Conspiración y lucha interna en el PRD previo a la insurrección de abril

El proceso que condujo a la insurrección de abril de 1965 no solo estuvo marcado por la confrontación entre fuerzas golpistas y sectores constitucionalistas. También estuvo atravesado por una lucha interna dentro del propio Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde se enfrentaron dos líneas claramente diferenciadas: una firme, encabezada por el profesor Juan Bosch, y otra vacilante, inclinada a la conciliación con el régimen de facto.

Desde el primer momento, Bosch definió con claridad su línea táctica: el retorno a la constitucionalidad sin elecciones bajo el régimen impuesto por el golpe de Estado.

Sin embargo, ese planteamiento encontró un obstáculo inmediato dentro de su propio partido. Un sector de la dirección, encabezado por Antonio Martínez Francisco, entonces secretario general del PRD, comenzó a desviarse hacia posiciones claudicantes, buscando entendimientos con el Triunvirato y, en la práctica, legitimando sus planes electoralistas.

No se trataba de diferencias menores. Era una divergencia de fondo: mientras Bosch concebía la lucha como un proceso de restitución del orden constitucional mediante la movilización del pueblo y la conspiración militar, la línea que representaba Martínez Francisco apostaba a salidas negociadas que implicaban, en los hechos, aceptar las reglas impuestas por los golpistas.

Bosch no guardó silencio ante esa desviación. Por el contrario, la denunció con firmeza y dejó claramente establecida su posición en carta dirigida a Máximo Ares García el 3 de abril de 1964:

"El Partido Revolucionario Dominicano es parte de mi vida, pero antes que fundador, miembro y expresidente del partido, soy hijo de la tierra dominicana y parte viva de su pueblo. EL PARTIDO SE FUNDÓ PARA SERVIR AL PUEBLO, no para que el pueblo nos sirviera a nosotros, sus directores. De manera que en un conflicto entre la República y el Partido yo no dudaría un segundo: me pondría de parte de la República, de parte de la patria, y le pediría al pueblo que hiciera lo mismo. Ningún partido justifica su existencia si no está, en toda hora, al servicio de la patria". (Juan Bosch: entre el golpe de Estado y la Revolución, p. 73).

Esta declaración no era retórica. Era una línea política: colocar la causa nacional por encima de cualquier cálculo partidario. Precisamente lo contrario de lo que practicaba la corriente dirigida por Martínez Francisco desde la secretaría general.

Bosch denunció abiertamente esas prácticas:

"Algunos miembros del Comité Ejecutivo Provisional del PRD están actuando como los partidos derrotados en las elecciones y se dedican a visitar a los triunviros en el Palacio Nacional o en sus casas para negociar con ellos la solución de los problemas nacionales, o van a San Isidro a hablar con Elías Wessin y Wessin para pedirle un respaldo que ese jefe militar no puede dar de ninguna manera porque su vida entera está dedicada a los enemigos del pueblo, y sólo a ellos sirve". (Juan Bosch: entre el golpe de Estado y la Revolución, p. 73).

La gravedad de esta denuncia radica en que evidencia una conducta política que trascendía la simple vacilación: implicaba buscar legitimidad en los mismos actores que habían destruido el orden constitucional. Esa fue la política que impulsó Martínez Francisco como secretario general.

Bosch profundiza aún más su crítica al señalar la raíz de esa desviación:

"… Algunos líderes están pensando solo en sus posiciones dentro del partido y en los puestos que desean alcanzar fuera del partido". (Ibíd.).

Aquí queda expuesta la contradicción central: mientras una parte del liderazgo priorizaba intereses personales y cuotas de poder, Bosch insistía en una estrategia basada en principios y en la confianza en la lucha popular.

En ese contexto, el debate sobre la participación electoral adquiere un carácter decisivo. Bosch rechaza de manera categórica cualquier salida electoral bajo el régimen de facto:

"El PRD no es ni puede ser un partido organizado solo con fines electorales; mucho menos hoy, cuando no hay, ni están a la vista, condiciones para que haya en la República Dominicana una lucha electoral. No puede haber elecciones sin un estado de derecho que garantice a cada ciudadano sus libertades plenas, y no tenemos un estado de derecho, sino un gobierno de capricho, puesto de dedo, sin ninguna obligación y sin ninguna autoridad legal". (Ibíd., p. 74).

Esta posición desmonta de raíz la línea conciliadora que encarnaba Martínez Francisco: participar en elecciones bajo esas condiciones no era una salida democrática, sino una forma de legitimar la ruptura constitucional.

Bosch advierte, además, sobre la naturaleza del poder surgido del golpe:

"Esos miembros del Comité Ejecutivo Provisional tienen que saber que las minorías que tomaron el poder por asalto el 25 de septiembre del año pasado no van a entregar el poder mansamente, y como aprendieron la lección del 20 de diciembre de 1962, no van a permitir que el pueblo vote con la libertad con que lo hizo. Mientras estas minorías gobiernen a su capricho, sin Dios ni ley, pensar siquiera en elecciones es una inocentada". (Ibíd., p. 75).

A la luz de estas posiciones, queda claro que la lucha previa a abril de 1965 no fue únicamente contra el régimen de facto, sino también contra una línea interna que, con Antonio Martínez Francisco a la cabeza, por vacilación, cálculo o ambición, terminaba colocándose objetivamente del lado de los golpistas.

La posición claudicante buscaba un "arreglo" con el siguiente argumento: "Es necesario llegar a una fórmula con los militares… hacer un acuerdo también con ellos…" y delineaba ese acuerdo con el refrán: "Más vale un buen arreglo que un mal pleito". (Ibíd., p. 75).

Aquí no hay espacio para ambigüedades históricas. Quienes promovían salidas electorales bajo el Triunvirato, con el secretario general a la cabeza, no estaban abriendo un camino democrático: estaban contribuyendo a cerrar el único camino real, el de la restitución constitucional. No era prudencia política; era claudicación. No era realismo; era renuncia.

Y en los hechos, esa conducta tuvo consecuencias: debilitó la cohesión del campo constitucionalista, sembró confusión en sectores del pueblo y dio margen de maniobra a quienes habían roto el orden democrático.

Frente a esa línea, Juan Bosch se mantuvo firme. No negoció principios, no legitimó el golpe y no apostó a salidas ilusorias. Su posición fue clara: sin restablecimiento del Estado de derecho, hablar de elecciones era una farsa.

Por eso, la insurrección de abril de 1965 no puede entenderse solo como una reacción contra el golpe de 1963. Fue también la derrota histórica de la línea vacilante que encabezaba Martínez Francisco. Fue la confirmación, en los hechos, de que Bosch tenía razón: sin ruptura con el orden impuesto, no había salida democrática posible.

La historia, que a menudo tarda pero no falla, terminó colocando a cada quien en su lugar. Y dejó una lección que aún incomoda: en momentos decisivos, no todos los errores son inocentes; algunos terminan siendo funcionales al poder que dicen enfrentar.

Es lo que sucede ahora con una falsa narrativa en procura de distorsionar los hechos.

Nota:

"Martínez Francisco era el secretario general del PRD al estallar la revolución de abril de 1965. Fue un rico empresario, presidente de Antillas Motors, con fuertes vínculos con la embajada de Estados Unidos en el país, en razón de sus negocios".

Pág. 77. Juan Bosch: entre el golpe de Estado y la Revolución. Autor: Eliades Acosta Matos. Publicación de la Fundación Juan Bosch, 2025.