La historia de la Revolución de Abril de 1965 en la República Dominicana no puede comprenderse únicamente como un conflicto interno. Fue, en esencia, el escenario donde se puso en práctica una arquitectura de poder continental que convirtió la legalidad en instrumento y la soberanía en obstáculo. En ese engranaje, la participación de Brasil no fue un hecho secundario: fue un acto decisivo de legitimación política y diplomática de la intervención extranjera.

Lo ocurrido no fue solamente una invasión militar. Fue una intervención revestida de legalidad hemisférica. Primero se actuó militarmente y luego se construyó la cobertura jurídica y política desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tal como expone el doctor José Loreto Julián Castillo en su reciente obra Brasil y la intervención estadounidense de 1965 en República Dominicana, la intervención violó el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. Sin embargo, esa violación fue posteriormente maquillada y presentada como una acción colectiva en defensa de la paz y la democracia.

La OEA terminó funcionando como un mecanismo legitimador post facto. La ley no detuvo la agresión: sirvió para administrar y justificar. Ahí radica uno de los aspectos más importantes del análisis del doctor Loreto Julián: demostrar cómo el discurso jurídico y diplomático fue utilizado para encubrir una operación geopolítica dirigida fundamentalmente por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y de la doctrina anticomunista continental.

En ese contexto, la participación de Brasil adquiere una dimensión determinante. Al integrarse a la llamada Fuerza Interamericana de Paz, el gobierno brasileño no actuó como mediador ni como garante de soberanía. Actuó como factor de validación política de la ocupación militar. Su presencia otorgó apariencia multilateral y hemisférica a una intervención diseñada desde Washington, diluyó responsabilidades y transformó un acto de fuerza en una supuesta "acción colectiva" de América.

Pero ese comportamiento de Brasil no puede analizarse desligado de los acontecimientos ocurridos un año antes en ese país. En 1964 fue derrocado el gobierno democrático y nacionalista de João Goulart mediante un golpe militar apoyado por los Estados Unidos. La caída de Goulart abrió las puertas a una dictadura alineada plenamente con la estrategia continental de seguridad nacional impulsada por Washington. Fue ese Brasil surgido del golpe de Estado —y no el Brasil democrático anterior— el que terminó enviando tropas a Santo Domingo.

Si Goulart hubiese permanecido en el poder, difícilmente Brasil habría participado en la ocupación militar contra el pueblo dominicano. Todo indica que habría asumido una posición semejante a la de otros países latinoamericanos que, con distintos matices, mantuvieron reservas o expresaron desacuerdo frente a la intervención extranjera en la República Dominicana. La presencia brasileña en Santo Domingo fue, por tanto, consecuencia directa del cambio político producido por la ruptura del orden democrático en Brasil.

Los países que respaldaron activamente la invasión eran, precisamente, naciones gobernadas por regímenes autoritarios o profundamente subordinados a la política exterior estadounidense.

Allí estaban la Nicaragua de Somoza, el Paraguay de Stroessner, la Honduras controlada por los militares y el Brasil surgido de la dictadura de Castelo Branco. A ese cuadro se añadió una simbólica participación de Costa Rica mediante el envío de apenas veinte policías, una especie de "ñapa democrática" destinada a ofrecer una imagen menos abiertamente militarista de la operación.

El análisis del doctor Loreto Julián resulta contundente al mostrar el patrón político que se desarrollaba en América Latina durante aquellos años: invocación de grandes principios como democracia, libertad y estabilidad; utilización del pretexto de la seguridad nacional; y finalmente intervención directa o indirecta contra gobiernos reformistas, movimientos nacionalistas o procesos democráticos considerados incómodos para la hegemonía norteamericana.

No se trató de hechos aislados. Entre 1961 y 1963 se produjeron golpes de Estado contra gobiernos democráticos y fuerzas reformistas latinoamericanas acusadas de "comunistas" o "antinorteamericanas". Y entre 1962 y 1966 América Latina sufrió una cadena de nueve golpes de Estado. Ese dato revela la existencia de una política sistemática de contención y represión política continental.

La Revolución de Abril no fue una anomalía dentro de ese contexto. Fue una reacción patriótica y constitucionalista frente al golpe de Estado contra Juan Bosch y frente al intento de impedir el retorno de la legalidad democrática. Por eso las tropas que llegaron bajo el amparo de la OEA no actuaron como simples observadoras.

Entraron en combate y enfrentaron directamente a las fuerzas constitucionalistas encabezadas por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y los militares leales a la Constitución de 1963. Ahí emerge la contradicción histórica fundamental: se intervino en nombre de la democracia para derrotar a quienes luchaban precisamente por restaurarla.

La OEA, lejos de actuar como garante de soberanía y solución pacífica de los conflictos, evidenció su incapacidad para frenar la agresión y su funcionalidad frente al poder hegemónico norteamericano.

No fue un muro de contención contra la intervención; terminó siendo la cobertura diplomática de la misma.

La participación de Brasil en 1965 no puede interpretarse como neutral ni necesaria. Formó parte de un dispositivo continental que convirtió la legalidad en instrumento político, normalizó la intervención extranjera y reprimió procesos democráticos en América Latina. Y precisamente por eso el estudio realizado por el doctor José Loreto Julián Castillo posee tanta importancia historiográfica y política: porque rescata un aspecto muchas veces minimizado de la intervención de 1965 y demuestra cómo la ocupación militar no fue exclusivamente norteamericana, sino también el resultado de una articulación continental impulsada por gobiernos alineados con la doctrina anticomunista de la época.

Incluso resulta válido plantear una reflexión histórica adicional: si la Revolución de Abril encabezada por Bosch, Fernández Domínguez y Caamaño hubiese ocurrido diez años más tarde, en plena consolidación del Plan Cóndor y de las dictaduras militares del Cono Sur, probablemente la intervención extranjera habría contado también con la participación activa del Chile de Pinochet y de la Argentina controlada por las juntas militares. La Revolución de Abril ocurrió en un momento de transición continental, cuando todavía subsistían algunos espacios democráticos y corrientes nacionalistas que impedían una unanimidad absoluta alrededor de la política intervencionista de Washington.

La lista de países involucrados no constituye un simple detalle histórico. Es la evidencia concreta de un patrón de dominación regional. Y la República Dominicana fue uno de sus escenarios más dramáticos y heroicos.

Para el pentagonismo la democracia y la soberanía son obstáculos. Por eso terminan imponiendo, no el derecho, sino la fuerza disfrazada de legalidad.

Bibliografía:

José Loreto Julián Castillo. Brasil y la intervención estadounidense de 1965 en República Dominicana. Primera edición, INESDYC, República Dominicana, 2025.