Cosas insólitas de República Dominicana

El castigo digital en un país desigual

Hay decisiones públicas en República Dominicana que uno no sabe si analizarlas seriamente… o admirarlas por su extraordinaria capacidad de producir caos organizado.

Uno de esos casos es el Centro de Retención Vehicular ParquéaT, ubicado nada menos que en la avenida 27 de Febrero, una de las vías más congestionadas, sensibles y caóticas del Distrito Nacional.

Y ahí surge una pregunta inevitable: ¿quién fue el genio?

Porque resulta verdaderamente insólito que una institución creada supuestamente para corregir el desorden vehicular termine provocando todavía más problemas de tránsito en una de las avenidas más transitadas del país.

El ciudadano llega acompañado de un familiar o amigo para retirar un vehículo retenido… y descubre que el lugar  no tiene estacionamientos para quienes acuden allí.

Entonces comienza el tradicional espectáculo dominicano: vehículos dando vueltas desesperadamente, conductores parqueándose donde pueden, tapones adicionales, personas detenidas esperando bajo el sol, choferes nerviosos y agentes observando el escenario como si aquello fuera perfectamente normal.

La contradicción es casi artística: el centro destinado a combatir el mal estacionamiento genera dificultades de estacionamiento.

Y todo ocurre frente a quienes tienen precisamente la responsabilidad de organizar el tránsito nacional.

Y la experiencia continúa apenas uno logra entrar al lugar.

Porque el acceso al Centro de Retención Vehicular ParquéaT se siente más parecido a la entrada de un lugar clandestino que a una dependencia pública organizada del Estado dominicano.

Una puerta estrecha, improvisación visible, desorientación y ciudadanos entrando con incertidumbre, como si estuvieran penetrando a un espacio provisional montado de emergencia y no a una institución oficial encargada de administrar procesos relacionados con el tránsito nacional.

Pero quizás lo más sorprendente ocurre al descubrir que gran parte de las oficinas funcionan dentro de un furgón de aproximadamente 40 pies, adaptado de manera precaria para recibir diariamente decenas de personas.

El resultado es un espacio incómodo, apretado, caluroso y poco ergonómico, donde empleados y ciudadanos parecen atrapados dentro de una escena burocrática improvisada.

Y en medio de esa tensión aparece otro problema todavía más delicado: el trato humano.

Porque muchos ciudadanos llegan allí no como delincuentes, ni como criminales peligrosos, sino simplemente como personas cuyos vehículos fueron retenidos —en muchos casos por estar mal estacionados— y que solo desean resolver la situación y continuar con sus vidas.

Sin embargo, la sensación que reciben algunos asistentes es completamente distinta.

A veces el trato parece transmitir la idea de que quienes acuden al lugar son enemigos de la Digesett, sospechosos permanentes o ciudadanos a quienes hay que humillar antes de atender.

Y ahí surge otra pregunta incómoda: ¿en qué momento recuperar un vehículo pasó de ser un procedimiento administrativo para convertirse en una experiencia de castigo emocional?

Porque una institución pública no debe limitarse únicamente a cobrar multas y retener vehículos. También tiene la obligación de ofrecer orientación, respeto y trato digno al ciudadano.

Especialmente cuando ese ciudadano, al final, es quien sostiene el propio Estado mediante impuestos, multas y servicios.

Pero la experiencia todavía puede ser más insólita.

Después de descubrir que la multa debe pagarse dividida entre un fideicomiso y la Digesett —como si el ciudadano estuviera realizando una transacción financiera internacional y no intentando recuperar su vehículo— llega otra sorpresa: no puede pagar directamente en ventanilla.

No. Debe hacerlo mediante transferencia bancaria.

Entonces surge una pregunta sencilla, pero profundamente humana: ¿todos los conductores dominicanos saben hacer transferencias bancarias?

Porque parecería que algunas instituciones públicas han decidido imaginar un país compuesto exclusivamente por ciudadanos digitalizados, bancarizados, con internet estable, teléfonos inteligentes modernos y dominio absoluto de aplicaciones financieras.

Mientras tanto, la realidad sigue llena de motoconchistas, choferes públicos, envejecientes y trabajadores humildes que apenas manejan un teléfono básico y que jamás han realizado una transferencia bancaria en su vida.

Pero el sistema, con admirable sensibilidad social, parece responderles: “Actualícese… o resuelva como pueda.”

El problema no es modernizar. Modernizar es necesario.

Lo absurdo comienza cuando la modernización se convierte en una elegante forma de exclusión disfrazada de eficiencia.

Porque en República Dominicana todavía existen oficinas públicas donde se exigen copias de copias, sellos, firmas inútiles, papeles que nadie lee y filas capaces de destruir la paciencia de cualquier ciudadano. Sin embargo, mágicamente, para ciertos cobros el Estado se transforma de repente en una plataforma financiera digital de última generación.

Es decir: para archivar documentos seguimos atrapados en el siglo pasado… pero para cobrar multas ya ingresamos oficialmente a Silicon Valley.

Y así, el conductor dominicano no solo enfrenta una multa de tránsito. También termina presentando un examen improvisado de banca electrónica, conectividad móvil y supervivencia burocrática avanzada.

Uno termina preguntándose: ¿la intención es educar al conductor… o someterlo a una prueba de resistencia psicológica?

Porque modernizar no significa complicar. Y organizar el tránsito no consiste únicamente en remolcar vehículos y cobrar multas, sino también en crear sistemas inteligentes, humanos y coherentes.

La prensa nacional debería darse una vuelta por el Centro de Retención Vehicular ParquéaT de la avenida 27 de Febrero y realizar un reportaje serio sobre lo que allí ocurre diariamente.

Porque más allá de las multas y los vehículos retenidos, lo que se vive en ese entorno retrata perfectamente muchas de las contradicciones del sistema público dominicano: desorganización disfrazada de modernización, caos generado por quienes deben organizarlo y ciudadanos sometidos a procesos cada vez más complicados y menos humanos.

Sería interesante ver cámaras grabando el verdadero espectáculo: vehículos sin dónde estacionarse para retirar otros vehículos mal estacionados; personas confundidas tratando de entender pagos divididos entre fideicomisos y Digesett; conductores obligados a realizar transferencias bancarias aunque muchos apenas dominan herramientas digitales básicas; tapones adicionales provocados precisamente por una institución creada para “mejorar” el tránsito.

Tal vez un reportaje periodístico ayudaría a responder preguntas simples que miles de ciudadanos se hacen: ¿Quién diseñó este modelo? ¿Pensaron realmente en la gente? ¿Existe algún criterio humano y práctico detrás del sistema? ¿O simplemente seguimos creando mecanismos donde el ciudadano siempre termina siendo el último en ser tomado en cuenta?

Porque a veces da la impresión de que en República Dominicana algunas instituciones no corrigen el caos: lo administran.

Y quizás ahí reside lo más insólito de todo.

Daniloginebra54@gmail.com