parte de estructuras institucionales permanentes. No se trata simplemente de realizar estudios sobre el futuro, sino de disponer de organismos capaces de analizar tendencias, anticipar riesgos y orientar decisiones públicas de largo plazo. En América Latina existen algunos ejemplos relevantes, como el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE) de Brasil, que desde hace años desarrolla estudios de prospectiva científica, tecnológica y de innovación para apoyar la formulación de políticas públicas. Sin embargo, estas capacidades siguen siendo desiguales y no están suficientemente extendidas a nivel regional. En particular, en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la prospectiva estratégica no cuenta todavía con estructuras equivalentes dotadas de continuidad institucional y recursos propios.

Quizás uno de los aspectos más llamativos sea que estos problemas rara vez son exclusivamente nacionales. La gestión del agua, los riesgos naturales, la seguridad alimentaria, la transformación digital, las migraciones o la formación de capital humano son cuestiones que atraviesan fronteras. Sin embargo, las respuestas continúan organizándose principalmente dentro de marcos nacionales fragmentados.

El resultado es una paradoja recurrente. Los problemas son regionales, pero las soluciones siguen siendo concebidas y financiadas de manera aislada. Al respecto, quisiera recordar que no han faltado propuestas de grandes programas regionales de financiación. Es triste recordar que, hace diez años, el gobierno de Guatemala, a través de su vicepresidente Fuentes Soria, propuso la creación de un fondo centroamericano de ciencia y tecnología. Su valor era irrisorio: 25 o 50 millones de dólares, 1 o 2 por mil del PIB regional de la época. Diez años después sigue como una propuesta interesante (y olvidada). En ese lapso ocurrieron una pandemia, una crisis mundial del multilateralismo, varios cambios de gobierno en los países interesados, dos guerras de alcance mundial y, sobre todo, una transformación profunda del paradigma tecnológico impulsada por la inteligencia artificial.

Por supuesto, durante los debates surgieron reflexiones importantes sobre el papel de la inteligencia artificial. Existe una tendencia creciente a presentar estas tecnologías como una solución casi automática para los problemas de gobernanza y planificación. Sin embargo, la inteligencia artificial no sustituye la toma de decisiones. Puede acelerar análisis, identificar patrones y procesar grandes volúmenes de información, reducir costos, pero no garantiza por sí sola una mejora de los servicios ni de la calidad de vida. La IA no sustituye la voluntad política para transformar resultados en acción.

Es una herramienta del siglo XXI, pero la región corre el riesgo de querer utilizarla para gestionar estructuras institucionales diseñadas para un contexto completamente diferente. La aceleración tecnológica actual está modificando profundamente la velocidad de los procesos económicos, sociales y científicos. Sin embargo, muchos sistemas de gobernanza continúan operando con lógicas concebidas para un mundo mucho más lento y predecible.

Esta situación se refleja también en la formación de recursos humanos. Persisten debilidades en numerosos programas doctorales, limitadas oportunidades para jóvenes investigadores y una significativa fuga de talento hacia regiones que ofrecen mejores condiciones de desarrollo profesional.

La cooperación regional se invoca como solución, sin precisar su modalidad ni objetivos, y con frecuencia se presenta como un principio deseable más que como una arquitectura institucional concreta. A esto hay que agregar que la rápida aceleración de esas tecnologías impone mecanismos nuevos de actualización de la fuerza laboral y científica existente.

Frente a estos problemas, la cuestión fundamental no parece ser si se necesita más cooperación regional. La respuesta no puede ser que sí se necesita cooperación. Pero la verdadera pregunta es ¿para qué?

Una posible respuesta consiste en concentrarse en la construcción de capacidades e infraestructuras regionales en áreas estratégicas. No necesariamente grandes estructuras en todos los sectores, sino mecanismos compartidos capaces de generar economías de escala, continuidad institucional y capacidades técnicas que resultan difíciles de sostener individualmente para muchos países.

La experiencia internacional demuestra que las regiones que logran avances significativos en ciencia, tecnología e innovación suelen apoyarse en infraestructuras comunes, sistemas de financiamiento multinacionales y mecanismos permanentes de coordinación. La cooperación deja entonces de ser una declaración política para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo.

En este contexto, las discusiones sobre meteorología, observación ambiental o gestión de riesgos adquieren un significado más amplio. No son únicamente cuestiones técnicas. Constituyen ejemplos de cómo la capacidad de observación y análisis puede transformarse en una infraestructura crítica para el desarrollo.

Las diferencias entre numerosos países del Norte y del Sur global en materia de observación meteorológica ilustran claramente este problema. Mientras numerosas economías desarrolladas disponen de redes densas de estaciones, radares y sistemas de monitoreo mantenidos durante décadas, gran parte del mundo en desarrollo enfrenta limitaciones persistentes en infraestructura, continuidad de datos y capacidad de modelización. Los satélites han reducido parcialmente estas brechas, pero no eliminan la necesidad de observaciones locales ni de capacidades propias de procesamiento y análisis.

La enseñanza es más amplia que la propia meteorología. Sin capacidad para producir, organizar, interpretar y utilizar conocimiento estratégico, cualquier política pública termina dependiendo de información generada por otros actores. La cuestión es, por tanto, una cuestión de soberanía del conocimiento. La soberanía del conocimiento no significa autosuficiencia científica, sino capacidad de participar en la producción, interpretación y uso estratégico del conocimiento generado globalmente.

Los debates a que me refería sugieren que América Latina y el Caribe han llegado a un punto en el que los diagnósticos ya no son el principal desafío. Existe suficiente evidencia sobre los problemas estructurales que limitan el desarrollo regional. Lo que falta es la construcción de mecanismos estables que permitan actuar sobre ese conocimiento.

La región necesita menos declaraciones sobre cooperación y más instrumentos concretos para hacerla posible. Necesita menos proyectos aislados y más programas sostenidos. Necesita menos fragmentación institucional y más capacidades compartidas. Sobre todo, necesita una visión de largo plazo capaz de sobrevivir a los ciclos políticos y presupuestarios.

De lo contrario, seguiremos acumulando diagnósticos cada vez más precisos sobre problemas perfectamente conocidos, mientras las soluciones continúan desplazándose hacia un futuro que nunca termina de llegar.