Un fideicomiso internacional para transformar la respuesta a la crisis haitiana
El desafío que representan las pandillas armadas para la fuerza multinacional, el debilitamiento institucional y las dificultades para restablecer la seguridad han colocado a Haití ante una disyuntiva fundamental: limitar la respuesta internacional a combatir la violencia o aprovecharla para reconstruir las capacidades del Estado.
La participación de El Salvador, el apoyo estadounidense y los esfuerzos de otros países evidencian la dimensión internacional de la crisis. Sin embargo, la cuestión decisiva es ¿qué ocurrirá después de las operaciones militares y cómo impedir que las organizaciones criminales vuelvan a ocupar los espacios donde las instituciones han recuperado su autoridad?
No podemos ignorar que es necesario doblegar la resistencia de las bandas armadas para restablecer las condiciones mínimas que permitan hablar de institucionalidad, diálogo y reconstrucción democrática. Pero recuperar militarmente un territorio no equivale a reconstruir el Estado. Se necesitan autoridades capaces de garantizar la seguridad, tribunales que impartan justicia, servicios públicos funcionales y oportunidades económicas que reduzcan la reproducción de las estructuras criminales.
La República Dominicana participa en los esfuerzos internacionales y formalizó una contribución de diez millones de dólares para 2026, además de comprometer otros diez millones para 2027, al fondo fiduciario de las Naciones Unidas destinado a apoyar la Fuerza de Supresión de Bandas. Aportes que contribuyen a sostener las operaciones de seguridad.
Pero financiar la lucha contra las pandillas no equivale a financiar la reconstrucción integral del Estado haitiano. Esta diferencia constituye el fundamento de mi propuesta: establecer un fideicomiso internacional para la recuperación y el fortalecimiento institucional de Haití, con financiación plurianual, administración transparente, auditoría independiente y resultados verificables.
Sus recursos se destinarían a cinco prioridades: 1.- fortalecer la seguridad pública y la justicia; 2.- recuperar la administración pública y la capacidad fiscal; 3.- restablecer servicios esenciales e infraestructuras; 4.- promover la producción y el empleo; y 5.- atender a las poblaciones desplazadas y las comunidades afectadas por la violencia.
Cada desembolso estaría vinculado a programas definidos, presupuestos públicos, metas medibles y mecanismos independientes de rendición de cuentas.
La propuesta no parte de cero. Existen experiencias internacionales que permiten explorar fórmulas de financiación coordinada, aunque sus modelos deben adaptarse a las particularidades políticas, económicas y sociales de Haití.
El Fondo de Asociación para Somalia contribuyó a fortalecer las capacidades gubernamentales y administrativas. Por su parte, el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán coordinó recursos de múltiples donantes para respaldar prioridades nacionales y servicios esenciales.
Estos antecedentes no deben idealizarse ni trasladarse mecánicamente. Demuestran, sin embargo, que es posible coordinar aportes internacionales mediante prioridades comunes, supervisión y objetivos verificables.
La convocatoria tampoco debería limitarse a los Estados y organismos internacionales. Ha llegado el momento de invitar a las grandes fortunas privadas del mundo a contribuir a una iniciativa seria y creíble para reconstruir Haití.
Figuras como Bill Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg, MacKenzie Scott, Elon Musk y George Soros podrían ser invitadas a valorar su participación, directamente o mediante sus fundaciones y estructuras filantrópicas. No se trata de atribuirles compromisos que no han asumido, sino de abrir un espacio concreto para que el capital privado contribuya a una solución institucional de largo plazo.
La experiencia de Open Society Foundations, que anunció en 2024 una inversión de veinte millones de dólares para apoyar a la sociedad civil haitiana, constituye un precedente de movilización de recursos privados en favor de Haití.
Para que esta convocatoria resulte creíble, deben existir garantías de transparencia, auditoría independiente, participación haitiana y evaluación pública de resultados. Las grandes fortunas complementarían la responsabilidad de los Estados, dentro de una alianza capaz de combinar recursos públicos y privados para recuperar las instituciones, los servicios esenciales y las oportunidades económicas.
Antes de crear otra estructura financiera, habría que evaluar los instrumentos existentes en Haití y determinar si conviene establecer un fondo nuevo, complementar los actuales o coordinar sus esfuerzos y vincular los recursos con una estrategia efectiva de reconstrucción estatal.
El fideicomiso reuniría aportes de Estados, organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y participantes privados. Su administración podría confiarse a una institución multilateral con experiencia acreditada, bajo una gobernanza que garantice participación haitiana efectiva, supervisión independiente y controles contra la corrupción.
Los programas se ejecutarían por etapas, evaluando el funcionamiento de los tribunales, la recuperación de los servicios públicos, la presencia de las autoridades en los territorios recuperados y la capacidad estatal para recaudar ingresos y administrar recursos.
No se propone una tutela colonial ni la sustitución permanente de la soberanía haitiana. Se plantea una responsabilidad internacional compartida, con supervisión y cooperación transparentes, orientadas a fortalecer las capacidades nacionales hasta que las instituciones puedan ejercer plenamente sus funciones.
La República Dominicana tiene razones legítimas para promover esta iniciativa en los espacios regionales e internacionales. Su participación en la seguridad debe complementarse con una estrategia que permita a Haití recuperar su capacidad de gobernarse. La financiación de esa reconstrucción debe distribuirse entre los actores internacionales de acuerdo con sus capacidades y compromisos.
La seguridad, la justicia, la administración pública, los servicios esenciales y la recuperación económica deben avanzar coordinadamente. No es razonable esperar a que desaparezca toda la violencia para comenzar a reconstruir, ni confiar en que las operaciones militares puedan resolver por sí solas el colapso institucional.
El éxito internacional no debe medirse únicamente por los territorios recuperados o los efectivos desplegados, sino por la capacidad de las instituciones haitianas para garantizar la seguridad, impartir justicia y responder a las necesidades de su población.
Haití necesita fuerzas capaces de enfrentar a las pandillas armadas, pero también un Estado capaz de impedir que estas vuelvan a ocupar los espacios abandonados por instituciones debilitadas.
Ha llegado el momento de pasar de financiar las operaciones de seguridad militar a financiar la reconstrucción del Estado haitiano, mediante compromisos internacionales verificables, una gobernanza que respete la soberanía de Haití y un financiamiento vinculado a una estrategia nacional de desarrollo.
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